La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que ha provocado, antes y después de su promulgación, una reacción de un reducido pero influyente sector de la sociedad –por su condición de aparato ideológico y actor político ante la ausencia de partidos–, adquiere un doble valor: salda una deuda histórica con los pueblos indígenas y originarios, por un lado, y honra el compromiso del Estado boliviano ante las Naciones Unidas.

 

Vayamos por partes. La decisión del presidente Evo Morales de poner en marcha una ley contra el racismo estaba dentro de lo previsible pues no hay un proceso de igualación social –al que apunta la revolución boliviana– sin afectar las causas materiales, simbólicas, culturales e institucionales que han hecho posible la producción y la reproducción de una colonialidad antes, durante y después de la fundación de una República en la cual capitalismo y colonialismo –hermanos siameses– han desarrollado todas las formas de enajenación de la mayor parte de la población.

 

No es una casualidad que el color de la piel y la naturaleza del apellido hayan jugado un papel determinante en la constitución de las clases sociales en Bolivia. Tampoco es un accidente de la historia que la pobreza se hubiese expresado durante décadas con rostro indígena, afroboliviano y de mujer. Las clases dominantes enajenaban a las clases subalternas por su condición nacional-cultural (étnica), por su clase y género. Por tanto, una de las tareas de dimensión histórica para el primer Gobierno indígena-popular de Bolivia desde una perspectiva descolonizadora y anticapitalista consistía en construir una institucionalidad radicalmente diferente a la vigente en el Estado monocultural y compatible con la razón de ser y la proyección del Estado Plurinacional. La ley contra el racismo es un primer paso –en términos de prevención y sanción– de los otros que todavía restan por darse para destruir las causas estructurales de la desigualdad social.

 

Desde el punto de vista internacional, la promulgación de la norma es el cumplimiento, desde una posición de Estado, de varios instrumentos aprobados como la carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales (1960), la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1963) y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), ratificado en 1970.

 

El “olvido” del Estado boliviano de las declaraciones y convenciones internacionales de las cuales es signatario fue advertido por la ONU. El Comité para la Eliminación de la  Discriminación Racial le pidió a las autoridades bolivianas desde 1975 –cuando el dictador Banzer promovía la llegada de sudafricanos de origen blanco– hasta 2003 –poco antes de la huida de Sánchez de Lozada–, la aprobación de leyes que tipifiquen como delitos el racismo y la discriminación.

 

¿Por qué no lo hicieron? Es que la construcción y la reproducción de las relaciones de poder, las múltiples formas de acumulación de riqueza y las diversas maneras de opresión cultural han estado directamente vinculadas al desprecio del “otro”, del “diferente”, del “inferior” y que para los ‘modernos’ en nuestro país, han sido el indio, el afrodescendiente y la mujer. El cumplimiento de las declaraciones y las convenciones hubiese implicado para el bloque de poder que gobernó Bolivia hasta enero de 2006, un acto de suicidio colectivo y un aporte a la destrucción de las fuentes materiales, simbólicas, políticas e institucionales de su poder y de su reproducción como clase dominante. ¿Por qué lo hizo Evo Morales? Por razones radicalmente distintas de las que tuvo el viejo bloque burgués-oligárquico-imperial para no hacerlo. En síntesis, esta es una victoria del bloque nacional-indígena-popular boliviano, pero al mismo tiempo un aporte extraordinario a la lucha emancipadora de otros pueblos del mundo.

 

- Hugo Moldiz