Desde finales de los 80 -cuando la ola privatizadora propugnada por Margareth Thatcher y Ronald Reagan se encontraba en su cima-, Latinoamérica es la región donde se ha venido realizando la mayor cantidad de privatizaciones. Esto se debe a que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han impulsado políticas neoliberales, mediante los ajustes estructurales y los créditos condicionados.

Desde comienzos del siglo XX al petróleo se le denomina ‘oro negro’. A finales de siglo, el ex-vicepresidente del Banco Mundial declaró: “Las guerras del siglo XXI se librarán a causa del agua”, ya que el vital líquido es cada vez más un recurso escaso y lucrativo, convirtiéndose en un bien muy preciado en los mercados internacionales, por lo que ya se le empieza a conocer como el ‘oro azul’.

En Latinoamérica unos 80 millones de personas carecen de agua potable y la lucha por su posesión ya ha provocado violencia: por ejemplo, en Bolivia en el 2000, se desencadenó un conflicto que produjo una docena de muertos, 11 días de estado de sitio y grandes disturbios cuando Aguas del Tunari, una subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel, subió las tarifas en más del 50%.

En 1992 se efectuó en Dublín, Irlanda, la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, que introdujo el concepto de ‘gestión integrada de los recursos hídricos’, y aprobó cuatro principios para gestionarlos: 1) el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente; 2) el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles; 3) la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua; 4) el agua tiene un valor económico en los usos alternativos a que se puede destinar, y debería reconocérsele como un bien económico.

¿Qué implicaciones tiene considerar al agua como un bien económico? Basado en este principio, las catedráticas guatemaltecas Verónica Spross (directora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales) y Carroll Ríos de Rodríguez (directora del Centro de Estudios Económico-Sociales), promueven la privatización: “Siendo el agua un bien económico escaso y valioso, la asignación económica mediante derechos de propiedad claramente definidos es preferible a la asignación política y a la propiedad comunal”.

Considerar al agua como un bien económico permitió el inicio de la privatización del agua en América Latina, África y Asia. Antes de 1990 apenas hubo alguna privatización relevante; después se generalizó de forma creciente hasta 1997, cuando empezó su declive, coincidiendo con las crisis económicas asiática y latinoamericana. A partir de 2000, las multinacionales del agua enfrentan una creciente oposición a su actividad.

El mercado del agua está dominado por un pequeño número de empresas privadas que concentra más del 80% de la actividad. Llama la atención que algunas empresas públicas estén operando fuera de sus países de origen: Vitens (Holanda), Rand Water (Sudáfrica), Canal de Isabel II y Aguas de Bilbao (España) y EVN (Austria).

En el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional, se considera al agua “como un bien social y económico”. Se expresa que las aguas “son bienes de dominio Público del Estado”, pero se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento de las mismas, hasta por treinta años prorrogables. Es decir, el titular de la concesión puede usar y disponer de ella, como cualquier otro bien susceptible de apropiación privada y tiene una protección jurídica similar.

Al agua se le denomina como el ‘vital líquido’, ya que es indispensable para la vida, por lo que en la mayor parte de los países pertenece a todos los ciudadanos, que tienen libre acceso a ella. Si se aprueba este proyecto de ley, el ciudadano no podrá tener libre acceso al agua, y pudieran sobrevenir actos violentos como los acontecidos en otros países.

En 1998, el anterior gobierno PRD pretendió privatizar el IDAAN, pero el repudio popular lo impidió. Ahora intentan algo mucho peor: dar en concesión las fuentes de agua hasta por treinta años prorrogables. Los mismos que abogaron por la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones, y que ahora nos dicen que no pueden evitar que el precio de la electricidad aumente, están promoviendo estas concesiones. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: usted puede vivir sin las comodidades que el desarrollo científico-técnico ofrece (teléfono, TV, etc.), pero ¿podría sobrevivir sin agua?