Teatro de operaciones ¿Un golpe de nuevo tipo?
19/07/2009
- Opinión
Lo que ocurrió en Honduras es la puesta en escena de los sectores hegemónicos para instalar un gobierno con fachada democrática pero con las intenciones de siempre: mantener el poder.
El golpe de estado que el 28 de junio destituyó al presidente constitucional de Honduras Miguel Zelaya es más que el intento de la toma del poder por la violencia de las fuerzas armadas, tan típicos de las décadas pasadas en América Latina, pero también es otro modus operandi que el golpe político y económico cívico militar contra un gobierno democrático.
Constituye una avanzada de los sectores que siempre han manejado los resortes del poder dentro o fuera del gobierno para limitar la participación popular. Aun con un gobierno tibio al que nadie se atrevería a calificar de, siquiera reformista, la corporación política -económica- mediática hondureña se sintió amenazada por el cambio de orientación de un presidente de raigambre tradicional – el Partido Liberal, de centroderecha- hacia posiciones más progresistas.
Los acercamientos de Zelaya al gobierno de Hugo Chávez, el ingreso a Honduras al ALBA y la posición favorable a Cuba en la última asamblea de la OEA, sumados a una mayor sensibilidad hacia los reclamos populares y cierto protagonismo de los movimientos sociales son hechos que merecen un castigo.
La gota que colmó el vaso para lo reaccionarios, fue el llamado a referendo para intentar reformar la constitución que permitiría la reelección de Zelaya, intento tardío del mandatario depuesto cuando ya no había mucho margen para la acción y las fuerzas contrarias ya estaban posicionadas. Micheletti, desde su puesto en la Asamblea Nacional y pre candidato presidencial a las próximas elecciones se asoció a la Corte Suprema, a las fuerzas armadas y a los empresarios para pergeñar el golpe y formar un gobierno con cierta legalidad.
La respuesta de Estados Unidos ante la interrupción del orden constitucional ha sido ambigua. Desde las más altas esferas del poder el presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado Hillary Clinton, condenaron los hechos -una diferencia clara con respecto a otras administraciones- pero fueron muy poco claros en calificarlo de golpe de estado, hablando de “negociación” y de “partes en conflicto”.
Por otra parte, entre bambalinas del acto golpista, se conocieron algunos datos que hacen crecer las sospechas sobre los contactos de los golpistas, su accionar y el verdadero rol de grupos de poder del gigante del norte.
Al respecto sigamos las palabras de la periodista Eva Golinger en el sitio Rebelión:
“La nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio, que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”.i También admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Dicen que su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda con su respaldo a los sectores golpistas”.
A la tesis conspirativa desde el norte abona el presidente ecuatoriano Rafael Correa al afirmar que detrás del golpe hay sectores de ultraderecha tanto de Estados Unidos y latinoamericana.
Este accionar no haría más que concretar, bajo formas más apegadas a las instituciones y con discursos políticamente correctos que ocultan las verdaderas intenciones, la misma doctrina que diseñaron y aplicaron los sucesivos gobiernos norteamericanos para frenar procesos populares en América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Pero como ya no son posibles ni están legitimados socialmente golpes de estado al estilo de los ocurridos bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional en esta parte del mundo (los militares tomando las calles y el poder, suspensión de las garantías individuales, prohibición de la actividad política, cierre del congreso, un poder judicial controlado) ahora la estrategia es otra: socavar a los gobiernos elegidos democráticamente apoyando logística y económicamente a los sectores opositores pero siempre hablando adueñándose de la democracia.
Nada nuevo, se dirá. Y es cierto. Lo distintivo es que ya no se necesita a los militares en el gobierno, porque las instituciones democráticas tienen instrumentos para superar la crisis que ellos mismos provocan. Es cambiar de gobierno para que nada cambie.
Se escapar además este “golpe blando” hondureño a la concepción también diseñada desde el Departamento de Estado: la de las democracias vigiladas o controladas, propias de las décadas del ochenta y noventa, que promovió a gobiernos elegidos democráticamente pero que no cuestionaran en lo esencial la hegemonía de Estados Unidos.
El caso hondureño seguía estos parámetros hasta buena parte del gobierno de Zelaya, pero la mansa cabra se fue apartando del redil y es en ese momento cuando hay que pastorear a los animales descarriados.
Honduras es un caso más de un país centroamericano, casi siempre alineado a Washington, en que la constitución del estado tiene tintes tan liberal-burgueses que la participación popular está muy restringida. El aparato legal jurídico está diseñado para que a quienes detentan el poder se les facilite su consolidación y para aquellos que lo buscan tengan grandes obstáculos.
Los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador van por otro camino, tanto los procesos políticos como sus sustentos jurídicos. Es a este cambio de paradigma que le temen Micheletti y la corporación política fogoneada por la embajada norteamericana. Y siempre es el presidente Hugo Chávez el malo de la película, el que quiere instaurar el comunismo en Honduras o en cualquier parte del continente, como hemos escuchado en forma repetida desde antes del golpe del 28 de junio.
