El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Yehude Simon Munaro, anunció el lunes 15 de junio la derogatoria de dos de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, el 1064 y el 1090, luego de sostener una reunión con organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos de la selva central.  Una decisión política que de no haber demorado más de un año hubiera evitado decenas de muertos.  Es como buscar una manguera cuando ya está ardiendo toda la pradera.

Porque el jueves 11 de junio la Jornada Nacional de Protesta convocada por las organizaciones peruanas significó un conjunto de masivas movilizaciones, paros y otras medidas de protesta en todas las regiones del Perú en repudio a la masacre de Bagua del viernes 5 de junio (en cruel ironía, Día Mundial del Medio Ambiente) y exigencia de soluciones reales al conflicto en la Amazonía.

Un conflicto que no era nuevo ni sorpresivo.  En agosto del año pasado la movilización amazónica ya había logrado la derogatoria de dos decretos legislativos, el 1015 y el 1073.  Entonces se habló de una comisión para examinar las normas restantes.  Pero nada.  Es más: la derogatoria en cuestión había sido solicitada al gobierno por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en mayo del 2008.  Y el 9 de abril de 2009, cansados de esperar, los pueblos amazónicos retomaron su lucha.

La respuesta fue la misma intolerancia, soberbia y terquedad que el presidente Alan García anunció abiertamente con sus artículos sobre el “Síndrome del perro del hortelano”, en los que identificó a las comunidades andinas y amazónicas con el atraso e incluso pretendió desconocer su existencia.  El Congreso dilató una y otra vez el debate de la derogatoria, recomendada por su Comisión Multipartidaria encargada de revisar los decretos e instituciones como la Defensoría del Pueblo.

El jueves 4 de junio el Congreso volvió a postergar el debate y pocas horas después se desató la masacre de Bagua.  Muertos, heridos, detenidos y desaparecidos; testimonios de ocultamiento y desaparición de cadáveres, rastrillajes en las comunidades, estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, persecución y órdenes de captura a la dirigencia de AIDESEP, cierre de emisoras, suspensión de siete congresistas de oposición, acusaciones de complot internacional a la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida a fines de mayo en Puno… en resumen, una escalada fascista que nada tenía que envidiar a los peores momentos de la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.

Escalada que motivó la respuesta inmediata de las organizaciones sociales, que se articularon en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía y convocaron primero a la Jornada Nacional de Protesta del 5 de junio y de inmediato al Paro Nacional Andino, Amazónico y Popular para los días 7, 8 y 9 de julio.

Las múltiples chispas prendidas en todas las regiones del país encendieron la pradera.  Pero el gobierno no solo sufrió el incendio en casa.  Desde todo el mundo, minuto a minuto, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas recibía y sigue recibiendo a través de sus correos electrónicos y la línea telefónica, decenas de pronunciamientos de solidaridad de todas partes del mundo: Europa, toda América Latina, África, Asia.  Las cartas a Alan García y a organismos de la ONU, así como marchas y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas, se multiplicaban y siguen multiplicándose.

La sola derogatoria de dos decretos legislativos no resuelve el problema de siglos.  Se necesitan medidas más permanentes.  La CAOI ha propuesto cuatro:

1- Derogatoria de todos los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

2- Derogatoria de los once decretos legislativos de la criminalización de la protesta social, emitidos en julio del 2007.

3- Carácter de Ley Nacional a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

4- Amnistía para los más de mil dirigentes procesados por defender sus derechos.

Nuevos actores

La lucha, entonces, no ha terminado.  La convocatoria al Paro Nacional se ha ratificado y el mundo continúa alerta a los sucesos en el Perú.  La pregunta es: ¿cómo pudo un movimiento regional convocar la solidaridad y el compromiso nacional e internacional de una magnitud pocas veces antes vista?  La agenda de los pueblos indígenas, su plataforma y sus propuestas, más allá de la reivindicación puntual de la derogatoria de normas inconstitucionales, se posicionó en la diversidad de movimientos sociales del Perú y el mundo.  Sindicatos, ONGs, partidos políticos de izquierda, depusieron afanes protagónicos para hacer un frente común por los derechos de los pueblos indígenas.

Lo que sucede es que el movimiento indígena no solo se ha visibilizado: está siendo, por primera vez, comprendido y su liderazgo aceptado.  El mundo está entendiendo que no se trata de grupos incivilizados, violentos, pasadistas, manipulados –estigmatización racista y excluyente- sino de pueblos organizados que conservan su modo de vida, sus autoridades, su cultura, sus principios y prácticas ancestrales de equidad, reciprocidad, complementariedad.  En suma, el Buen Vivir.  Una opción que no pretende volver al pasado sino rescatar la armonía entre los hombres, los pueblos y la naturaleza, frente a la amenaza de la hecatombe climática y la crisis de la civilización occidental.

Lo que ocurre es que el mundo está comprendiendo que no estamos ante una crisis económica o financiera más.  Todos los paradigmas del capitalismo: libre mercado, estado uninacional, etcétera, se están derrumbando.  Incluso los sectores más reacios de la izquierda, que no admitían más paradigmas que los de la lucha de clases y la vanguardia del movimiento obrero, empiezan a aceptar que los nuevos tiempos exigen nuevos liderazgos políticos.  Y ya hablan también de Buen Vivir y Estado Plurinacional.

No se trata de excluir o negar a los demás movimientos sociales.  Los pueblos indígenas, secularmente excluidos, no pueden hacer algo así. Se trata de consolidar alianzas para construir un mundo realmente nuevo, para todos y todas.  Para la paz y la hermandad.

- Norma Aguilar Alvarado, periodista peruana, es responsable de Prensa CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)