Luego 25 años, ha llegado el momento de saldar una deuda con la comunicación y la sociedad. Habrá más voces, más diversidad cultural, más y mejor democracia.

 

Es tan difícil ser original a la hora de escribir a favor del proyecto de ley de radiodifusión que el gobierno ha tenido el coraje político de llevar al congreso para su discusión. Se corre el riesgo de repetir como loros lo que se escucha en diferentes ámbitos: la calle, los claustros universitarios, los colegas, los que pensamos parecido, o los pocos periodistas de los grandes medios de comunicación que se atreven a defender una ley más democrática y pluralista sin ser por ello obsecuentes gubernamentales.

 

Y aun cuando lo que se diga sea una gota más en un mar de discursos ya hechos que circulan y sabiendo que del otro lado –del lado de los malos- te cataloguen con un epíteto muy de moda como el de “kirchnerista” por el solo hecho de opinar un poco parecido al vapuleado gobierno argentino, los que defendemos el proyecto actuamos por sana y legítima convicción.

 

La Nueva Ley es necesaria. Para los que trabajamos en la comunicación es una verdad de perogrullo. Es tan necesario un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de los medios audiovisuales como es necesario que una democracia que se precie de tal pueda diversificar las voces que hoy, con la ley de la dictadura, no están garantizadas en el espacio radiotelevisivo.

 

Hay que decirlo con claridad, una iniciativa que ataque los monopolios, cualquiera sea el rubro, tiene intenciones y componentes valorables. Si esa ley además mejora sensiblemente la llegada de otros actores al escenario de los medios de comunicación, da al publico la posibilidad no solo de escuchar otras voces sino de ser protagonista y tener voz, es más elogiable aun. Si hay más voces habrá más contenidos-periodísticos, culturales, deportivos, musicales- y mayor pluralidad ideológica, más democracia.

 

Así por ejemplo, una organización indígena podrá ser licenciataria de un medio de comunicación y comunicar cosmovisión a cualquier público. Lo mismo podrá ocurrir para un sindicato, o una ONG.

 

El proyecto de ley prevee, entre otras mejoras, garantizar un mínimo de 60 por ciento de producción de contenidos nacionales para la radio y la televisión, la promoción de contenidos locales y provinciales, una cuota de pantalla de cine nacional, una tarifa social, la incorporación de las nuevas tecnologías, un máximo de 10 licencias en manos de una persona, mientras que el espectro radiofónico se repartirá por tercios entre los sectores público, comercial y comunitario.

 

Todos estos puntos no están presentes en la ley actual. Este proyecto es de avanzada (dicho por representantes de la ONU) y ha tomado las mejores iniciativas de legislaciones de Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos y las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Además la apoyan la Federación internacional de Periodistas, Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), las universidades públicas, entre otros.

 

Aquellos que se oponen a que un proyecto de este tipo sea aprobado solo responden a mezquinos intereses políticos y en nombre de la libertad de prensa, terminan alineándose sin ruborizarse con los sectores más retrógrados del espectro político, a los que los oligopolios mediáticos prestan micrófonos y páginas de los diarios.

 

El debate debe darse en el congreso, hay que modificar lo necesario y hay que profundizar la discusión en ámbitos legislativos de la propuesta que desde hace décadas vienen clamando decenas de organizaciones vinculadas a la comunicación, radios comunitarias, universidades públicas nacionales por tener una ley democrática en épocas de democracia.

 

La ley no es de un grupo político o del gobierno, se sabe que la pelea por una nueva ley empezó a discutirse en 1983 con la vuelta del régimen de derecho en la Argentina. Lo que ha hecho el gobierno al enviar el proyecto al congreso es poner decencia en un ámbito donde unos pocos quieren acallar las voces. Es en nombre de esas voces que tenemos que gritar “Sí a la ley de radiodifusión”.

 

- Germán Gonaldi es editor de la Agencia Periodística del Mercosur y docente del Taller de Producción Radiofónica I de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.