Alrededor de 300 indígenas amazónicos aún no retornan a sus comunidades de origen, por lo que se teme por sus vidas. La información fue proporcionada a SEMlac por Daysi Zapata Fasabi, presidenta en funciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
 
“El número exacto de hermanos desaparecidos recién se sabrá con exactitud cuando la Comisión de la Verdad de la mesa de diálogo amazónico termine su trabajo, y no antes”, precisó.
 
De esta manera sentó la posición de AIDESEP respecto al informe que el gobierno peruano entregó el 6 de julio a la comunidad internacional, a través de la Cancillería, descartando la desaparición de nativos durante los violentos sucesos en la localidad de Bagua, en el nororiente peruano, el pasado 5 de junio, que dejó un saldo de 24 policías y 10 nativos fallecidos (Ver: http://www.redsemlac.net/noticias/2009/090608zp.htm).
 
El informe del gobierno peruano está basado, a su vez, en un informe de la Defensoría del Pueblo, cuya titular, Beatriz Merino, recorrió la zona en conflicto y dispuso que los defensores del pueblo visitaran de oficio las comunidades aledañas para comprobar una versión insistente de los nativos según la cual había decenas de desaparecidos.
 
“A nosotros esta noticia de que no hay desaparecidos nos ha causado sorpresa y a nuestros pueblos preocupación. Sin embargo, cuando leímos el documento entendimos que el comunicado de la Defensoría debió especificar que sólo visitaron 39 comunidades”, explicó Zapata.
 
Según Zapata —oriunda del pueblo yine de la selva central— las 39 comunidades visitadas equivalen al 22 por ciento de pueblos amazónicos, que en total suman 181 y albergan unas 60 etnias diferentes.
 
“Se ha conformado una Comisión de la Verdad para que investigue lo que realmente pasó el 5 de junio en Bagua. El padre Gastón Garatea está apoyando esta gestión”, señaló.
 
Garatea, sacerdote de la Iglesia Católica, fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó lo ocurrido en materia de derechos humanos durante el conflicto armado que asoló al Perú en la década de los ochenta, y es muy respetado por los organismos de derechos humanos.
 
Ni Zapata, ni el propio Garatea —según ha reconocido a otros medios de prensa— pueden garantizar qué tiempo tomará esta indagación, debido a que muchas comunidades están muy adentro de la enmarañada selva y la accesibilidad es muy difícil.
 
Consultada por SEMlac, Beatriz Merino dijo que, en efecto, los rumores sobre nativos desaparecidos son constantes entre los habitantes de Bagua y poblaciones aledañas, “pero lo cierto es que no se ha podido obtener un solo nombre de algún nativo desaparecido y nosotros trabajamos en base a evidencias y no a rumores”, señaló.
 
No obstante aseguró que el caso no es un ‘asunto cerrado’ pues la Defensoría continúa sus indagaciones y apenas tenga algún caso concreto lo darán a conocer.
 
Nativos: detenidos y hospitalizados
Otro punto que preocupa a la AIDESEP, a más de 30 días de los violentos sucesos, es la cantidad de detenidos y hospitalizados como consecuencia del enfrentamiento con la policía.
 
De acuerdo con Zapata, unos 100 nativos de diversas etnias siguen detenidos, pese a que el primer ministro, Yehude Simon, se comprometió, mediante un documento suscrito con los representantes de las poblaciones autóctonas, a dejar sin efecto las detenciones. Otros 80 aún continúan hospitalizados, la mayoría con heridas de bala.
 
El más delicado es el líder awajún Santiago Manuín, premio Reina Sofía de España por su exacerbada defensa de los territorios amazónicos. El recibió ocho impactos de bala, ha sido operado dos veces y actualmente requiere ser trasladado a Lima para una tercera intervención quirúrgica.
 
Sin embargo, ello no es posible pues está “inmovilizado” por orden judicial y vigilado por cinco policías y dos miembros de seguridad del estado en el hospital donde se encuentra, en el norte del país. Tiene prohibidas las visitas y ha sido acusado de ‘homicido calificado’.
 
Zapata, conjuntamente con la asesora legal de AIDESEP, Jacqueline Binari, y el dirigente Henderson Rengifo, lograron un permiso especial para visitarlo, donde pudieron comprobar su estado grave. Manuín aprovechó para reiterar su inocencia en los cargos que se le imputan.
 
