Informes de visitas no son favorables y las ONGs colombianas demuestran que persisten torturas.

El informe que presentó la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, en su visita oficial a Colombia y que finalizó el pasado 21 de abril y donde fue duramente crítica contra el gobierno del presidente Santos en materia de derechos humanos es el abrebocas de las fuertes denuncias  y recomendaciones con que serán recibidos los funcionarios del Estado colombiano cuando pasarán al tablero durante el Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza cada 4 años, sobre el tema de derechos humanos en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

La funcionaria de la ONU,  quien no se contentó  solo con reuniones con altos dignatarios del Estado para escucharles sobre las proyecciones del gobierno en materia de derechos humanos, fue muy práctica y se fue a visitar una parte de las  comunidades de «La otra Colombia»,  como ella mismo llamó y donde dialogó  con integrantes de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, con organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones campesinas, m entre otros,  y pudo palpar la realidad de lo que sucede en la Colombia olvidada por el Estado.

En apartes  de su informe del cual no han hablado los grandes medios de comunicación y donde el gobierno de Santos ha guardado silencio dice que  «Tanto en Bogotá como en Putumayo y Cauca, escuché el testimonio de numerosas y diversas personas que reclaman sus derechos, y en particular pude entender la situación que vive la "Otra Colombia", la que difícilmente se ve en las grandes ciudades, en la que están los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, en la que están arraigadas la guerra, el despojo, y el desplazamiento forzado.

En Putumayo y Cauca escuché a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos y a los afrodescendientes que exigen que se respeten y protejan sus derechos, que el Estado los escuche y cumpla con sus obligaciones para garantizar que los tendrán en cuenta en la discusión sobre el desarrollo que requiere el país y el uso de sus tierras. He escuchado a las personas hablar sobre sus miedos porque sus tierras y el medio ambiente se enfrentan al avance desenfrenado del sector extractivo «tanto por parte de personas en la legalidad como en la ilegalidad». He escuchado a las víctimas del conflicto que nos hablan sobre sus necesidades, y también nos cuentan una historia impresionante de valor, de resiliencia y de supervivencia.

Quiero hacer un llamado al Estado a que preste mayor atención a los derechos de estas comunidades - derechos que son básicos y que disfrutan quienes viven en los lugares más ricos de este país, como el agua, la educación y la salud. En la Colombia moderna no puede ni debe haber niños indígenas o afrodescendientes que mueran por enfermedades perfectamente prevenibles, porque el agua que toman está contaminada con desechos tóxicos vertidos en sus ríos por la minería sin control. Estas comunidades y pueblos son los guardianes de la tierra, la riqueza cultural de Colombia. Son ellos los que garantizaran que el medio ambiente sea preservado - y por eso deben ser consultados sobre la utilización del territorio-. El Estado y las empresas tienen la obligación de asegurar que se les consulte con vistas a obtener su consentimiento previo, libre e informado ante todo proyecto en sus territorios y susceptible de afectarlos ».

Flavia Pansieri, quien estuvo acompañada de María Clara Martin de la sección Américas de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU con sede en Ginebra, expresó que en ambos lugares que visitaron pudieron ver de primera mano, la alta vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de los derechos humanos, quienes continúan recibiendo amenazas de muerte, y ataques en distintas zonas de Colombia. Defender los derechos humanos es un derecho y también una obligación - y en este sentido, quiero recalcar la responsabilidad directa del Estado de crear un clima de protección y en el que estos terribles hechos se vuelvan inaceptables.

Sobre el tema de los denominados falsos positivos y los miles de crímenes realizados por los militares, instó al Ministerio de Defensa para que la institucionalidad apoye la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes que cobraron la vida de miles de personas en la década pasada. Tomando nota de los progresos realizados, instó a la Fiscalía General de la Nación a que redoble sus esfuerzos en la investigación de estos crímenes y a que asegure que los responsables, tanto directos como quiénes dieron las órdenes, respondan ante la justicia.  Romper la impunidad frente a los llamados "falsos positivos" llevará a que se reconozcan los derechos de las víctimas y a que estas actuaciones no vuelvan a repetirse en ningún lugar de Colombia.

De igual forma, la funcionaria expresó que respecto a las propuestas de reformas al fuero militar que se están discutiendo en el Congreso de la Republica en este momento, «quiero insistir en la necesidad de que Colombia se ponga en línea con los estándares internacionales que buscan el respeto de los derechos humanos y la legitimidad del uso de la fuerza».

Expresa el informe que: «Durante el conflicto armado se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que han producido 7 millones de víctimas. Por eso al saludar la decisión de ambas partes de incluir a las víctimas en el proceso de paz y de invitarlas a la mesa de negociaciones, debo recalcar que estas violaciones deben ser juzgadas y castigadas, indiferentemente de quien las hayan cometido. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la magnitud del conflicto, existen mecanismos especiales de lo que se llama justicia transicional. Estos mecanismos pueden ayudar a asegurar integralmente no solo justicia, sino verdad, reparación y garantías de no repetición.

