La histórica Plaza de Mayo, en Buenos Aires, alojó el 15 de mayo, una carpa singular: la que albergó la reunión de decenas de comunicadores y periodistas, además de mucho público que acompañó espontáneamente el debate, para presentar en el corazón político del país los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”, producto del trabajo consensuado de muchas organizaciones y profesionales de la comunicación.

En 2004 nació en Argentina un movimiento importante de comunicadores comunitarios y populares, periodistas independientes, cineastas y actores, sindicatos de prensa, universidades públicas, organizaciones sociales, investigadores de la comunicación, cooperativas, especialistas en derecho a la información y a la comunicación que conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Esta coalición tiene como objetivo trabajar para lograr la derogación de la Ley de Radiodifusión 22285, que fue aprobada por la dictadura militar en la década del 70, modificada por decretos leyes varios en el transcurso de los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron, pero que nunca cambiaron la ideología que dió lugar a esta ley, basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional. No hace falta abundar sobre los estragos que la aplicación de esta doctrina provocó en toda América Latina. En Argentina, la censura, la persecución, el silenciamiento y el asesinato de periodistas y comunicadores sociales amordazó a la prensa y los 130 periodistas desaparecidos y asesinados por la dictadura estarán siempre en el recuerdo de los trabajadores de prensa y de todos los que aspiran a una comunicación democrática, sin cadenas.

Luego de mucho debate, la Coalición produjo los “21 puntos”, que comenzaron a lograr adhesiones de organizaciones y personas que están a favor de un cambio de raíz en la legislación vigente que también favorece a los multimedios monopólicos, al negocio comercial de los medios de comunicación, e impide explícitamente en su articulado la participación de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y de cooperativas como prestadores de servicios de radiodifusión. Esta clara discriminación llevó a que durante largos años, las radios comunitarias sufrieran la persecución y decomiso de sus equipos, ante la mirada impávida de los grandes medios corporativos que jamás consideraron que esta situación cercenara los derechos a la comunicación ni la libertad de expresión.

Los miembros de la Coalición se abocaron también a ejercer una amplia tarea de lobby ante las comisiones de Comunicación de las cámaras legislativas nacionales, logrando adhesiones de diputados y senadores de diversas bancadas y llegando a interesar a las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que es el organismo gubernamental que fiscaliza el funcionamiento de todas las emisoras de radio y televisión en todo el país.

Ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo elabore un proyecto para una nueva ley de radiodifusión, la Coalición pidió audiencia al más alto nivel del gobierno y a mediados de abril sus representantes fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández. Luego de esta reunión, donde fueron entregados los “21 puntos” a la máxima autoridad del país, la Coalición inició una activa campaña para sostener su propuesta con seminarios, talleres, y acciones en el espacio público con el fin de lograr así incidir en la opinión pública y concitar más apoyos.

Mientras tanto, desde los grandes medios o bien se ignora la propuesta, ya que todos sabemos que la invisibilización de un hecho en las pantallas de la televisión o en las columnas periodísticas en radio o prensa escrita, es suficiente para decretar que “no existe”, o se levantan sospechas sobre las intenciones de la iniciativa, con el argumento de que podría poner en peligro la libertad de expresión o de prensa en el país. Como siempre, los grandes medios suelen hablar a favor de la libre competencia cuando saben que nadie podrá disputarles sus espacios, pero son capaces de mirar a un costado cuando se impide la transmisión de un pequeño medio barrial, ya que la competencia aún a ese nivel les resulta inadmisible.

En este momento, las organizaciones que forman parte de la Coalición se sienten fortalecidas en su accionar para impulsar la propuesta y lograr que de una vez por todas quede sin vigencia la ley que todavía recuerda el autoritarismo del poder militar. Es fundamental alcanzar una ley plural, democrática, abierta a la participación de todos los actores, cuyos principios apunten a la construcción de un país inclusivo y rompan con el monopolio discursivo de las grandes corporaciones, abriendo espacios a nuevas construcciones de sentido y modos de narración con la voz de los más débiles y de las provenientes de la acción popular y ciudadana por más democracia, equidad y justicia económica y social.


Más información:

www.coalicion.org.ar
www.farco.org.ar
http://www.agenciapulsar.org/coberturas_det.php?id=38
http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=39795

- Daphne Sabanes Plou coordina el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones -APC- en América Latina y el Caribe.