En este año se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También en este año los Estados aprobarán finalmente el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual definitivamente acabará con la desequilibrada protección dada a estos derechos.

El fracaso de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales en reducir que sea un poco el número de hambrientos crónicos en el mundo, a pesar de los repetidos compromisos asumidos, y la reciente “rebelión del hambre” expandida en decenas de países en el mundo, es una clara muestra que el Consenso de Washington, la globalización dirigida por el mercado y el agronegocio con monocultivos de uso intensivo de químicos, no son la respuesta a los problemas de la humanidad.

Es inaceptable que 850 millones de seres humanos todavía tengan que vivir e irse a dormir con hambre. Es inaceptable que 2 mil millones de personas todavía vivan en pobreza extrema, mientras que una minoría de multimillonarias compañías e individuos continúen imponiendo sus intereses privados sobre gobiernos nacionales y organizaciones intergubernamentales, sin ninguna regulación pública y participativa efectiva por los mismos. Esta realidad demuestra flagrantes y sistemáticas violaciones al Derecho a la Alimentación, como garantizado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han alertado reiteradamente a los Estados y organizaciones intergubernamentales sobre el impacto que tiene la reducción de la capacidad de gobiernos nacionales de regular sus políticas agrícolas nacionales y de seguridad alimentaria, de apoyar la agricultura local, de regular el dumping en los alimentos, de mantener reservas de alimentos, etc. En varios países, aún en aquellos que más han sufrido con procesos coloniales, fueron impuestas medidas en este sentido a través de procesos de ajuste estructural, renegociación de deuda, tratados de liberalización del comercio y más recientemente, estrategias de reducción de la pobreza.

A pesar de estas alertas, los agronegocios continúan influyendo en los gobiernos y organizaciones intergubernamentales. La creciente apropiación de los recursos de tierra cultivable distribuidos inequitativamente, tiene como resultado el desplazamiento de la población tradicional y de campesinos, más desalojos violentos, más criminalización de movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos, la destrucción de la producción local y diversificada de alimentos, más dependencia de importaciones de alimentos y más hambre y malnutrición.

El más reciente llamado a la producción de agrocombustibles solo se suma a los problemas de raíz. Es solamente la prescripción de “más del mismo remedio”, esto es, proponer la prevención de futuras complicaciones del cambio climático con más del actual modelo agrícola, el cual es uno de los principales causantes de emisiones de gases de efecto invernadero, y de hambre, desalojos, esclavitud, trabajo infantil y precario, entre otras violaciones de Derechos Humanos.

Los Estados y organizaciones intergubernamentales y oficiales son responsables y deben de rendir cuentas por sus acciones y omisiones frente a su población. La actual situación demuestra que la voluntad política de los Estados prioriza claramente los intereses de las minorías en vez del bienestar de una parte abrumadora de la población mundial. Estas prioridades deben ser revertidas.

FIAN Internacional, la organización de Derechos Humanos por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, hace un llamado a los Estados y organizaciones intergubernamentales, incluidas a las instituciones de Bretton Woods a:

1. Cumplir con sus obligaciones bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la ley internacional de Derechos Humanos, tomando acciones urgentes para imponer regulaciones a la expansión actual del proceso de liberalización de la agrícola dirigida por el mercado, y respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, con especial atención a la promoción del derecho humano a alimentarse, incluido el acceso a los recursos productivos, dentro del marco de la soberanía alimentaria.

2. Tomar medidas inmediatas para apoyar a los gobiernos nacionales en garantizar que las víctimas de hambre aguda y crónica sean ayudadas y apoyadas en su búsqueda por sobrevivir y recuperar sus capacidades de producir o adquirir sus alimentos o medios necesarios para alimentarse en dignidad. Esto debe convertirse en la prioridad a nivel internacional y nacional con la asignación de los recursos adecuados.

3. Asegurar la coherencia de todas las políticas nacionales e internacionales relacionadas a la alimentación con las obligaciones bajo el derecho a la alimentación. En particular, políticas de agricultura y pesca, comercio e inversión, desarrollo y energía, deberían contribuir a promover y nunca socavar la realización plena del derecho a la alimentación.

4. Garantizar que la FAO incluya la protección y promoción del Derechos Humanos, dentro del proceso de reforma de la FAO, como el marco para las metas globales y objetivos estratégicos bajo revisión, de acuerdo con lo que sus Estados miembros aprobaron en las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada.

5. Imponer una moratoria inmediata a las metas de producción de agrocombustibles a fin de evitar un futuro deterioro de la presente crisis alimentaria.

6. Imponer una moratoria inmediata al saqueo y desalojo de la tierra y su expansión para el agronegocio,

7. Implementar inmediatamente medidas para apoyar plenamente, a nivel global, a pequeños finqueros y campesinos, dedicados a la producción diversificada, sustentable y agroecológica de alimentos.

8. Garantizar que la discusión de alternativas al cambio climático se desarrolle en un proceso plenamente participativo a todos los niveles, y que las alternativas tomadas tomen en cuenta el principio de precaución y la necesidad de incluir efectivamente, socialmente y económicamente a los más excluidos y empobrecidos.

Flavio Valente
FIAN International
Secretary General

Heidelberg, 17 de Abril, 2008.