Mientras Zelaya no regrese a la presidencia, el tiempo juega a favor de los golpistas. La presión internacional ya no es la misma y la OEA, a pesar de los esfuerzos iniciales, no tiene poder de presionar al gobierno de facto. El futuro de Honduras dependerá del pueblo movilizado en las calles, de la resistencia civil.
Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
Constituye una avanzada de los sectores que siempre han manejado los resortes del poder dentro o fuera del gobierno para limitar la participación popular. Aun con un gobierno tibio al que nadie se atrevería a calificar de, siquiera reformista, la corporación política -económica- mediática hondureña se sintió amenazada por el cambio de orientación de un presidente de raigambre tradicional – el Partido Liberal, de centroderecha- hacia posiciones más progresistas.
Los acercamientos de Zelaya al gobierno de Hugo Chávez, el ingreso a Honduras al ALBA y la posición favorable a Cuba en la última asamblea de la OEA, sumados a una mayor sensibilidad hacia los reclamos populares y cierto protagonismo de los movimientos sociales son hechos que merecen un castigo.
La gota que colmó el vaso para lo reaccionarios, fue el llamado a referendo para intentar reformar la constitución que permitiría la reelección de Zelaya, intento tardío del mandatario depuesto cuando ya no había mucho margen para la acción y las fuerzas contrarias ya estaban posicionadas. Micheletti, desde su puesto en la Asamblea Nacional y pre candidato presidencial a las próximas elecciones se asoció a la Corte Suprema, a las fuerzas armadas y a los empresarios para pergeñar el golpe y formar un gobierno con cierta legalidad.
La respuesta de Estados Unidos ante la interrupción del orden constitucional ha sido ambigua. Desde las más altas esferas del poder el presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado Hillary Clinton, condenaron los hechos -una diferencia clara con respecto a otras administraciones- pero fueron muy poco claros en calificarlo de golpe de estado, hablando de “negociación” y de “partes en conflicto”.
Por otra parte, entre bambalinas del acto golpista, se conocieron algunos datos que hacen crecer las sospechas sobre los contactos de los golpistas, su accionar y el verdadero rol de grupos de poder del gigante del norte.
Al respecto sigamos las palabras de la periodista Eva Golinger en el sitio Rebelión:
“La nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio, que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”.i También admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Dicen que su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda con su respaldo a los sectores golpistas”.
A la tesis conspirativa desde el norte abona el presidente ecuatoriano Rafael Correa al afirmar que detrás del golpe hay sectores de ultraderecha tanto de Estados Unidos y latinoamericana.
Este accionar no haría más que concretar, bajo formas más apegadas a las instituciones y con discursos políticamente correctos que ocultan las verdaderas intenciones, la misma doctrina que diseñaron y aplicaron los sucesivos gobiernos norteamericanos para frenar procesos populares en América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Pero como ya no son posibles ni están legitimados socialmente golpes de estado al estilo de los ocurridos bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional en esta parte del mundo (los militares tomando las calles y el poder, suspensión de las garantías individuales, prohibición de la actividad política, cierre del congreso, un poder judicial controlado) ahora la estrategia es otra: socavar a los gobiernos elegidos democráticamente apoyando logística y económicamente a los sectores opositores pero siempre hablando adueñándose de la democracia.
Nada nuevo, se dirá. Y es cierto. Lo distintivo es que ya no se necesita a los militares en el gobierno, porque las instituciones democráticas tienen instrumentos para superar la crisis que ellos mismos provocan. Es cambiar de gobierno para que nada cambie.
Se escapar además este “golpe blando” hondureño a la concepción también diseñada desde el Departamento de Estado: la de las democracias vigiladas o controladas, propias de las décadas del ochenta y noventa, que promovió a gobiernos elegidos democráticamente pero que no cuestionaran en lo esencial la hegemonía de Estados Unidos.
El caso hondureño seguía estos parámetros hasta buena parte del gobierno de Zelaya, pero la mansa cabra se fue apartando del redil y es en ese momento cuando hay que pastorear a los animales descarriados.
Honduras es un caso más de un país centroamericano, casi siempre alineado a Washington, en que la constitución del estado tiene tintes tan liberal-burgueses que la participación popular está muy restringida. El aparato legal jurídico está diseñado para que a quienes detentan el poder se les facilite su consolidación y para aquellos que lo buscan tengan grandes obstáculos.
Los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador van por otro camino, tanto los procesos políticos como sus sustentos jurídicos. Es a este cambio de paradigma que le temen Micheletti y la corporación política fogoneada por la embajada norteamericana. Y siempre es el presidente Hugo Chávez el malo de la película, el que quiere instaurar el comunismo en Honduras o en cualquier parte del continente, como hemos escuchado en forma repetida desde antes del golpe del 28 de junio.
Mientras Zelaya no regrese a la presidencia, el tiempo juega a favor de los golpistas. La presión internacional ya no es la misma y la OEA, a pesar de los esfuerzos iniciales, no tiene poder de presionar al gobierno de facto. El futuro de Honduras dependerá del pueblo movilizado en las calles, de la resistencia civil.
Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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