Hace pocos días la Unión Europea aprobó la Directiva “Retorno”, la cual refiere al endurecimiento en el trato a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular dentro del territorio del macro – estado europeo. El contenido de esta directiva tiene tres ejes: la xenofobia, la persecución y la criminalización de la migración, dejando atrás el concepto de la movilidad como un derecho humano.

Esta decisión, que penosamente ha sido adoptada con una amplia mayoría del Parlamento Europeo, constituye un incentivo a las prácticas violatorias de los derechos y contrarias a la dignidad e integridad física de los migrantes, que muchos de los Estados de la Unión Europea han implementado, e invita a endurecer las políticas migratorias a aquellos Estados en los cuales existía un rezago de respeto a los derechos de los inmigrantes.

La Directiva busca que todos aquellos migrantes indocumentados sean expulsados del territorio europeo e incluso permite la detención “administrativa” hasta por 18 meses. En este sentido, esta criticable y polémica Directiva europea, no hace referencia a los Estados a establecer una política de regularización e incluyente, ni siquiera para aquellas personas que se encuentren aportando, como millones lo hacen, a las economías de estos Estados.

Queda claro que, el adecuar las legislaciones y procedimientos internos de los Estados a esta Directiva constituye .un retroceso en materia de derechos humanos, y una abierta contradicción a las luchas históricas por las libertades que han tenido lugar en estos mismos Estados.

Por otra parte, el retorno “voluntario” que propone la directiva no está ligado al poder de decisión de la persona, ya que si el inmigrante en situación irregular no acepta el someterse al proceso administrativo, será expulsado obligatoriamente, previa la ya mencionada detención de hasta 18 meses.

La Directiva aprobada prevé también la expulsión inmediata de menores no acompañados y la detención de menores conjuntamente con sus familiares, criminalizando de tal manera el derecho a migrar y desconociendo la obligación de los Estados de brindar la protección adecuada a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los inmigrantes o hijos de inmigrantes.

A todo esto se agrega la implementación de un proceso administrativo sumario, en el cuál se violenta el derecho a la defensa, pues se deja a libre albedrío de los Estados proveer de defensa gratuita como corresponde de acuerdo al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Los países europeos presentan un doble discurso, abiertamente contradictorio y poco transparente, al haber adoptado esta resolución, puesto que hace menos de un mes, en el marco de la Cumbre “América Latina – Europa” se instaba y proclamaba la necesidad de potenciar una “globalización humana” y un proceso de dignidad y equidad en el trato entre ambas regiones. Ahora, esta medida desdice todo este planteamiento, ya que la misma lo único que provocará es temor en los migrantes y una mayor persecución por parte de los aparatos estatales.

Ha sido comprobado, que el endurecimiento de medidas contra los migrantes, en ningún país del mundo ha significado la detención de las oleadas humanas que por diferentes razones quieren rehacer sus vidas en países diferentes a los que nacieron.

Con estas acciones, los gobiernos europeos, desconocen y minimizan el gran aporte que los migrantes (latinoamericanos, africanos, asiáticos) han dado al desarrollo económico, social, político y cultural de sus Estados. Recordemos que en gran medida la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial fue gracias al aporte de migrantes de todas las nacionalidades que llegaron a diferentes países y volvieron a levantar las economías de post-guerra en la región, y que Estados como el español o el italiano, fueron emisores de migrantes en grandes proporciones

Frente a esta grave e injusta situación y tomando en cuenta los miles de ecuatorianos que se encuentran en Europa, el SJRM Ecuador hace un llamado al Gobierno Nacional, a pronunciarse al respecto con una posición firme y de reclamo frente a la Comunidad Europea, pero también es necesario motivar a la sociedad civil ecuatoriana y latinoamericana a movilizarnos para detener esta decisión injusta e inhumana.

Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes - Ecuador

(SJRM– Ecuador)

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