La historia reciente de Guatemala se ha caracterizado por la violencia, el desangramiento y el dolor. Es evidente que los criminales al amparo de la impunidad cometen cualquier tipo de delitos y entre estos el más grave: cegar la vida a miles de seres humanos, entre los que se cuentan centenares de víctimas inocentes, hombres mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. No sin razón la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe 2008 indicó que “La impunidad es un problema estructural que favorece los altos niveles de violencia.”

Guatemala continúa su tragedia histórica a causa de la incapacidad del Estado para afrontar los problemas estructurales que el país ha venido arrastrando antes y despúes de la firma de la Paz. La espiral de violencia y criminalidad son una consecuencia del creciente deterioro social y de la falta de respuestas integrales a los ingentes problemas nacionales, entre estos el de la seguridad ciudadana.

El sistema de justicia guatemalteco se le puede considerar hoy como “un sistema fallido” cuya característica más importante es que está cooptado y corrompido, totalmente politizado y parcializado. Opera de manera desarticulada, no es independiente, es ineficiente y está supeditado a los factores de poder tradicionales y emergentes.

Si bien es cierto que el ejecutivo no es el único responsable de poner fin a la tragedia, en tanto hay otros entes estatales necesariamente involucrados, tiene la obligación de abanderar la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia, utilizando los medios que la ley pone a sus disposición. No es momento de victimizarse por cuanto aquí la primera víctima es el país, es la población en virtud de la marcada ausencia del Estado. La capacidad del gobierno en este momento debe medirse por la acción concreta y no por la acción discursiva. Si las acciones del crimen organizado y otros poderes son la desestabilización lo más correcto es atacar y actuar contra los autores tanto intelectuales como operativos de las acciones desestabilizadoras que pretenden la ingobernabilidad.

Guatemala atraviesa momentos críticos que demandan acciones que van más allá de los discursos electoreros. Ni el gobierno ni ningún partido político tienen que sacar provecho electoral a una situación en la cual la población es la que se juega la vida y el país la gobernabilidad, la democracia y las garantías a los derechos humanos fundamentales. En ese sentido son repudiables aquellas voces que pretenden, aprovechándose de las circunstancias, estimular rupturas institucionales con fines mezquinos.

Es la hora que todos actuemos con responsabilidad. El gobierno por su lado debe dejar de lado su autosuficiencia, flexibilizar posturas, escuchar y apropiarse con agilidad de todas aquellas iniciativas y propuestas bienintencionadas que provengan de los distintos actores sociales y políticos que privilegien al país. Los distintos actores sociales y políticos, de igual manera, se debe respaldar todas aquellas acciones y políticas que razonablemente el gobierno defina, comunique, retro alimente y opere para poner fin a la violencia y a las causas que la generan. Es oportuno, en esta perspectiva, saludar las propuestas que,, en su momento, la jerarquía de la iglesia católica, el Procurador de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos pusieron a disposición del gobierno.

Hoy más que nunca el país entero debe tomar conciencia de la necesidad de encarar la impunidad, tanto la que ha prevalecido sobre los crímenes del pasado, perpetrados contra población civil como la que hoy tiene en vilo al país y que obviamente tiene responsables. Ninguna duda cabe que el sistema de impunidad y la violencia de hoy tienen una conexión indiscutible con la impunidad y la violencia del pasado.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum condena la violencia que se ha ensañado contra gente que en su afán de ganarse el día a día o aportar en la construcción de un país más justo le ha sido arrebatada la vida. Asimismo la irracionalidad con la cual se quita la vida a jóvenes, mujeres, niños y niñas. Se solidariza con todas las víctimas de la violencia y sus familias, particularmente con las madres, esposas, hijos e hijas de los pilotos asesinados. Expresa también públicamente su repudio al secuestro del cual fue víctima la señora, Gladys Monterroso, esposa del Dr. Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos y al asesinato del señor Florencio Albinci Barrios alcalde del Asintal Retalhuleu hechos que exige sean prontamente esclarecidos y los responsables, fuere la causa que fuere, llevados a los tribunales.

Guatemala 26 de marzo de 2009

Fundación Rigoberta Menchú Tum