Demandan reformas jurídicas contra la violencia pública y privada

Red de Prevención y Atención de Violencia en El Alto, et al.

26/11/2009

Opinión

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Instituciones y organizaciones sociales de El Alto protagonizaron una masiva marcha desde la Ceja hasta el Congreso Nacional, donde hicieron entrega de un voto resolutivo al diputado Guillermo Mendoza, presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, en el que exigen reformas urgentes a las normas jurídicas para los delitos que se realizan en el marco de la inseguridad ciudadana en los ámbitos público y privado.

Cerca de 31 instituciones y organizaciones agrupadas en la Red de Prevención y Atención de Violencia en El Alto, junto a la Federación de Juntas de Vecinos y la Federación de Padres de Familia, manifestaron su preocupación ante los constantes delitos de robo, violación y asesinato que se producen en la urbe alteña, contra niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres.

El diputado Mendoza se comprometió a hacer seguimiento a los casos en el espacio parlamentario así como hacer entrega de la documentación que existe en la Comisión de Política Social para el oportuno control social de la aplicación de las normas así como de las reformas que se exigen.

Entre las instituciones firmantes del voto resolutivo se encuentran el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), Centro de Información para el Desarrollo de la Mujer (CIDEM), CIES, Sartasi, Warmi, Suma Jacaña, Promujer, CECADEM y otras.

Voto resolutivo

La Red de Prevención y Atención contra la Violencia de El Alto que agrupa a 31 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, preocupadas por el aumento de las cifras de casos de inseguridad ciudadana, violaciones y robos, y sobre todo por la vida de mujeres, adultas, adolescentes y niñas que corren un alto riesgo, a raíz de la violencia que se imparte en hogares, calles y centros educativos, con el apoyo de las organizaciones sociales como la Federación de Juntas Vecinales y la Federación de Padres de Familia y otros marchamos desde la ciudad de El Alto hasta el Congreso Nacional exigiendo el endurecimiento de las sanciones para los delitos de femicidio, violaciones y robos bajo las siguientes consideraciones.

Considerando:

Que: En el primer semestre de 2009 se han registrado 17 feminicidios, 14 en la ciudad de El Alto y 3 en la ciudad de La Paz, según datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). De 203 mujeres que sufren violencia, el 29% denuncia estar en riesgo de muerte por haber recibido amenazas, intento de asesinato, violencia extrema por golpes con objetos contundentes, quemaduras en la cara y el cuerpo, haber sido obligadas a ingerir alimentos envenenados y ser atacadas con armas punzo cortantes.

Que: De cada 10 mujeres 7 sufren algún tipo de violencia en sus hogares, a partir de una investigación realizada en más de 300 municipios del país. El 75% de los casos son repetitivos y del total de mujeres que admitió ser víctima de violencia, el 53% no realizó ninguna acción y sólo el 17% hizo alguna denuncia, según reporte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

Que: En el periodo 2000-2005 existe un promedio de 44.136 casos de violencia registrados en la Policía y la Brigada de Protección a la Familia, de los cuales 33% son psicológicos, 25% agresiones combinadas y el 23% agresiones físicas y sexuales.

Que: Las cifras de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja que apunta un promedio diario de 12 violaciones a niños/as y adolescentes, de los que menos del 1% deriva en sentencia. En comparación a dos años atrás, la cifra se elevó en un 120%.

Que: Según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Bolivia, 1162 Niños/as y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en el 2008, sólo el 0.4% de los autores recibieron una sentencia y el 99,06% no tuvo condena, por posibles transacciones económicas entre los familiares de la víctima y el agresor. De ésta cifra 139 casos corresponden a la ciudad de El Alto.

Que: La ausencia de fallos judiciales contra los agresores se debe a varios factores, como el tráfico de influencias en los juzgados, retardación de justicia, hasta el desestimiento de la víctima, los familiares aceptan dinero u otro tipo de compensaciones e incluso se celebran matrimonios entre el agresor y la víctima. Estos factores fortalecen la estructura de impunidad vigente en el Órgano Judicial por lo que urge su reestructuración y las sanciones a los funcionarios/as públicos/as negligentes”.

Que: En la ciudad de El Alto cerca de 50 pandillas juveniles operan en las zonas amedrentando con el robo. Están constituidas por 10 y 200 jóvenes y adolescentes entre 12 y 17 años, y para pertenecer a una de ellas un requisito es violar a una mujer y llevar una prenda íntima como prueba del hecho, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Por tanto, se resuelve:

1. Demandar celeridad en las reformas de la normativa jurídico- legal: Modificaciones al código penal, ampliación de sanciones para los violadores, aprobación a las reformas de la Ley contra la violencia Intrafamiliar 1674.

2. Exigir la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género para garantizar a las mujeres el respeto, una vida digna y libre de violencia en los ámbitos familiar, laboral, sistema educativo, medios de comunicación, sistema de salud, institucionalidad pública y en la comunidad.

3. Exigir la reestructuración del nuevo Órgano Judicial según la Constitución Política del Estado para la aplicación correcta de las leyes, además denunciar y exigir sanciones drásticas a los funcionarios negligentes, tráfico de influencias y contra la retardación de justicia para desestructurar el sistema de impunidad vigente.

4. Exigir políticas públicas a las instancias gubernamentales a nivel nacional, departamental y local para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana causar muerte, dolor, y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado según el artículo 15 de la nueva Constitución Política del Estado.

5. Asumir desde la ciudadanía una participación activa y vigilante frente a los delitos de violencia, negligencia e impunidad en todos los niveles como corresponsables de la construcción de una sociedad dónde se respete la vida de todos y todas. Exigiendo cero tolerancia a la violencia en la familia, las calles, unidades educativas, ámbito laboral, instituciones públicas y privadas.

El Alto, Bolivia, 25 de noviembre de 2009.

https://www.alainet.org/fr/node/137978