En un contexto donde la política interna de Estados Unidos se readecúa luego de concluidas las elecciones de medio término, vale la pena mirar hacia los posibles derroteros para la proyección exterior y de seguridad hacia las Américas.

 
La política exterior y de seguridad de Estados Unidos de América hacia la región se reconfigura y actualiza en la segunda mitad del siglo XXI, a partir de diversos ángulos políticos, diplomáticos, que tienen un foco de atención en los principales problemas de seguridad de la región. Entre estos se destaca la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y delitos conexos como la trata y el tráfico de personas. Para ello se realizan acciones que otorguen mayor atención a estos temas en el hemisferio occidental.  En tal sentido, se ejercen los instrumentos de poderío nacional, adecuándose a las características de cada subregión y país.
 
En esa dinámica, se aprecia el uso del poder inteligente “smart power” como un pilar para consolidar el liderazgo de EE.UU. a nivel global. Para ello se desarrolla la interrelación entre organizaciones, instituciones y líderes de impacto internacional.  Desde esta perspectiva se proyectan las políticas hacia las Américas; buscando que se adecuen a las características de cada territorio y país. El otro interés radica en el reconocimiento de las  peculiaridades de cada territorio, para tener la capacidad de prever situaciones de inestabilidad  como son las crisis migratorias, o las afectaciones a la estabilidad de gobiernos que son aliados  fundamentales en la región (México, Colombia, Perú) o que son contestatarios a sus intereses  como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.
 
Sin embargo, las acciones emprendidas para lograr una política más proactiva y  actualizada, no logran cambiar la visión militarista del problema de seguridad por parte de  EE.UU. sino que se acentúa el control en las fronteras, así como los programas de asistencia  policial y jurídica-institucional hacia los organismos represores y las instituciones  gubernamentales encargadas del control, ante la incapacidad de trazar estrategias más  coherentes, que atiendan la esencia de los problemas de seguridad de forma integral.  Paralelamente, la política estadounidense busca un mayor consenso y participación en sus programas, para lo que utiliza los medios de comunicación y las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la búsqueda de un mayor apoyo multilateral. De esta forma, su proyección exterior pretende un liderazgo más colectivo, donde si bien se aprecia como el primero entre iguales, logra una mayor coordinación con otros países. Ello se corresponde con las circunstancias en que se desarrollan hoy las dinámicas político-diplomáticas a nivel global y en particular con las Américas.
 
El debilitamiento de su capacidad de lograr consensos en la OEA, y la variedad de  esquemas de concertación existentes, desde los más contestatarios como el núcleo duro del  ALBA-TCP (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba) hasta organizaciones más  heterogéneas como la UNASUR y en la CELAC, evidencian la necesidad de una política más  mesurada e inteligente, basada en la búsqueda de puntos de interés común, y del  empoderamiento de aquellos actores gubernamentales, sectores sociales y líderes nacionales y  territoriales, que tienen una mayor afinidad con sus intereses priorizados en la región.  En el orden diplomático y de asistencia al desarrollo, el Departamento de Estado consolida nexos de interés común con otros actores de influencia, como son las transnacionales, las ONG, las fundaciones, los centros de pensamiento, las instituciones internacionales, los grandes medios de comunicación y las TICs. Entre los temas priorizados se destacan: los derechos humanos, la democracia, la gobernabilidad, la seguridad civil y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo y los desastres naturales. De ellos el que más conmoción ha causado en los últimos meses en la región ha sido el tráfico ilegal niños sin compañía, producto –entre otros factores- de la violencia e inseguridad que padecen varios países de la región, fundamentalmente los del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).
 
La política hacia esos países se complejiza ante las crisis de seguridad vinculadas al crimen organizado transnacional, particularmente al tráfico ilegal de drogas. Ello ha conducido a la situación traumática que se vive hoy con los miles de menores no acompañados que acuden a la frontera de EE.UU. con México. La situación de alarma se viene incrementando en los últimos años, sólo que en los últimos meses el impacto ha sido mayor. Las cifras destacan que entre junio  2008 a junio 2014 se incrementaron considerablemente las aprehensiones de menores no  acompañados en Estados Unidos, pero la alarma se produjo al revisar las cifras entre octubre de  2013 y junio de 2014.
 
