A fin de combatir el delito de la trata de personas en el país, es necesario homologar las leyes estatales, aplicar el Protocolo de Palermo, sensibilizar a las autoridades y la sociedad civil, fomentar la participación de los tres niveles de gobierno y poner especial atención en la prevención.

 

De acuerdo con legisladores, funcionarios y defensores de derechos humanos, estas acciones, junto con la implementación del Protocolo de Palermo, un tratado internacional que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de mujeres, niñas y niños, será una forma de proteger a las victimas.

 

Durante las mesas de trabajo del foro “Hacia una legislación integral en materia de trata de personas y delitos relacionados” que hoy concluyó en San Lázaro, los participantes coincidieron en que se han tomado acciones para hacer frente a este fenómeno, sin embargo aún hay diversas problemáticas para combatir ese delito en sus diferentes modalidades.

 

Se precisó que en estados como Chiapas, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León y Sonora ya se trabaja en el combate de este delito, aunque falta capacitación y sensibilización de los funcionarios, y una homologación del marco jurídico para hacer de éste un tema transversal.

 

Perla Elizabeth Peralta, presidenta del DIF municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, reconoció que “parece que no estamos haciendo nada” en este tema pero dijo que es necesario que exista una comunicación integral entre las distintas dependencias de cada entidad para tener avances y saber cuáles son las necesidades de cada lugar.

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

 

Al subrayar que la trata de personas es un tema de responsabilidad del Estado, la coordinadora de Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), Laura Salinas Beristáin señaló que no basta con federalizar este delito y declaró que “cada orden de gobierno debe enfrentar la parte que le toca, que se repartan las responsabilidades entre todos y no dejar todo en una sola institución.

 

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, mencionó que se debe reconocer el fenómeno desde el más alto nivel porque “la negación indica ignorancia o complicidad”. Consideró que si un gobernador dice que en su estado no hay violencia contra las mujeres o trata, “está dando permiso para violentar a las mujeres y acomoda el terreno a los tratantes”.

 

Por lo tanto, los asistentes coincidieron en que debe ser un tema transversal que no sólo tenga que ver con la Fevimtra, también deben participar instituciones de salud, turismo, de caminos y puentes, los municipios y así hacer de este un tema de Estado.

 

Además la experta en educación pública, Gabriela Scherer Ibarra, destacó la importancia de la prevención y de la educación porque el hecho de no asistir a la escuela, la falta de identidad legal (no contar con un registro civil), y los ambientes violentos hacen vulnerables a ser víctimas de trata a niñas, niños y jóvenes. 

 

Durante el foro, se revisó la iniciativa de Ley general para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y otras iniciativas sobre la materia, presentadas en las Cámaras de Diputados y de Senadores, con el fin de recoger puntos de vista, observaciones y sugerencias de los actores institucionales y sociales relacionados con el tema.

 

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