«Hay una necesidad contundente de que Colombia desarrolle medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado. Todos deben conocer lo que ha ocurrido en Colombia, y asegurar que estas horribles violaciones no se repitan nunca más».

Plazos para el proceso de paz

La comisionada de la ONU, a su regreso a Suiza, dijo que: « la decisión del Gobierno de poner plazos fijos para acordar la paz con las FARC, no es positivo, no es bueno que se establezcan plazos muy estrictos para el proceso de paz, porque este debe estar bien negociado y dejar conformes a los eventuales desmovilizados. Los colombianos necesitan una medida urgente donde cesen las violaciones a sus derechos fundamentales, y las comunidades no pueden esperar más, por lo que instó al Gobierno y a las FARC a llegar a un acuerdo que permita que el resto de la negociación se lleve a cabo en paz».

Colombia: siguen las torturas con impunidad

Durante el Examen Periódico contra La Tortura, el Estado Colombiano saldrá mal librado y deberá hacer ingentes esfuerzos por librarse de los tirones de orejas debido a que se ha podido demostrar que en los últimos cuatro años ha habido un total de 3496 víctimas de actos donde se ha denunciado tortura física y dentro de los perpetradores de los actos registrados, la fuerza pública aparece como el principal victimario, seguido de los grupos paramilitares posdesmovilización.

El informe  que se conoce,  seriamente elaborado  por parte de los ONGs unidas en La COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA (Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos «ASFADDES», Centro de Atención Psicosocial, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo « CAJAR », Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a víctimas de violencia política, Corporación Reiniciar, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Político y la Organización Mundial Contra la Tortura « OMCT »), indica que  los Actos de tortura física y psicológica, así como de TPCID, siguen sucediendo tanto en las ciudades como en las regiones provinciales y rurales del país».

Expresa el informe que: « La ocurrencia de estos hechos se ha constatado en el marco de actividades dirigidas a reprimir las labores de defensores y defensoras de derechos humanos, de expresiones de oposición y descontento social y criminalización de la misma, retenciones ilegales bajo la materialización de estrategias de control social, bombardeos, ametrallamientos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, discriminación y en una amplia medida, en contextos de reclusión. Por lo general, la tortura y los malos tratos pretenden difundir un claro mensaje de aleccionamiento social, por medio del terror, con el fin de desmotivar el ejercicio de múltiples derechos». 

El informe detalla escalofriantes cifras de aumento del hacinamiento carcelario que pasó en los últimos 4 años del 27 al 58,5 %, mostrando la cárcel de Riohacha con la cifra más alta con el 470% de hacinamiento. Se denuncia la detención preventiva como forma de tortura en más de 14 mil casos,  cuando solo el año pasado han pasado esas personas pasaron más de seis meses detenidos en esa calidad. Sumada a la falta de atención médica oportuna y permanente a los prisioneros de los cuales se denuncia la muerte de varios de ellos, la falta de agua, inodoros y duchas insuficientes, uso indebido de la fuerza física, golpes con armas contundentes y utilización de armas letales contra la población carcelaria, inadecuado y lento examen de las quejas . Entre las cárceles peor calificadas están las de Valledupar y Popayán.

El informe de la coalición colombiana contra la tortura que será presentado a la Comisión de DDHH de la ONU en términos generales podemos decir que concluye con varias recomendaciones que seguramente le harán los Estados examinadores a fin de que el gobierno colombiano respete los DDHH y cumpla con los acuerdos, sancione a los victimarios evitando la impunidad, ayude a las víctimas y se comprometa con los acuerdos internacionales que ha firmado.

Finalmente, a las críticas de la ONU y las ONGs colombianas se suman los informes recibidos el pasado viernes 24, personalmente y durante una sección técnica de trabajo  por  la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y  la Comisión Contra la Tortura de parte de los Constituyentes, exiliados políticos  victimas del Estado colombiano,  quienes  denunciaron la revictimización que  ejerce  el gobierno Colombiano de forma directa e indirecta, la cual pasa por  las  constantes  acusaciones de ser terroristas, insurgentes, colaboradores de las insurgencias, solicitudes de incorporación de nombres de exiliados políticos en listas negras en Colombia y rojas a nivel  internacional, seguimientos policiales aquí mismo en Europa o en países a donde se han desplazado en Suramérica, interceptaciones de todo nivel a las comunicaciones privadas como la «Operación Europa» o con el Hacker Andrés Sepúlveda, solicitudes de allanamientos a  residencias en Europa, las cuales han sido ejecutadas por la policía de diversos países donde están asilados y en algunos casos la solicitud de extradición, detención extraterritorial  para juzgamiento judicial en Colombia con la colaboración de algunos países.

 Eliécer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza.