En un mundo en el que se producen alimentos para el doble de personas que lo habitan, cerca de 900 millones de personas pasan hambre y están desnutridas. Y tres de cada cuatro de esas personas que pasan hambre son pequeños agricultores, pescadores o pastores, productores de alimentos que, sin embargo, no tienen acceso a los recursos necesarios para producir el sustento que necesitan para llevar una vida plena y digna.

Esta paradoja es la manifestación más evidente de que las raíces del hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la exclusión y en la marginación de pueblos enteros; en una injusta distribución de los recursos; en políticas agrarias y comerciales internacionales que anteponen los intereses de los grandes mercados a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano; y en la devaluación del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que, como tal, entraña obligaciones, hoy no cumplidas, para todos los gobiernos, además de una responsabilidad colectiva para la sociedad en su conjunto.

Hay varias preguntas que deberían realizarse gobiernos y sociedades. La primera es por qué las políticas agropecuarias se fundamentan, principalmente, en parámetros de productividad y no incorporan el respeto al medio ambiente y el enfoque de soberanía alimentaria que permitiría a las personas ejercer el derecho a definir sus propias estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, además de fomentar el carácter multifuncional de la agricultura. O por qué es la Organización Mundial del Comercio u otros organismos relacionados con el mercadeo, y no la FAO, quienes están asumiendo el liderazgo en las grandes cuestiones que condicionan la agricultura. O por qué se ha limitado la no realización de este derecho humano fundamental a la lucha contra el hambre, enfoque asistencialista y en el que son los ricos los que ayudan a los pobres sin analizar las causas que generan el hambre.

Para acabar con el hambre se precisa una restauración de las prioridades. Para la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, en la que trabajan desde 2003 varias organizaciones como Prosalus, Cáritas, Veterinarios Sin Fronteras e Ingeniería Sin Fronteras, es necesario disponer de marcos legales específicos que garanticen el derecho humano a la alimentación y protejan a las personas de posibles abusos y vulneraciones realizadas por los Estados o empresas.

Las políticas agrarias deben ser diseñadas en función de las necesidades de la población y con la participación de los agricultores, respetuosas con el medio ambiente y que no tengan por objetivo principal el comercio sino la realización del derecho a la alimentación de las personas. Los Estados deben trabajar en aras de la coherencia de políticas velando para que la protección y garantía de los derechos humanos se anteponga a otros intereses como los comerciales aunque se trate de intereses legítimos.

El gobierno español, por ejemplo, ha incorporado ya el derecho a la alimentación como una prioridad dentro de su política de cooperación al desarrollo, aunque esta prioridad no debe contemplarse de manera aislada sino que es tan importante o más que el enfoque de derechos sea transversal en todas las políticas de Estado, incluidas las comerciales. Si el compromiso del gobierno español es real, España debe asumir un papel de liderazgo o de promotor de la coherencia de políticas en el seno de la Unión Europea, velando para que no tengan impacto negativo en la realización del derecho a la alimentación.

Toda estrategia de lucha contra el hambre debe fundamentarse en la realización del derecho humano a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria, contar con acceso regular a una cantidad suficiente de alimentos adecuados desde el punto de vista nutricional y que sean culturalmente aceptables para desarrollar una vida sana y activa. El derecho a poder alimentarse de forma digna y autónoma, más que el derecho a ser.

Carlota Merchán
ONG Prosalus