Confusiones a cielo abierto

Daniel Gonzalez Almandoz

25/02/2012

Opinión

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La discusión respecto de la minería adolece, a esta altura, de haberse constituido en una consigna panfletaria funcional sólo a las críticas restauradoras. Al mismo tiempo, esa adolescencia le resta peso a un derecho, el de reclamar, legítimo, sobre un tema sensible a los intereses populares.

El debate respecto de la minería en Argentina parece ser el nuevo embate deconstructivo contra los procesos de transformaciones populares iniciados en 2003.

Con diversidad de intereses en pugna, con fuertes dosis de maniqueísmo y con pocas, demasiado pocas, decisiones de análisis profundo; la militancia contra la megaminería contaminante pareciera ser, necesaria e indefectiblemente, una opción incompatible con la consolidación de un proceso de igualación de derechos y de redistribución simbólica y material.

Pareciera también que todo fenómeno de explotación minera fuera “mega”, “contaminante” y “extranjerizante”; sin detenerse a pensar sobre la posibilidad de instrumentar alternativas viables en el marco de lo nacional -indefectiblemente latinoamericanista- y popular -indefectiblemente complejo, contradictorio y dinámico-; o para poder determinar si se deben desechar los planes mineros, pero como resultado de análisis profundos y no únicamente de propaganda panfletaria.

Parece ser, además, que la minería es la única práctica humana que contamina el medio ambiente y dilapida recursos vitales como el agua, sin detenerse a reflexionar -y a militar-, por ejemplo, en la cantidad de litros destinados, muchos innecesarios, para el desarrollo agrícola, que de acuerdo al Programa Medioambiental de Naciones Unidas representa cerca del 70 por ciento del consumo total de agua.

Otra idea burdamente extendida es la que señala que la única lucha ambientalista válida, posible o necesaria es la antiminera, sin siquiera ponerse a reflexionar en torno a problemas como los que ocasiona la basura tecnológica -tecnología que en algunos casos es tributaria de la minería; y que es también herramienta de militancia de profundo y profuso uso por parte de movimientos ambientalistas-; la práctica de quema de neumáticos como forma de resistencia; la proliferación de basurales a cielo abierto; sin olvidarse aquí de la inmejorable oportunidad perdida para ponerle coto al monocultivo depredador y esterilizante sojero en 2008 cuando diversos sectores que indudablemente también responden al ideario popular -aunque en muchas ocasiones adolezcan, como sostiene Ricardo Forster, de cierto arcaísmo anacronizante- resultaron funcionales al lockaut patronal agrario contra las retenciones a la oleaginosas, al acompañar sus medidas de fuerza.

Unificar para reinar

Contrario al dicho popular que marca que la división es el mecanismo para la dominación; da la sensación que la contraofensiva conservadora intenta el recorrido opuesto, esto es, presentar como que todo es lo mismo para deslegitimar un proceso que tiene en sus genes el ADN de la diferencia y la divergencia.

En una nota publicada en la anterior edición de APAS, Ernesto Espeche consignó que lo popular es “contradictorio y caótico, pero también creativo y transformador”.

Tomando estos elementos, señalamos a su vez que por estas características, lo popular sufre permanentes reformulaciones, adaptaciones y, por lo mismo, necesariamente debe entenderse en sus contextos históricos.

En otras palabras, lo popular necesariamente tiende a actualizarse, aunque se mantenga contenido por algunos márgenes no siempre claros de distinguir: lo popular, en tanto condición plebeya, se ha movido con poca claridad y mucha contradicción en su interior; pero siempre ha sido objeto de desdén por parte de los sectores ilustrados, tanto de derechas como de algunas izquierdas puristas y dogmáticas.

Aquellas complejidades; junto al peso social -sentido común, si se quiere en una matriz gramsciana- logrado por las fórmulas de rechazo a lo popular -incluso por sujetos populares- produce un fuerte grado de simplificación.

Con esto se construye la creencia de que toda adhesión al modelo de Estado actual implica su aceptación plena y sin posibilidades de matices y diferencias; sin entender que esa condición de diversidad es, en gran parte, lo que soporta la vigente mirada acerca de lo nacional y popular.

Dicho en otras palabras, desde los sectores dominantes instalados en los poderes fácticos se presenta una linealidad, curiosamente asimilada por algunos sujetos dominados, de la existencia de un eje únivoco, homogéneo y sin contradicciones entre cuestiones como políticas nacionales; decisiones provinciales y locales; políticas sociales, minería y represión.

Sobre esto es preciso despejar los reduccionismos, parafraseando a Carlos Rodríguez Esperón, para presentar algunas ideas que permitan acercarse a un escenario complejo.

Por un lado, es útil distinguir algunos intereses en pugna a fin que, siguiendo alguno de los ejes vertidos por el diputado nacional Carlos Raimundi –Bloque Nuevo Encuentro- en el programa El Candil, que se emite por la frecuencia mendocina de Radio Nacional, sectores populares participantes de un reclamo legítimo como el antiminero no terminen siendo funcionales a una deconstrucción de poder político de un Estado que se caracterizó por el reconocimiento y ampliación sus derechos sociales, simbólicos y económicos.

Por otro lado, reconocer que los condenables actos represivos como los ocurridos en Tinogasta, son actos cometidos por gobiernos locales, sin ingerencia nacional. En este sentido resulta útil el comunicado emitido por el diputado socialista Jorge Rivas, quien declaró que “la represión del movimiento social, de cualquier manifestación de las luchas populares, es intolerable, por eso condenamos con toda energía la que desencadenó la policía de Catamarca en Tinogasta”; y que “el proyecto que encabeza la Presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado desde su inicio por procurar respuestas a la demanda popular, y no por reprimirla”.

En su sentido parecido se expresó el titular del bloque de diputados de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella quien en declaraciones recuperadas por la Agencia Paco Urondo afirmó: “la forma violenta de responder a las demandas sociales está en las antípodas del rumbo transformador y profundamente democrático del gobierno nacional”. “El gobierno provincial -agregó el referente de Nuevo Encuentro- debe asumir su responsabilidad política sobre los hechos y avanzar en la investigación que permita sancionar a los efectivos policiales involucrados”.

Y en última instancia, entender, como ya se señaló, que la posibilidad de debatir un diseño minero no implica la aceptación o adhesión homogénea, como lo demostraron los intendentes de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Famatina, Israel Bordagaray, ambos kirchneristas, que, de acuerdo al diario digital La Voz, manifestaron estar "en contra del sistema de extracción de minerales a cielo abierto y de que vengan empresas foráneas a llevarse nuestros recursos".

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5433

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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