La principal norma internacional sobre el Derecho a la Alimentación está contenida en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con esa norma, el hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso permanente a la alimentación adecuada, cualitativa y cuantitativamente, garantizando la salud física y mental de los individuos y de las comunidades, además de una vida digna.

De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el derecho a la alimentación. Respetar ese derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, en especial de aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La Convención prohíbe igualmente que los Estados utilicen sustancias tóxicas en la producción de alimentos.

Además, la Convención establece los principios de la no-regresión y de la no-discriminación, en relación a la aprobación de leyes que garanticen el acceso a la alimentación. Eso significa que los gobiernos no deben aprobar leyes que dificulten la organización social en pro de ese derecho. Al contrario, los gobiernos deben facilitar la organización de la sociedad para el acceso a la tierra, al trabajo y a la protección del medio ambiente. Los Estados deben garantizar el derecho universal a la alimentación a través de acciones y medidas concretas que protejan grupos sociales vulnerables y propicien los medios necesarios para que ellos puedan alimentarse.

En agosto de 2007, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentó un informe a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que contiene informaciones sobre los acontecimientos más recientes en este periodo. La primera preocupación del Relator se refiere al aumento creciente de personas hambrientas en el mundo -eran cerca de 800 millones en 1996 y hoy son aproximadamente 854 millones-. El informe alerta además que más de seis millones de infantes, con menos de cinco años, mueren anualmente a consecuencia de enfermedades relacionadas con el hambre.

El Relator caracteriza esa situación como “inaceptable”. Según Ziegler, “el hambre no es inevitable. Es una violación de los derechos humanos. En un mundo que está más rico que nunca, más personas que nunca siguen padeciendo malnutrición, hambre e inanición. El mundo puede producir alimentos suficientes para alimentar el doble de toda la población mundial”.

El segundo punto del informe, que recibe gran destaque, es la preocupación con la creciente utilización de alimentos básicos para la producción de agrocombustibles. “El Relator Especial está gravemente preocupado porque los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de convertir alimentos -tales como maíz, trigo, azúcar y aceite de palma- combustibles augura un desastre. Existe el grave riesgo de crear una batalla entre los alimentos y los combustibles, que dejará a los pobres y los que padecen de hambre en los países en desarrollo a merced de los precios en rápido aumento de los alimentos, la tierra y el agua”.

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarías (IIPA) estima que la producción de agrocombustibles puede causar un aumento del 20% en el precio del maíz y del 26% en el precio de la soja y de la semilla de girasol hasta el 2010. Estudios del IIPA alertan que el número de personas que sufren de desnutrición debe aumentar en 16 millones por cada punto porcentual en el incremento de los precios de alimentos básicos.

La producción de agrocombustibles demanda además una gran cantidad del agua, en un contexto extremadamente preocupante. Según cálculos de la ONU, 1,2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2,4 mil millones no tienen acceso a saneamiento básico. Todos los años, cerca de dos millones de infantes mueren por enfermedades causadas por agua contaminada. En los países más pobres, uno de cada cinco infantes muere antes de los cinco años de edad por enfermedades relacionadas a la contaminación del agua. El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, caracteriza esa situación como “genocidio silencioso.”

El agua es un recurso natural insustituible. Caso se mantenga el actual ritmo de destrucción de sus fuentes, la mitad de la población mundial quedará sin acceso al agua potable en un periodo de sólo 25 años. El aumento de los monocultivos para la producción de agroenergía tiende a profundizar la violación del derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano.

Cada litro de etanol producido a partir de la caña de azúcar, en circuito cerrado, consume cerca de 12 litros de agua. Esta cantidad no incluye el agua utilizada en el cultivo, que en el caso de los monocultivos irrigados el consumo es mayor. Según el profesor David Pimentel, de la Universidad de Cornell, por cada kilo de maíz producido, se gasta de 500 a 1.500 litros del agua. Y para producir un litro de etanol a base de maíz, el gasto es de 1.200 a 3.600 litros del agua. Por lo tanto, la producción de agroenergía representa un riesgo de mayor escasez de fuentes naturales y acuíferos.

En su más reciente informe a la Asamblea General de la ONU, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación recomienda que “se declare una moratoria de cinco años sobre la producción de biocombustibles con los métodos modernos para que haya tiempo suficiente de idear tecnologías y establecer estructuras reguladoras para la protección contra los efectos negativos ambientales, sociales y para los derechos humanos”. (Traducción ALAI).

- Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.