Según los datos del Gobierno de los Estados Unidos citados también por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la declaración de Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, “más de 47.000 niños no acompañados han sido detenidos en la frontera sudoccidental en los últimos ocho meses, casi más del doble del número de niños detenidos entre octubre de 2012 y septiembre de 2013.” (Declaración de Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, 2014)  La situación ha llegado a tal punto que el presidente Obama debió designar a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (Federal Emergency Management Agency, FEMA) a gestionar la respuesta. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tres de cuatro menores sin acompañantes detenidos por la Patrulla Fronteriza en 2014 son originarios del triángulo norte de Centroamérica.
 
Paradójicamente, mientras se gastan cuantiosas sumas en la parte restrictiva, asignándose mayores fondos hacia efectivos de seguridad en la frontera, jueces y centros de detención para el control de inmigrantes, poco se hace por evitar las causas que motivan el creciente tráfico migratorio de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos. Siguiendo la lógica de invertir  en lo que de manera más inmediata reporta beneficio para la seguridad estadounidense, poco se  hace en contra de las causas que proliferan el crimen, la violencia y la inseguridad en las  Américas; lo que a la larga provoca mayores gastos económicos y problemas de seguridad para  Estado Unidos.
 
Sin embargo, en las recientes elecciones legislativas de medio término logró gran aprobación la iniciativa por la tolerancia al consumo de la marihuana, así como para uso para fines médicos. A los Estados de Colorado y Washington se les sumó Oregón, Alaska y Washington DC, donde los electores aprobaron legalizar y regular el cannabis. El caso de DC tiene un carácter simbólico mayor, sobre todo por la posición que quedaría el gobierno frente a las reformas que se promueven en la región cuando en el propia capital del país ha decidido, por voto popular, que los mayores de 21 años podrán poseer hasta dos onzas de marihuana y cultivar hasta seis plantas para consumo recreativo, fuera de los terrenos federales.  Si bien esta medida podría ser cambiada por el Congreso, la voluntad popular indica un  cambio de época, lo que evidencia un camino en espiral hacia el cambio de políticas antidrogas  que, como se reafirma en estas elecciones, ya no es sólo cuestión inminente en sus relaciones con  las Américas sino también en la política interna del país.
 
Al respecto, las posiciones de los gobiernos de la región en la pasada Cumbre de las Américas y los más recientes foros convocados por la OEA, claman por alternativas basadas en una visión mutisectorial, que priorice el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad. Este cambio de visión cuente con el apoyo de diversos mandatarios y expresidentes de la región, que se han sumado a las presiones populares.
 
Pero esta visión también cuenta con el apoyo de sólidos estudios académicos. Un reciente Informe publicado por la Brookings Institution y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) señalan los cambios que se producen en Estados Unidos respecto a la legalización del consumo de la mariguana. (Wallach, 2014). Al mismo tiempo, encuestas sobre legalización de la marihuana en Estados Unidos de centros prestigiosos como la Pew Research Center, señaló que la mayoría de los estadounidenses (52%) favorecen la legalización del uso de la marihuana, porcentaje que aumentó 11 puntos desde 2010. Estos cambios indican que no pasará mucho  tiempo en que estas tendencias sigan ganando adeptos, lo que descoloca las visión militarista del  problema de las drogas y alerta sobre la posibilidad de realizar reformas que limiten las políticas  represivas, la población carcelaria y den sepultura de una vez a la errónea “guerra contra las  drogas”.
 
En ese sentido, resultaría viable el dedicar parte de los fondos recaudados con la  legalización del consumo de la marihuana para el desarrollo de políticas basadas en la salud  pública, que incrementen el dinero destinado a los programas de prevención y atención a adictos.  Independientemente de las limitantes y tabúes aún latentes, los acontecimientos recientes muestran un mejor escenario, no para prescindir del necesario personal de control fronterizo, sino para ampliar las alternativas cooperación al desarrollo, con políticas públicas viables que incidan favorablemente sobre el empleo, la salud y reducción de la criminalidad en el continente.  Todo ello, no si la presencia de retos y paradojas aún latentes, muestran un mejor momento para las reformas de las políticas de seguridad de EE.UU. hacia las Américas, en la segunda mitad del siglo XXI.
 
- Alejandro L. Perdomo Aguilera, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) adscrito al Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de Cuba alejandro.perdomo91@gmail.com, alejandro.perdomo91@gmail.com Twitter: @AlejandroLPerdo