Sin el visto bueno y la firma del Ministro de Salud no se pueden hacer fumigaciones con agrotóxicos y menos utilizar químicos como instrumento de guerra. Vamos a ver en qué termina la recomendación del Ministro Gaviria que tiene sustentación en estudios científicos validados por la Organización Mundial de la Salud, que indican la probabilidad de efectos cancerígenos de la exposición al glifosato.

Hace 23 años, el Ministerio de Salud se pronunció en contra de la aspersión área a los cultivos ilícitos por la evidencia de riesgos para la salud según las recomendaciones de los expertos del Instituto Nacional de Salud y de los centros científicos toxicológicos más importantes de Gran Bretaña, Francia y otros países. Incluso para la aspersión en grandes monocultivos se recomendó seguir al pie de la letra los protocolos del Código de Plaguicidas y en cualquier caso iniciar un programa de investigación epidemiológica de largo aliento sobre el impacto de ese herbicida de acción indiscriminada. (Carta del Ministro de Salud al Ministro de Justicia, 20 de febrero 1992, ver en www.indepaz.org).

Desde entonces pudo más la necesidad de la guerra antidroga que el principio de precaución para proteger a las personas, alimentos o al medio ambiente. A partir de 2001, con el Plan Colombia y la intervención de pilotos y militares del Comando Sur de Estados Unidos, se le dio el impulso mayor a la aspersión aérea como arma en la guerra antiterrorista. Millones de hectáreas han sido fumigadas con un veneno que no es el glifosato vendido bajo la fórmula de ROUNDUP para jardinería o la que usan para aspersión en caña o café: se trata de una mezcla de glifosato en alta concentración, con otros ingredientes como el Cosmoflux y el POEA cuyos riesgos para la salud también han sido advertidos por especialistas. La fórmula se ha mantenido en secreto y sólo por la demanda que hizo Ecuador ante el Tribunal de la Haya, Colombia tuvo que reconocer su potencialidad nociva y ofreció una mezcla especial en caso de fumigaciones en la franja fronteriza. Aunque no se conoce la formula se sabe que usan RoundUp Ultra + POEA + CosmoFlux y a veces también han agregado Cosmo IN-D. Es decir un compuesto muy agresivo y distinto al aplicado como herbicida en agricultura comercial.

No lo usan en su casa pero lo fumigan acá

El subsecretario de Estado para Latinoamérica y ex embajador en Colombia, William Bronwsfield, ha pedido mantener las fumigaciones; para sustentar su postura ha vuelto sobre la cantaleta repetida por los Estados Unidos para defender su estrategia de guerra química: el glifosato es inofensivo y según sus datos no hay ninguna persona enferma por esas fumigaciones realizadas desde hace dos décadas en la guerra que adelanta su país en territorio colombiano.

No recuerda el señor Bronwsfield que en los Estados Unidos la FDA y Monsanto no han autorizado la aspersión área ni terrestre con glifosato en la mezcla que utilizan en Colombia. Ni un metro cuadrado de su territorio o del jardín de su casa. En ese país que promueve aquí semejante atrocidad, cuando utilizan la formula comercial más suave en sus catálogos y protocolos exigen que el operario use guantes, se proteja los ojos, avise con anterioridad a la gente para que se retire del jardín o del cultivo y retire animales; exigen que sea lejos de los cuerpos de agua por el impacto fatal para especies acuáticas y, para completar, le piden a sus usuarios que no entren ni dejen entrar por 12 horas a sus animales domésticos. (Ver…).

En Colombia, alegando siempre que la guerra necesita estas fumigaciones, han regado el veneno en cerca de 2.000.000 de hectáreas, en más de 200.000 fincas de pequeños campesinos. Las evidencias de destrucción de cultivos de pan coger e incluso de café, cacao o palma financiados por el Plan Colombia (USAID), han sido documentadas con decenas de miles de firmas en Nariño, Cauca, Putumayo, sur de Bolívar, Guaviare y otras regiones de Colombia. Así consta ante los Tribunales en la documentación de acciones de grupo y así lo demostró Ecuador en La Haya obligando a Colombia a conciliar y pagar una indemnización de US$15 millones. Son miles los documentos, fotografías, videos que muestran la destrucción de alimentos con esa guerra indiscriminada. (Ver en INDEPAZ video La fumiga).

Si hay pruebas sobre el daño a la salud

El estudio titulado “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”, realizado por investigadores Adriana Camacho y Daniel Mejía de la Universidad de los Andes, ha demostrado que la estrategia de aspersión aérea ha incrementado la pobreza en las zonas impactadas por esta guerra. En el mencionado estudio se concluye a partir del análisis de 52.000 historias clínicas de personas en zonas fumigadas en el periodo 2003 – 2007, “que la exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir trastornos de la piel – problemas dermatológicos – y los abortos”.

Varios estudios han corroborado que los productos de degradación del glifosato producen “daños genéticos en personas” que aumentan la probabilidad de padecer cáncer a mediano y largo plazo, lo mismo que “enfermedades cardiovasculares, malformaciones y abortos” (Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental, UNRC, 2012).

También han sido publicados estudios en Colombia y otros países que no sacan conclusiones terminantes sobre los impactos del glifosato y de sus mezclas en la salud humana, pero los argumentos a favor de su calificación como evidencia limitada, ha sido progresivamente desmontados hasta el punto que la ACNUR declaró en 2007 sobre el uso del glifosato que “se considera que tiene efectos nocivos en la salud de las personas que se ven expuestas…” hasta el punto de aumentar los niveles de mortalidad infantil. Agrega ACNUR que “las aspersiones aéreas de químicos no solo destruyen las plantas utilizadas para la producción ilícita de drogas sino que también destruyen otros cultivos lícitos”.

