Defensor de derechos humanos fue detenido por 8 horas
23/11/2010
- Opinión
Magistrada de San Pedro Sula tuerce el brazo a la justicia para cometer arbitraria detención por más de 8 horas contra defensor de derechos humanos.
Alarma en la policía creó la Magistrada Maria Esther Murillo Rivera, de la Corte de Apelaciones de Sala de lo Penal de San Pedro Sula quien se presentó a la posta policial de la ciudad de El Progreso en horas de la tarde de ayer, para denunciar que un hombre traía bajo amenaza a pasajeros de un autobús que de Tegucigalpa se conducía a la ciudad de La Ceiba, y que entre las afectadas se encontraba su hija Julissa Blanco Murillo.
Dos patrullas se desplazaron para bajar de la unidad en la ciudad de El Progreso, a Roque Rivera, director de la Fundación Popol Nah Tun, quien se desempeña en el trabajo social y defensa de derechos humanos en la zona del Aguán. Elementos policiales procedieron a su detención a eso de las 2: 30 de la tarde y buscaban el arma con la que supuestamente traía atemorizados a los pasajeros, sin embargo el único equipaje que decomisaron fue una computadora portátil que traía consigo Rivera.
En el acto el conductor del bus fue indagado sobre el supuesto hecho, y este aseguró que ninguna situación anormal había sucedido en el trayecto del viaje.
En la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC, de El Progreso la supuesta amenazada Julissa Blanco Murillo junto a su madre la magistrada Maria Esther Murillo Rivera presionaban a los agentes para que se tomara denuncia contra Roque Rivera. Dos agentes de turno aseguraron “ la señora llegó con mucha soberbia haciendo alarde de su condición de magistrada , “ quería que nosotros inventáramos un delito” “ nosotros no tomamos la denuncia por encontrar inconsistencia en el relato de la muchacha”, dijeron.
Una hora después llegó el fiscal Max Dávila a la posta policial para indagar sobre la detención del defensor de derechos humanos, y evaluar al parecer su estado emocional. Insistió en preguntarle por que estaba nervioso a lo que Rivera respondió que lo que estaba era indignado " usted mismo lo estaría si le ocurriera lo que me ha sucedido" dijo.
Minutos mas tarde el Fiscal desapareció de la escena y en la jefatura el Sub jefe departamental Gómez Aguilar nada decir saber sobre la situación ni que hacer con respecto a la liberación de Roque Rivera.
Dos horas transcurrieron después de la detención para que apareciera un escrito con número de denuncia 30 65 2010 en una de las computadoras de las oficinas de la DGIC, que inconcluso y sin el nombre del acusado se tramaba por el supuesto delito de Privación a la Libertad, interpuesto por la hija de la magistrada Murillo Rivera. “La orden de proceder contra Rivera había llegado a través de una llamada telefónica directamente de la jefa de fiscales Karla Mendez” de El Progreso, informó el abogador defensor Marcelino Martinez.
Martínez dijo que la denuncia adolecía de una serie de incongruencias claramente era evidente las presiones políticas ejercidas por la magistrada Murillo, el testimonio inicial presentado por la madre y la joven se había ido trastocando para justificar la ilegal detención de Rivera, “ aquí lo que hubo fue falta de carácter de la Fiscalía se dejaron intimidar, todos tanto en la policía como en la DGIC coincidían que no había fundamentos racionales para la acción”.
A la cinco de la tarde se presentó recurso de Habeas Corpus por los profesionales del derecho Martínez y Azucena Núñez Guzmán quienes acudieron desde tempranas horas intentando que alguna autoridad resolviera el incidente provocado por la magistrada y su hija. Ya por la noche fue nombrado como juez ejecutor, el defensor público Wilfredo García para que actuara bajo los preceptos legales en atención a la denuncia contra Rivera.
A las once de la noche la Fiscal Iris Beatriz Elvir ordenó su libertad sin objeción al no encontrar ningún indicio de delito y anormalidad en la persona del sociólogo Roque Rivera, director de la Fundación Popol Nah Tun.
La Magistrada Maria Esther Murillo Rivera, fungió por varios años en la Defensa Pública de la ciudad de El Progreso, después del golpe de estado de junio 2009 fue ascendida a Magistrada en la Corte de Apelaciones de la Sala Penal en San Pedro Sula, es de conocida vinculación al Partido Liberal y estrecha cercanía con el dictador Roberto Michelleti Baín.
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