Mientras el gobierno y la oposición se acusan mutuamente por el fatal desenlace del desalojo de cinco mil nativos amazónicos el viernes 5 de junio en una carretera al nororiente del país —que hasta el momento ha dejado oficialmente 23 policías y 9 indígenas muertos— la desesperación y la indignación cunde entre los representantes de las etnias, tratando de encontrar a sus familiares y de protegerse ellos mismos de la represión indiscriminada.
 
Al momento de escribir este despacho (noche del domingo 7), fuentes de la iglesia católica confirmaron telefónicamente a SEMlac que en la pastoral de Bagua Grande, donde ocurrieron los sucesos más violentos, se ha dado refugio a centenares de pobladores pertenecientes a las etnias wambisa, awajuna, wampi y aguaruna, que tomaron parte en las protestas.
 
"Ellos están muy temerosos de sus vidas porque hay rumores de que en su camino a casa, los nativos están siendo detenidos y hasta ultimados por la policía", señaló a SEMlac vía celular uno de los catequistas.
 
No fue posible conversar con el párroco pues, según refirió nuestro interlocutor, estaba muy ocupado tratando de garantizar con las autoridades el retorno seguro de los indígenas a sus comunidades de origen. "Hay muchos niños y mujeres, también hombres que no llegan a entender cabalmente la situación, nos hemos convertido en un verdadero campo de refugiados", relató.
 
A pesar de que el gobierno ha controlado las protestas mediante un toque de queda que rige a partir de las 3 de la tarde, la situación sigue siendo un polvorín en tres ciudades del departamento de Amazonas, ubicado a 1.200 Km. de Lima, porque el asunto de fondo: la derogatoria de las leyes consideradas lesivas a los intereses de los indígenas, no se ha cumplido.
 
La principal queja de los nativos es no haber sido consultados sobre disposiciones que alteran los regímenes de explotación de minerales, maderas, petróleo y agricultura lo que, en su opinión, pone en peligro las tierras en las que habitan hace cientos de años y que involucra unos 25 millones de hectáreas de bosque amazónico.
 
Lo que se augura para la semana

Se prevé que el escenario principal se trasladará esta semana de las ciudades de la selva a Lima, donde ya fueron citados al congreso el primer ministro Yehude Simons, un ex militante de izquierda, y la ministra del interior Mercedes Cabanillas, del partido gobernante, para informar sobre el operativo policial que terminó en una masacre.
 
Además, el parlamento debe retomar el debate para la derogación de los dispositivos que no fueron consultados con los nativos amazónicos, principales involucrados y que, por ello mismo devienen en anticonstitucionales.
 
Sin embargo, existe el riesgo de que las protestas se extiendan a otras partes del extenso territorio amazónico peruano, donde en total existen unas 60 etnias reconocidas, incluyendo a las etnias no contactadas y a las aisladas voluntariamente. Así, en horas de la tarde del domingo, se informó que unos mil 500 nativos de la etnia asháninka mantenían bloqueado un terminal aéreo en el Marañón, zona oriental del país.
 
Frente a las críticas de diversos sectores sobre la masacre contra los nativos perpetrada el viernes 5, amparadas por fotografías que mostraban a muchos de ellos muertos por armas de fuego, y la denuncia de dirigentes amazónicos de que los cuerpos de los indígenas habrían sido quemados o arrojados al río, el domingo los diarios informaron ampliamente sobre la degollación que sufrieron varios policías capturados por los nativos.
 
De esta manera pasaron a segundo plano las denuncias de que por lo menos 40 nativos habrían muerto en el enfrentamiento, para instalar en el inconsciente colectivo la idea de que los nativos son unas personas violentas, semisalvajes y con las que no se puede dialogar.
 
El gobierno solo admite la muerte de 9 nativos, amparados por declaraciones de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien en un viaje de inspección a la morgue de Bagua solo halló esa cantidad de cadáveres. Sin embargo, al mediodía del viernes, fuentes del Colegio Médico de Chachapoyas, capital provincial, informaron a Radioprogramas del Perú que en los diversos establecimientos de salud habían fallecido hasta ese momento 25 nativos.
 
Según declaró Alberto Pizango, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP), que agrupa a los pueblos amazónicos, minutos antes de entrar en la clandestinidad por estar acusado de terrorista e incitar a la subversión, "el número exacto de muertos quizá nunca se sepa", dado que muchos habitantes de las etnias amazónicas no están registrados siquiera como ciudadanos.
 
Consultado por SEMlac, Shapiom Noningo, quien reemplaza a Pizango, estima que por lo menos 50 nativos habrían muerto en el enfrentamiento del viernes. "Es lamentable que sobre esto no se diga nada, es como si solo la vida de los policías fuera importante y no la de nuestros hermanos, nosotros también sentimos la muerte de los policías pero nadie se apiada de nuestros muertos", se lamentó.
 
Responsabilidad del parlamento

De otro lado, a juicio de muchos analistas, habrá una dura batalla parlamentaria pues no existe la menor intención de parte del gobierno de García de derogar las leyes cuestionadas, que forman parte de un paquete de leyes modificadas o expedidas rápidamente en vísperas de que feneciera el mandato del presidente George Bush, para posibilitar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú.
 
Una de las más cuestionadas, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, incluso tiene un dictamen de anticonstitucionalidad y debió ser debatida el jueves 4 en el Congreso. Pero el partido gobernante dispuso su postergación hasta conocerse los resultados de la Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo y los representantes de las comunidades étnicas, lo que habría precipitado los acontecimientos del día siguiente.
 