Lo nuevo en materia de estudios es que la Organización Mundial de la Salud, en pronunciamiento de marzo de 2015, ha acogido las investigaciones sobre cáncer y ha reclasificado al glifosato dentro del grupo 2 A como “probablemente cancerígeno”. Es el pronunciamiento de más alto nivel en dos décadas de controversia sobre el tema. Y esto coincide con las conclusiones de la investigación de la Universidad de los Andes que establece con una metodología rigurosa una relación de causa efecto de las aspersiones aéreas con glifosato y enfermedades de la piel o abortos.

El principio de precaución

En el pasado con menores elementos muchos organismos nacionales e internacionales habían llamado a suspender esas fumigaciones apelando al principio de precaución. Según la OMC “el principio de precaución es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo; es decir, no se debe posponer una medida protectora por el simple hecho de que no se disponga de una información científica completa”. Con evidencias básicas de riesgo, aunque no se tenga la prueba concluyente o la certeza, ese principio obliga a no utilizar el medio inicialmente escogido. Como ha señalado la Corte Constitucional este principio significa que se invierte la carga de la prueba y por lo tanto quién quiera emprender la acción con riesgo de daño es quién debe probar que ya no existe. Sobre esta base el Consejo de Estado decidió en 2014 prohibir la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en territorio de los Parques Naturales de Colombia. En consecuencia ese Consejo anuló la norma del Consejo Nacional de Estupefacientes que lo había autorizado. Las consideraciones sobre potenciales daños ambientales se vinculan necesariamente a impactos en la biodiversidad indisociables de la salud humana.

Argumentos de guerra

Ante la posición asumida por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, han salido voceros de la guerra antidrogas a demandar la continuidad de las fumigaciones aéreas con glifosato como parte de la guerra contra el narcotráfico y contra las FARC que califican como el primer cartel de las drogas en Colombia. No se inmutan ante consideraciones de salud pues su discurso de seguridad reclama eficacia represiva sin atender a la perversión de los métodos. En esa línea militarista el Procurador General, Alejandro Ordoñez, ha advertido que suspender las aspersiones de glifosato “además de afectar la seguridad nacional, favorece al narcotráfico y a las FARC, que serán las que aprovechen dicha oportunidad”, y agregó que esa medida sería “peor que la decisión de cesar bombardeos” contra campamentos de la guerrilla.

Menos obtuso en este tema ha resultado el expresidente Uribe Vélez que no descarta los argumentos del Ministro Gaviria contra el uso del glifosato y se orienta a pedir que siga la guerra química con otro desfoliante o agrotoxico: “El tema científico hay que respetarlo, dice Uribe, pero una cosa es el tema científico que debe indicar con qué producto se puede actuar y con qué producto no se debe y otra cosa es lo que ha venido pasado políticamente”. El centro de su crítica es a la disminución de acciones de erradicación forzada aérea o manual en regiones importantes como Putumayo, Nariño o Catatumbo y la supuesta condescendencia con las FARC.

En esos temas de la efectividad de prácticas de erradicación de cultivos ilegales que son usados para la producción de sustancias sicoactivas, otra discusión es sobre la ineficacia de los métodos de erradicación forzada utilizados hasta ahora. Los estudios recientes, acogidos algunos por la misión de la OEA y por la ONUCD, muestran el pobre balance costo beneficio de la aspersión aérea. Costos exorbitantes e ineficacia para cortar el efecto globo en la región andina y la oferta de cocaína. La cadena del narcotráfico se ha internacionalizado al ritmo de la guerra antidroga, la violencia, el lavado de activos en los laberintos financieros que mantienen sus ganancias extraordinarias y la globalización de sus operaciones. En lo político, que le preocupa a Uribe, debería considerar el favor inmenso que le han hecho a las FARC dedicándose a perseguir como criminales y narcotraficantes a los pequeños cultivadores de coca, marihuana o amapola. Esos fenómenos que merecen un análisis aparte deberían llevar a pensar en otras alternativas.

En nuestro tema de salud, lo que se puede anticipar es que cualquier agrotóxico o veneno desfoliante que se utilice como parte de una guerra, llámese antidrogas o antinarcoterrorista, significa graves riesgos para las personas y los ecosistemas. Con esas sustancias y el método de los pilotos del Plan de los Estados Unidos en Colombia (Plan Colombia o Consolidación Territorial), se dañan además cultivos lícitos. Son prácticas bárbaras que están proscritas por el derecho internacional de los derechos humanos y las normas humanitarias en la guerra. En rigor se trata de guerra química que en el mundo actual solo se practica en Colombia.

Frente al panorama incierto por el juego de presiones que se ha desencadenado para evitar la suspensión de las fumigaciones con glifosato, es importante respaldar la postura digna y razonada del Ministro de Salud. Afortunadamente ha mostrado el coraje para poner el tema en la agenda y en la del Consejo Nacional de Estupefacientes. El hecho es inocultable: la máxima autoridad de salud del país ha dicho que deben cesar esas fumigaciones por el carácter “probablemente cancerígeno” de la exposición de las personas al glifosato. Por encima de ese concepto solo puede primar la indignidad y la presión de los negociantes de la guerra.

- Camilo González Posso es Exministro de Salud (1990 – 1992) Tomado de www.mamacoca.org

Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición 445, Corporación Viva la Ciudadanía, Semana del 8 al 14 de mayo de 2015