Bienvenidos al club!

Fernando Glenza

02/04/2011

Opinión

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El país trasandino oficializaría su ingreso al “Club de los Transgénicos” de prosperar un proyecto de ley que permitiría liberar el cultivo de semillas genéticamente modificadas en su territorio.

La presentación de un proyecto de ley apoyado por el Ministerio de Agricultura que permitiría ampliar el cultivo de transgénicos en Chile, encendió el debate. La Senadora Ximena Rincón del Partido Demócrata Cristiano entregará el lunes 4 de abril una carta al presidente Sebastián Piñera solicitando el retiro del proyecto por carecer de bases técnicas suficientes.

La legisladora indicó al diario digital Maulee que “hay temas que son especialmente sensibles para la opinión pública como la energía nuclear o los transgénicos, donde más que la rapidez importa que las decisiones que se adopten sean consensuadas y respaldas por un gran acuerdo país. Ya hubo descontento con decisiones que se tomaron sin respaldo ciudadano sobre generación de electricidad con plantas nucleares y ahora se está en una situación similar, tratando de apurar un debate que debe tomarse todo el tiempo que sea necesario, porque los errores que se cometan ahora pueden pagarlos las próximas dos o tres generaciones de chilenos”, en referencia al “Memorándum de entendimiento y cooperación relativo a la utilización de energía nuclear con fines pacíficos” suscripto con los Estados Unidos el pasado 18 de marzo, en plena crisis de la usina atómica japonesa de Fukushima.

Según informes de la ONG internacional con sede en Londres, Red de Ciencia y Desarrollo, desde 1992 Chile sólo autoriza la multiplicación de semillas genéticamente modificadas (GM) para exportación. Con 20 mil hectáreas cultivadas, el país se convirtió en el primer exportador de semillas GM del hemisferio sur, principalmente de maíz, soja y colza. A la vez que importa mayormente maíz y soja GM, con los que se elaboran alimentos para el consumo animal y humano, incluyendo aceites, alimentos para niños, harina y productos lácteos.

En un comunicado de prensa, la Fundación Sociedades Sustentables (FSS) rechazó los aportes introducidos al “Proyecto de Ley de Vegetales Genéticamente Modificados” por el Ministerio de Agricultura en marzo de 2011, indicando que “otorga grandes facilidades para su liberación y permite su consumo interno, sin establecer suficientes resguardos para evitar sus impactos negativos al medio ambiente, biodiversidad, salud humana y animal y no otorgan suficiente información a los agricultores y consumidores”. Observando que las modificaciones al proyecto de ley, liberalizan aún más el uso de transgénicos y “sólo benefician los intereses económicos de las empresas semilleras biotecnológicas transnacionales instaladas en Chile y no a los agricultores y consumidores”.

Por su parte, el Ministro de Agricultura de Chile, José Antonio Galilea, defendió la iniciativa que complementa la moción parlamentaria, asegurando que “pretende poner al alcance de los agricultores chilenos el uso de esta tecnología ampliamente difundida en el mundo, que presenta ventajas en materia de rendimientos y costos favorables para los productores. Privarlos de ella constituye sin dudas una suerte de competencia desleal”.

Entre los aspectos más conflictivos que se debaten, la FSS destaca:

1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente;

2) Otorga aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para “uso controlado”, con fines de investigación o multiplicación de semillas, que no requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los “farmacultivos” rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías;

3) Establece el “uso liberado” de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego libres de ser liberados sin solicitar permisos nuevamente;

4) Permite la declaración de sitios de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos. Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos, haciendo inviable la protección de los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile, que aún están en manos de pequeños agricultores, como por ejemplo las razas de maíz criollos. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución;

5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica;

6) Otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad;

7) Establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados, violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a aquellos libres de transgénicos, que deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.

En sintonía con el Ministerio de Agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que reúne a gran parte de los productores, profesionales, asociaciones y federaciones vinculadas al agronegocio chileno, apoya el proyecto. Su gerente de estudios, Ema Budinich, señaló al servicio informativo de la Red de Ciencia y Desarrollo, SciDev.Net, que éste “corrige la desventaja de los productores chilenos frente a productos importados que ocupan la tecnología, asegura la coexistencia de tecnologías convencionales y transgénicas y aumenta las oportunidades a científicos nacionales para hacer investigación y desarrollo en transgénicos”.

Mientras tanto, en las “redes sociales” como Facebook o Twiter los mensajes que corren señalan como ejemplo los daños causados por la soja transgénica en Argentina.

En 2010, la superficie agrobiotecnológica mundial alcanzó las 148 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 10 por ciento con respecto a 2009. En la actualidad, 29 países adoptaron cultivos transgénicos, entre ellos Chile: “Bienvenidos al club”.

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5018

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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