Los pueblos indígenas presentes en las negociaciones sobre cambio climático en Durban, Sudáfrica, urgen a los gobiernos del mundo a alcanzar un marco de compromisos vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a por lo menos 45% por debajo de los niveles de 1990, hasta 2020, y 95% para el 2050. Estos acuerdos deben enmarcarse el en seguimiento del Protocolo de Kioto, que vence en 2012, y constituye el único mecanismo internacional que obliga legalmente a los países a enfrentar las causas del calentamiento global.

 

En la Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, cuya versión preliminar fue presentada a la prensa el 2 de diciembre, se insiste también en la eliminación gradual del desarrollo de combustibles fósiles y en una moratoria sobre su explotación en o cerca de los territorios y tierras indígenas.

 

Pero además, se considera que no basta solo con una visión estrecha de la problemática: “La visión compartida para la acción de cooperación a largo plazo no debe reducirse a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de GEI en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza”, expresa la Declaración. Asimismo, propone revisar “las concepciones de desarrollo basadas en la acumulación de riquezas que acentúan la explotación sin límite de los bienes naturales”.

 

Los pueblos indígenas exhortan a los gobiernos a adoptar los acuerdos en conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada hace 4 años por la propia ONU), en particular con respecto a los derechos a los territorios y bienes naturales y las garantías de la plena participación de los pueblos indígenas en todos los niveles.

 

En materia de transferencia de tecnología, destacan que “el conocimiento es universal y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad y utilización privativa”. Se recomienda crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo y la gestión del intercambio de tecnologías –que sean limpias y socialmente adecuadas-, con el financiamiento correspondiente. Además, las patentes deben pasar del dominio privado al dominio público, asegurando libre accesibilidad y bajo costo.

 

La Declaración demanda el reconocimiento y respecto a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Tanto para la mitigación de las causes del cambio climático, como para la adaptación a sus efectos, recomienda incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas -sujeto a su consentimiento- y garantizar la participación de expertos indígenas. Insiste en que el monitoreo y verificación no se limite a medir los cambios en la cobertura boscosa, sino que incorpore también variables sociales, y que se elabore un informe específico sobre los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas.

 

En cuanto a las poblaciones desplazadas por el cambio climático, los Estados deben asegurar que los indígenas no sean reubicados lejos de sus tierras tradicionales y que los programas y medidas sean acordes con sus derechos, estatus, condiciones y vulnerabilidades, estipula la Declaración.

 

Respecto al financiamiento para la mitigación y adaptación, se debe garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Tales recursos deben ser equivalentes a al menos el 6% del PIB de los países desarrollados, y ser adicionales a los actuales fondos de ayuda al desarrollo. “Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climática. En el marco de la deuda climática, exigimos a los países desarrollados que restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de GEI”, reza la Declaración.

 

Además, se debe asignar recursos directos para los pueblos indígenas, incluyendo un fondo específico para que los pueblos y comunidades puedan desarrollar sus propias actividades para remediar el cambio climático. Estos fondos no deben ser administrados por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, “porque financian proyectos que contribuyen al calentamiento global”.

 

Con respecto a los mercados de carbono, el Foro indígena recuerda que la mayoría de bosques del mundo se encuentra en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. El comercio de carbono privatiza y comercializa los bosques. En tal sentido, expresa preocupación por que los programas REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques) puedan poner en peligro el futuro de la humanidad al reforzar el uso de combustibles fósiles, y amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas, por lo que “puede resultar en el despojo de tierras más grande de todo el tiempo”. Preocupa asimismo la falta de salvaguardas adecuadas, la promoción de plantaciones industriales, incluyendo la posible siembra de árboles transgénicas, y la inclusión de suelos y prácticas agrícolas en REDD+, “que podrían comodificar casi toda la superficie de la Madre Tierra”.

 

“Los bosques están conservadas y manejadas lo más exitosamente con la gobernabilidad indígena de los bosques y el reconocimiento, la demarcación y la titulación de las tierras y territorios colectivos de los Pueblos Indígenas”, concluye la Declaración.