No es fácil aceptar al otro. Máxime cuando se sale de la línea que traza el poder por medio de la cultura, de la etiqueta, de la moral, del derecho, de la justicia o de la religión. Eso hizo la comunidad LGBTI. Salirse de la línea que había reducido el género humano en hombre y mujer. Llamados a unirse en función de la procreación. Un mandato divino, natural, biológico e inamovible.

¿Inamovible? Así parecía. La presión había sido tan inclemente que muchos miembros de la comunidad LGBTI disfrazaron su condición en medio de un matrimonio heterosexual con tal de no padecer un rechazo familiar, laboral o social. Una vida prestada y fingida. Una vida que no valía la pena vivir. Una vida disfrazada e inútil. Pero ajustados al canon social. Y eso parecía justificar el precio a pagar.

No hace mucho tiempo una revolución silenciosa empezó a tomar lugar y a generar frutos. El ser humano más allá de la simple condición de unión por la reproducción empezó a identificar que lo único que justificaba la unión era la condición de ser felices. Luego empezó a constatar que esa noción de felicidad no tenía sexo. Y que tampoco tenía la dirección de heterosexualidad que había impuesto la tradición y la versión mayoritaria. La mayoría no ha podido entender cuándo cambiaron las cosas de manera irreversible. Y tampoco ha podido entender que ese cambio es definitivo. Un cambio que hace posible un mundo más honesto. Más transparente. Más equilibrado. Más igual.

En el final de la semana anterior la Suprema Corte de los Estados Unidos fijó una posición institucional para toda la unión: declaró ajustado a la Constitución el matrimonio igualitario. Con esta decisión fragmentada, polémica y política, se zanja un debate muy importante sobre la autonomía de cada Estado y la política federal. A partir de este viernes todos los estados de la Unión quedan obligados constitucionalmente a reconocer las consecuencias jurídicas derivadas de este vínculo solemne. Estados Unidos no es el primer país que lo reconoce. Pero su lugar en el mundo hace que dicha posición adquiera una relevancia mediática global.

La exigencia por el matrimonio igualitario también tiene lugar en Colombia. Un país con una Constitución, defensora de las libertades individuales, inmersa en una cultura tradicionalista y timorata. En muchas ocasiones dichos atributos culturales superan a la Constitución. Pero si miramos con detalle la filosofía que recoge nuestra Constitución al consagrar el Estado social de derecho (Art 1); el derecho al reconocimiento de la dignidad (Art 12); el derecho a no ser discriminado por asuntos sexuales (Art 13); el derecho a reconocer el libre desarrollo de la personalidad (Art 16); el derecho a actuar según las convicciones más íntimas (Art 18), podemos advertir, que en Colombia, el fundamento jurídico constitucional se dirige hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario.

La comunidad LGBTI y todos sus asesores constitucionales lo han hecho de la manera correcta: han puesto sobre el centro de sus argumentos los derechos fundamentales constitucionales. Han puesto el debate en una discusión estrictamente jurídica y constitucional. Y desde allí les asiste toda la razón a la reivindicación de los derechos que reclaman y exigen. Entre ellos, el matrimonio igualitario. Las cortapisas, los obstáculos y los límites solo tienen lugar en la poca educación social para aceptar a quien actúa y piensa de una forma diferente; en la nula voluntad política de nuestro Legislador o en el miedo de la Corte Constitucional de ser coherente con lo que la Constitución le exige y su propio precedente judicial le orienta.

Julio 1 de 2015

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