El Presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció el 20 de noviembre que su gobierno "buscará no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta y la deuda ilegal", al tiempo de exigir sanciones a los culpables por la serie de irregularidades en la contratación de la deuda externa ecuatoriana. Dijo que "su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con malas artes, chantaje y traición. Cada cual tendrá que asumir su responsabilidad y pagar con sus bienes lo que corresponda".

Esta fue la respuesta del presidente ecuatoriano luego de la presentación oficial del informe final sobre la auditoría realizada a la deuda externa ecuatoriana por parte de Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC). Es importante destacar que esta es la primera auditoría oficial que se realiza en el mundo para determinar responsabilidades frente a la deuda externa. Entre las principales conclusiones, la Comisión señala que se produjo un "fraude incalculable para el Ecuador" en el proceso de endeudamiento y renegociación. El Presidente Correa informó que promoverá en las Naciones Unidas la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deudas Soberanas y la reforma de la arquitectura financiera internacional, con lo cual se puede llegar a una solución integral al problema de la deuda externa.

Actualmente el Ecuador mantiene la posición que el endeudamiento es una opción solo cuando sea estrictamente indispensable. Las organizaciones sociales que han luchado durante décadas han logrado un importante resultado reflejado en el informe de la CAIC, lo que permite establecer responsabilidades no solo de los acreedores, sino de los organismos mul t ilaterales y las autoridades nacionales.

El informe fue entregado por la CAIC al Fiscal General de la Nación, por lo cual queda en manos de la justicia ecuatoriana las acciones que determinen responsabilidades en dicho informe.

Al conocer el informe de la Comisión, tanto al interior como al exterior de un auditorio repleto, representantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en el tema corearon: "¡No pagamos más, la deuda está pagada!". La indignación crecía en el público al conocer las irregularidades e irresponsabilidades de los ex ministros de Finanzas, Gerentes del Banco Central, Presidentes de la Junta Monetaria, diplomáticos, entre otras autoridades, que vendieron la soberanía del país y profundizaron el empobrecimiento de la población ecuatoriana. Ellos, al igual que los acreedores no pensaron en el bienestar del pueblo ecuatoriano, sino en asegurar el pago de la deuda.

La realización de la auditoría de la deuda promovida por el gobierno ecuatoriano y con la participación de economistas, abogados y representantes de organizaciones sociales tanto del Ecuador como del exterior es un hecho inédito, destacó el economista Franklin Canelos, vicepresidente de la Comisión. Durante más de un año, la CAIC auditó los procesos de endeudamiento del Ecuador desde 1976 a 2006. El informe final de 172 páginas constituye un profundo análisis técnico y jurídico que muestra uno de los rostros más siniestros de tres décadas de políticas neoliberales. La deuda externa del Ecuador se incrementó de $240 millones en 1970 a $17.400 millones en el 2007, sin embargo este endeudamiento en lugar de contribuir a superar la pobreza, la inequidad y el atraso, "ha sido una herramienta de saqueo de los recursos y de sumisión a políticas impuestas por organismos multilaterales, a pretexto de gestionar cuestiones relacionadas con la consecución de créditos", señala el informe de la CAIC.

En el trabajo de la Comisión se demuestra la ilegalidad, y por lo tanto la ilegitimidad del proceso de endeudamiento. Se señala el carácter "odioso" de la deuda externa, pues fue contraída por una dictadura militar (1972-1979). Desde 1976 a 1982 se otorgaron créditos a Ecuador por $3.424 millones de dólares, de los cuales $984 se destinaron al presupuesto de Defensa. La Junta Nacional de Defensa, que fue la mayor beneficiaria, se negó a proporcionar a la Comisión los datos de los créditos recibidos y el destino de los mismos.

La deuda externa del Ecuador ha sido objeto de sucesivos procesos de renegociación fraudulentos en los que los gobiernos aceptaban condiciones como contraer nuevas deudas para pagar antiguas deudas, castigos de mora, altas tasas de interés, anatocismo (pago de interés sobre interés) revalorizar títulos de deuda que valían poco en el mercado, según plantea el miembro de la CAIC, Hugo Arias.

Estas condiciones fueron aceptadas en el Plan Brady para Ecuador (1993), apoyado por el FMI, en el Plan Adam (Pacto para el canje de Brady a Global establecido en 1999) y en el canje de los bonos Brady y de los Eurobonos a bonos Global (2000). En este último caso, el prejuicio para el Ecuador fue enorme. Los bonos canjeables (Brady y Eurobonos) que sumaban $6.298 millones de dólares se cotizaban en el mercado en el 30% (1.575 millones), sin embargo se canjearon por los bonos Global 2012 y 2030 por un monto de 3.950 millones de dólares, con tasas del 12 y el 10%.

Hasta agosto de 2008, el Ecuador ha pagado ya, por concepto de estos Bonos Global, 2.450 millones de dólares por concepto de intereses. Las generaciones futuras, si no se declara ahora el no pago de esta deuda ilegítima, deberán cancelar el capital en el 2012 y en el 2030.

Alejandro Olmos, integrante de la CAIC, expresó que la deuda externa ha servido no solo para favorecer a los acreedores, sino como herramienta para implementar las políticas neoliberales. "Hay evidencia", dice el informe en una de sus conclusiones, "que el proceso de endeudamiento del Ecuador entre 1976 y 2006, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación. Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda, limitaron los derechos fundamentales de las personas y los pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales."

Fue evidente, dijo Olmos, la intención de los organismos multilaterales de incrementar de manera permanente el endeudamiento externo, con intereses cada vez mayores. La economista Karina Saénz señaló que en una proyección realizada al interior de la CAIC, se determinó que de haberse mantenido la tasa de interés contratada inicialmente en 6%, la deuda ya habría sido cancelada.

Olmos también explicó que Ecuador cedió soberanía, citando como ejemplo el hecho que el Procurador de la Nación simplemente suscribía los acuerdos para la contratación o renegociación de la deuda, en el modelo y templete entregado por los acreedores. Indicó que en varias ocasiones los documentos eran redactados y firmados en inglés, y si se requería un traductor, acudían a los propios acreedores. De esta manera, según el informe, "el país pierde su autonomía y se vulneran sus derechos constitucionales". La auditoría también cuestionó que en algunos casos la entrega de préstamos estaba "atada a la expansión de bienes y servicios del país acreedor que impone restricciones de calidad y precios".

En un caso por demás insólito, en el año 1992, la ex Gerente General del Banco Central, Ana Lucía Armijos, el ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira y la Cónsul del Ecuador en Nueva York, Miriam Mantilla, firmaron un acuerdo de renuncia unilateral a la prescripción de la deuda externa comercial, que no había sido pagada seis años, por lo cual era posible acogerse a dicha prescripción. Esto hubiese permitido ahorrar al Ecuador cerca de $6.992 millones de dólares. Se renunció también a la inmunidad soberana del país, a la inmunidad de jurisdicción y al derecho a la defensa y reclamación.

Por su parte, Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, se adelantó a decir que "una opción sería que el Régimen llegue a consensos y no a una decisión unilateral con los acreedores". Ahora se preocupan de "decisiones unilaterales" y del "consenso", quienes mantuvieron silencio cuando se produjeron alzas unilaterales de las tasas de interés a niveles exorbitantes a partir de 1979 o cuando era evidente la relación asimétrica entre las partes en la contratación de los créditos. Así mismo, mantuvieron silencio frente a la violación de los derechos fundamentales de los y las ecuatorianas como resultado de la contratación y renegociación de la deuda externa.

En los próximos días, el Ejecutivo establecerá una Comisión para la Auditoria a la Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión, según establece la Constitución. El objetivo es determinar responsabilidades en caso de irregularidades, así como terminar con el monopolio y oligopolio del uso de las frecuencias, según establece la nueva Constitución. De igual manera, deberá determinar la propiedad de los medios radiales y televisivos, por cuanto representantes y accionistas del sistema financiero no pueden tener participaciones en los medios de comunicación, por lo cual tienen un plazo de dos años para su traspaso.

La auditoría se convierte así en una herramienta importante, que permite determinar responsabilidades de quienes quizás nunca pensaron que serían juzgados por las acciones realizadas que atentan contra la vida y dignidad de los pueblos.

- Helga Serrano es integrante de la Red Mundial No Bases, Coalición No Bases Ecuador y ACJ/YMCA Ecuador y colaboradora con el Programa de las Américas en www.ircamericas.org  Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.

Fuente:  Programa de las Américas www.ircamericas.org