Las protestas de los nativos datan de agosto pasado, cuando fueron mediatizadas con la promesa de estudiar la derogatoria de los decretos. Hace 55 días, sin embargo, varias etnias se declararon "en pie de guerra contra el estado peruano" y anunciaron la toma de carreteras y una huelga general indefinida. Ante la inacción del gobierno, con el transcurso de los días, la medida repercutió en el desabastecimiento de muchas ciudades de la selva que, incluso, llegaron a confrontar falta de energía eléctrica.
 
Dos mundos diferentes

"Se trata de pueblos guerreros, que se incorporaron tardíamente al estado peruano, que fueron entrenados por el ejército en el manejo de armas y que no entienden la dinámica de las petroleras ni cómo se pueden contaminar los ríos y bosques", dice a SEMlac el sacerdote jesuita Jaime Reagan, profesor de Antropología Amazónica de la Universidad Nacional de San Marcos.
 
Señala que muchas etnias amazónicas recién aceptaron integrarse a la nación peruana bien entrado el siglo XX, pero aún siguen muy apegadas a sus usos y costumbres, entre ellos la guerra, y por eso muchas cosas que al resto del país le llaman la atención, como su disposición al combate o que se pinten la cara y salgan a pelear con arcos y flechas frente a armas de fuego, para ellos son muy naturales.
 
(Precisamente, esa beligerancia fue muy aprovechada por el ejército que los tiene como reservistas y los hizo entrar en combate durante el gobierno de Fujimori para enfrentarse al vecino país del Ecuador, pues muchas batallas se libraron en sus territorios. Fueron esos reservistas los que el viernes asaltaron el puesto policial de Bagua, desarmaron a los policías y repartieron las armas para defenderse del tiroteo del que eran objeto, N. de R.).
 
"Ellos saben que cualquier cambio en el manejo de sus tierras va a afectar a sus vidas y están dispuestos, literalmente, a morir por ello, para que sus hijos puedan seguir viviendo allí", añade en tono dubitativo pues prevé que por esa vía podrían ocurrir aún más enfrentamientos lamentables.
 
Los jesuitas tienen una larga historia de acercamiento a las etnias amazónicas, tratando de entender sus raíces culturales, lingüísticas y de preservar sus saberes tradicionales. El padre Reagan por ejemplo, viene trabajando en una gramática de la lengua aguaruna y ha sido uno de los impulsores para el ingreso de los nativos de esa y otras etnias a la universidad de San Marcos, a seguir estudios superiores.
 
"El diálogo es lo único que nos puede y los puede salvar", agrega cuando le preguntamos por una salida a este desgarrador conflicto. El gobierno tiene que sentarse a dialogar con ellos, pero respetando sus estamentos establecidos y sus maneras, ellos todo lo consultan, incluso a un nivel espiritual, no tienen la dinámica del mundo occidental, reflexiona.
 
Y antes de despedirse añade que este conflicto no está exento de la discriminación y segregación contra las minorías que caracteriza a la sociedad peruana. "Tenemos que ser más solidarios con los que sufren, interesarnos por el prójimo pero, sobre todo, aprender a respetar que todos somos iguales más allá del color de la piel o nuestras creencias", subraya.
 
Más solidaridad

Y fue precisamente solidaridad lo que unió a varias organizaciones populares en Lima el viernes 5 —por ironía Día Mundial del Medio Ambiente— cuando espontáneamente, apenas conocidos los sucesos de Bagua, improvisaron una movilización de solidaridad y para denunciar los intentos del gobierno de encarcelar al principal dirigente amazónico, Alberto Pizango.
 
Romilda, dirigenta shipiba, coordinadora del Programa Mujer Indígena de la AIDESEP, dijo a SEMLAC que la movilización respondió al rechazo de la población a la "criminalización de nuestros hermanos indígenas por el gobierno de Alan García. Nosotros no vamos a permitir que nuestros hermanos sean tratados como delincuentes", señaló.
 
Ella lamentó la actitud de los medios de comunicación "que vienen informando de manera parcializada la problemática amazónica" y también que muchos indígenas no puedan recuperar los cadáveres de sus familiares abatidos, "de ellos no se dice nada, sólo hablan de los policías caídos. Nosotros no existimos para ellos, todos somos peruanos", dijo.
 
Américo, líder de la comunidad nativa de Nueva Andoas, Región Loreto, selva baja, dijo desconfiar del Estado y del gobierno central "porque desde hace 40 años mi comunidad está afectada por la explotación de la empresa Pluspetrol, que viene contaminando nuestra tierra, nuestros ríos, ahora tenemos que ir a pescar al Ecuador porque en nuestro territorio ya no hay peces", dijo.
 
Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Nativas y Asalariadas del Perú, denunció que los policías se niegan a entregar a los familiares los cadáveres de los nativos caídos.
 
"Sospechamos que los tienen retenidos porque los quieren desaparecer. Tenemos noticias que cerca de 26 hermanos nativos han caído, al igual que 11 policías, y lo lamentamos, pero el único responsable de estas muertes es el gobierno, que no quiere derogar los decretos que atentan contra la soberanía de los pueblos amazónicos".
 
Al cierre de este despacho, la disputa por el número de muertos continuaba entre el gobierno y los representantes de los nativos amazónicos. Otro capítulo doloroso de una historia que, lamentablemente, aún tiene muchas aristas por delante que no auguran un final feliz. Ojalá nos equivoquemos.
 
Al momento de escribir este despacho (noche del domingo 7), fuentes de la iglesia católica confirmaron telefónicamente a SEMlac que en la pastoral de Bagua Grande, donde ocurrieron los sucesos más violentos, se ha dado refugio a centenares de pobladores pertenecientes a las etnias wambisa, awajuna, wampi y aguaruna, que tomaron parte en las protestas.

Lima, junio (Especial para SEMlac)
Fuente: www.redsemlac.net