La menuda dirigente yine no oculta su indignación, no sólo porque el estado de Manuín es muy delicado, sino porque los gastos médicos que demanda su hospitalización tienen que ser cubiertos por la familia. Precisamente, cuando lo visitaban, les entregaron una nueva receta de medicamentos.
 
Cabe señalar que en los hospitales estatales del Perú, son los pacientes —o sus familiares— quienes tienen que comprar los medicamentos, ya que no hay atención gratuita salvo que una trabajadora social certifique que el enfermo se encuentra en situación de indigencia absoluta. Hasta el momento los, gastos de hospitalización del líder awajún superan los 20.000 soles (unos 6.700 dólares).
 
“El señor Yehude prometió en Santa María de Nieva que los hermanos internados (en hospitales) no iban a tener problemas ni generar gastos. También dijo que se abocaría al cese de persecuciones que le planteamos, pero hasta la fecha no vemos nada, estamos pensando que es una burla más del gobierno”, afirmó Zapata.
 
Santa María de Nieva es una remota localidad selvática ubicada a casi 1.700 kilómetros de Lima. Para llegar, es necesario viajar por avión desde Lima, luego seguir unas cinco horas por una mala carretera y finalmente tomar un deslizador. Hasta allí llegó el ahora ex Primer Ministro para conversar con los apus (representantes indígenas) luego de los sucesos del 5 de junio.
 
El sábado 10 de julio Simons cesó en sus funciones y en su lugar fue nombrado como primer ministro un conocido dirigente del APRA, el partido gobernante, lo que a juicio de los observadores significa que muchos de los acuerdos suscritos por Simons quedarán sin efecto.
 
En su entrevista con SEMlac, la dirigente también anunció que, en caso de no cesar la persecución contra varios dirigentes, “lamentablemente tendríamos que retirarnos de la mesa de diálogo (con el gobierno) pues bajo esas condiciones no se puede continuar conversando”.
 
Sin embargo, reconoció que en esa instancia se venían analizando diversos aspectos de la problemática de los pueblos amazónicos, desde los decretos legislativos cuestionados —y que ya fueron derogados— hasta la aplicación de políticas en educación y salud intercultural.
 
Un buen proyecto
En medio de tanto desengaño para los nativos, una luz de esperanza se vislumbra en el horizonte, con la presentación al Congreso el pasado 5 de julio —precisamente al mes de los violentos sucesos— de una propuesta de ley de consulta a los pueblos indígenas, por parte de la Defensora del Pueblo.
 
Para Zapata, se trata de una “propuesta interesante, necesaria, pero tardía”. “Si la Defensoría la hubiera presentado hace tiempo, la situación de Bagua no hubiera ocurrido”, reflexiona.
 
Ella, como muchos otros líderes indígenas, está convencida que recién a raíz de las protestas indígenas que comenzaron en agosto de 2008 y su trágico epílogo en junio de este año, las instituciones del gobierno se dieron cuenta de su existencia.
 
“Es algo que lamentamos”, precisa. “La problemática indígena yace desde hace siglos, y son los mismos problemas, no son nuevos: sólo pedimos respeto a nuestro territorio y libre determinación de nuestras tierras; sin embargo, nunca nos escucharon. La Defensoría prepara informes sobre los conflictos y recién con este proyecto está actuando como son sus funciones: velar por la seguridad, y el bienestar de los pueblos”, asegura.
 
El proyecto regula el derecho de la consulta a los pueblos de la Amazonía peruana para prevenir conflictos y garantizar un diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas y, de esta manera, recortar las diferencias existentes durante siglos a las que alude Zapata.
 
Asimismo, establece la necesidad de que las entidades responsables de aprobar las medidas legislativas que sean objeto de consulta, actúen bajo la supervisión de un Organismo Público Especializado en materia de pueblos indígenas.
 
Al presentar la propuesta, la Defensora Merino precisó, en conferencia de prensa, que una ley marco que regule el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas, "resulta más que pertinente", ya que "es necesario sentar unas bases que garanticen el diálogo intercultural y la incorporación de dichos pueblos en el proceso de toma de decisiones del Estado".
 
Y mientras se espera la aprobación de esta ley, ambos sectores, los dirigentes nativos y el gobierno, reconocen que el costo a pagar para que la sociedad voltee la cara hacia la selva ha sido demasiado alto.
 
Por lo pronto, le costó el cargo al ministro Simon y, visto quien será su sucesor, los nativos no se hacen muchas esperanzas de que algo cambie en la situación de marginación e inequidad en la que viven.

Lima, julio (Especial de SEMlac)
Fuente: http://www.redsemlac.net