El contexto político, económico y social consolidado tras la crisis del 2001 y hasta la actualidad permitió que un sector significativo del pueblo trabajador que tras el neoliberalismo había quedado desamparado, se volcara a la Economía Popular como medio de supervivencia.  Los miles de excluidos del mercado formal de trabajo, fuimos buscando un lugar desde la periferia social para garantizar nuestra subsistencia.  Precarizados desde el punto de vista de los derechos, excluidos desde lo institucional y explotados desde lo económico fuimos inventando nuestro trabajo, nos organizamos en movimientos, asociaciones, cooperativas, fábricas recuperadas y empezamos a reivindicar como propios los mismos derechos que le caben al resto de la clase trabajadora.

La desregulación, desprotección, precariedad y para-institucionalidad de las relaciones laborales en la economía popular es uno de sus sellos distintivos.  La razón principal es que el Estado incumple la demanda constitucional que dice: “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes”, privando a un inmenso universo de trabajadores –al menos 5 millones en la Argentina– de los derechos más elementales: un ingreso mínimo, cobertura de salud, jubilaciones dignas, aguinaldo, seguro contra accidentes personales, licencias laborales, vacaciones, el libre derecho a la sindicalización, y otros tantos conquistados por el movimiento obrero durante dos siglos de lucha.

A pesar de los avances en la distribución de la renta nacional a favor de los trabajadores en los últimos 10 años, la realidad social de la Argentina es profundamente desigual.  Mientras un sector importante mejoró sus condiciones de vida y trabajo, otro sector profundizó sus niveles de precariedad laboral.  En este contexto, más de un tercio de los trabajadores en nuestro país se encuentra en condiciones precarias, entre las cuales el empleo informal –no registrado- es sólo una de sus variadas formas.  También se incluyen el empleo a tiempo parcial o temporario, las distintas formas de tercerización y encubrimiento de relaciones de dependencia.  Estos mecanismos buscan el disciplinamiento de la fuerza de trabajo.  Disciplinarnos y desvalorizarnos es la forma más directa y efectiva de evitar que nos organicemos para luchar por nuestros derechos.  Asimismo, el debilitamiento de la organización sindical contribuye a generar condiciones más propicias para la difusión de la precariedad laboral.

Los altos niveles de concentración económica, el control oligopólico del mercado, la gestión privada de recursos naturales y servicios estratégicos para el Estado y un sistema impositivo regresivo para los sectores populares son una constante en nuestro país.  La precarización es la contracara de la altísima rentabilidad de las empresas más poderosas de nuestra economía.  La modernización y tecnificación de la producción y el creciente proceso de concentración del capital, llevan continuamente a la desocupación, a la exclusión y a la marginalidad a miles de trabajadores.

Este problema aparece en la Argentina como un dato estructural.  Su impacto no se limita a la esfera laboral, sino que se expande al conjunto de la vida social.  Actualmente el 80% de la masa salarial se encuentra concentrada en el 20% de los trabajadores; casi un millón de jóvenes no estudian ni trabajan; millones de familias viven en villas y asentamientos sin la más elemental infraestructura social.  Los sectores marginados tenemos vedado el acceso a los bienes y servicios sociales básicos bajo un estado de derecho.

La contradicción fundamental sobre la que se sostiene el capitalismo –aquella que se da entre Capital y Trabajo– continúa vigente.  Seguimos asistiendo atónitamente al proceso mediante el cual la sociedad se divide entre quienes tienen los medios de producción y los que solo podemos subsistir trabajando.  Peor aún, atravesamos una época en la que esa relación clásica se ve reforzada a razón de sucesivos procesos de flexibilización y desregulación normativa.  Si el peronismo prometía la integración y la realización del sujeto a partir del trabajo asalariado, el neoliberalismo clausuró esta posibilidad para gran parte de nosotros.  Esta situación condensa una evidente fragmentación social, económica y organizativa al interior de la clase trabajadora que atenta contra la unidad del movimiento obrero.

Y cada vez más, nos adentramos en un mundo donde una cantidad considerable de trabajadores estamos hoy relegados al margen de aquella promesa de integración.  Están los que caben y los que sobramos.  Los integrados y los excluidos.  Los que son útiles para el proceso de acumulación capitalista, por un lado, y los que ni siquiera podemos trabajar a cambio de un salario digno, por otro.

La producción solidaria y autogestionaria – Las experiencias de la economía popular

Precarizados, autogestionados o autoexplotados, sin un patrón identificable o subocupados… pero trabajadores al fin.  El mundo de los sectores populares en nuestro país aún mantiene la esperanza y la aspiración integracionista por medio del trabajo asalariado que durante algunas décadas fue una realidad palpable.  El trabajo como elemento dignificador se ubica en el centro de la identidad de los sectores populares, y articula la demanda de quienes hoy “nos inventamos el trabajo”.

La economía popular es la economía de los excluidos.  Está conformada por todas las actividades que desarrollamos ante la incapacidad del mercado para ofrecernos un trabajo digno y bien remunerado.  Se trata de aquellos procesos económicos inmersos en la cultura popular basados en medios de trabajo accesibles y trabajo desprotegido: Fábricas recuperadas, cooperativas de cartoneros y costureros, cuadrillas de infraestructura social y mejoramiento ambiental, centros comunitarios, ligas de campesinos, entre otros, que se fueron convirtiendo en la forma de llevar el pan a la mesa.  No es una economía que de por sí sea solidaria, y por el contrario, muchas veces implica una explotación salvaje, trabajo muy individual, violencia, trabajo infantil o adolescente, control y hostigamiento por grupos mafiosos, etc.  Por eso buscamos recuperar la cultura del trabajo y la solidaridad.  Nosotros representamos la multiplicidad de las experiencias productivas populares que amplían el sector de la economía del pueblo permanentemente.  La enorme expansión de estas experiencias refleja, en gran medida, la nueva realidad laboral de nuestro país.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surgió como herramienta de los cartoneros para enfrentar al régimen mafioso (político, policial y empresarial), que se había enquistado sobre nosotros para llenarse los bolsillos, sobre la base de la corrupción, la coima y la sobreexplotación.  Organizamos masivamente a los cartoneros, carreros y recicladores urbanos y pudimos, sobre la base de esa organización, obtener grandes conquistas que dignifican y formalizan nuestro trabajo.  En la actualidad casi 4000 cartoneros cuentan con un ingreso que se asemeja a un sueldo.  Los cartoneros agrupados en cooperativas recolectamos el material en zonas previamente asignadas y levantamos lo que se deposita en el sistema de “campanas verdes”.  Por este trabajo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos asigna un “incentivo laboral” a lo que se suma la venta del material que recolectamos.  Además de organizar logísticamente nuestro trabajo, hemos logrado uniformes, guardería para nuestros hijos, el derecho a una jubilación y la posibilidad de acceder a una obra social.  En noviembre de 2014, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de “Gestión Social de Para la Recolección Diferenciada”.  El mismo declara como Servicio Público a la actividad y prevé la creación de un registro de Recicladores.  Al menos en lo simbólico, los cartoneros pasamos a ser considerados como servidores públicos.

El sector de la producción hortícola, por su parte, está compuesto principalmente por minifundios de agricultura sostenidos por familias productoras (cerca del 85%).  Son arrendatarios, medianeros o peones sin tierras, ni maquinaria propia –descapitalizados-.  Dependen de la compra de las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes y la tecnología del invernadero, y se hallan subordinados a una cadena de múltiples intermediarios que reducen significativamente el ingreso que obtiene el productor al tiempo que lo encarece para el consumidor.

El trabajo que venimos desarrollando con los pequeños productores y quinteros comenzó a partir de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de un sector que se encuentra totalmente desprotegido, en condiciones de autoexplotación enormes, sin tierra y sin derechos de ningún tipo.  En este proceso, vamos generando mejores condiciones de trabajo tanto productivas como de comercialización, creando canales directos del productor al consumidor, promoviendo la utilización de herramientas colectivas como tractores, motocultivadores, y avanzando, de a poco, en el cuidado de la salud.

Otra de las expresiones de este sector somos los trabajadores de la vía pública, conocidos por todo el mundo como “manteros”.  Somos cientos de comerciantes y artesanos que vendemos desde un puesto en una plaza o en la calle, o a veces tirando una manta en el suelo para llevar el sustento a nuestros hogares.  El mayor impedimento que tenemos es que no podemos acceder a establecimientos comerciales, por lo tanto nos queda rebuscárnosla ocupando el espacio público.  Sufrimos el hostigamiento policial y de patotas parapoliciales, fuimos desalojados en más de una oportunidad, la policía nos pide coimas para dejarnos trabajar, recibimos amenazas constantemente, somos víctimas de allanamientos y otros procedimientos ilegales de incautación de mercadería realizados sin denuncia previa, y en varias ocasiones se han llevado detenidos a los trabajadores injustificadamente.  El problema es que no se está reconociendo la necesidad de fondo que es el empleo.  No hay políticas públicas de ningún tipo para regularizar la actividad sino que se busca la desarticulación de los trabajadores de la vía pública para que desaparezcamos.

Otro de los fenómenos es la existencia de talleres y negocios donde se trabaja en condiciones asimilables a la esclavitud.  Desde hace tiempo venimos denunciando situaciones cuya descripción constituye un panorama de trata de personas y de trabajo esclavo.  Los costureros y trabajadores de la industria de la indumentaria que trabajan en talleres productivos informales y clandestinos, están ante una situación de riesgo y extrema vulnerabilidad socio-laboral.  Creemos que es prioritario que el Estado pueda abordar a través de políticas públicas concretas esta situación de emergencia social, higiene, seguridad, salud psicofísica, jornadas excesivas, irregularidad migratoria, trabajo infantil, hacinamiento y riesgos laborales a los que estos trabajadores se encuentran expuestos.  Nos encontramos en este momento dando la lucha por el reconocimiento de las cooperativas textiles y avanzando en la presentación de un proyecto de ley nacional que declare la emergencia en este sector para la aplicación de medidas concretas que mejoren la calidad de vida de quienes se encuentran bajo explotación.

“Ocupar, resistir, producir”, es la voz reivindicativa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, voz que hoy alzamos en más de 190 empresas recuperadas del país.  Las fábricas recuperadas surgen en un contexto conflictivo para los trabajadores desde cualquier punto de vista: porque la patronal dejó de pagar los sueldos, porque abandonó la fábrica porque ya no ofrecía la rentabilidad ambiciosa que esperaban, porque no tiene los recursos para la tecnificación necesaria (y en consecuencia volverse más competitivos), etc.  Esta experiencia nace de la necesidad de mantener la fuente de trabajo en un contexto de crisis, de recuperar el derecho a trabajar.  Para eso, aprovechamos diferentes instrumentos en lo económico, jurídico, político y social para avanzar en la recuperación de las empresas y fábricas que daban trabajo a la gente y que, por alguna razón, se van cerrando.  Constituirnos como cooperativa es una de las formas que encontramos para mantener la fábrica en manos de los trabajadores, para poder seguir llevando el ingreso a nuestros hogares.  También apuntamos a la igualdad en los ingresos para todos los trabajadores así como incentivamos la solidaridad y la integración con la comunidad.

La libertad de organización sindical como necesidad y horizonte

Nuestras experiencias dentro de la economía popular no están aisladas de la economía global de mercado.  Los puntos de conexión son múltiples tanto a nivel de la producción como del consumo.  Sin embargo, en todas las experiencias de la economía popular hay una característica distintiva: los medios de producción, los medios de trabajo, están en manos de los sectores populares.  De ahí que nos atrevemos a soñar con un proceso de auto-organización con nuestros compañeros, que nos permita erradicar las tendencias patronales del seno de nuestro pueblo, y construir una economía popular comunitaria, solidaria, fraterna, socialmente integradora. 

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es la herramienta gremial del pueblo pobre.  Si decíamos que la Economía popular es la economía de los trabajadores excluidos, la CTEP es su sindicato.  Con ella avanzamos en la lucha reivindicativa para los trabajadores sin derechos, sin reconocimiento y sin capital que ya no tenemos como insertarnos en el sistema formal.  Lo que pretendemos con la CTEP es defender los derechos de quienes no tenemos un patrón directo con el cual pelear, o de quienes tenemos un montón de patrones invisibilizados que se comen nuestros ingresos, pero con los cuales no existe una relación laboral directa.

Los compañeros que vivimos en ese día a día juntando el mango, luchamos en primer lugar por el trabajo digno.  Digno será en la medida en que nos permita progresar y acceder a un salario mínimo vital y móvil, con asignaciones familiares, vacaciones pagas, jornadas no mayores a las 8 horas, seguro de riesgos de trabajo, condiciones de higiene y salubridad adecuadas y obra social.  Por otro lado, en el contexto actual, nos encontramos subordinados a los vaivenes del mercado, y no tenemos garantía de que nuestros ingresos sean más o menos estables.  Por eso, apuntamos al salario social, compuesto por un complemento salarial garantizado por el Estado que se sume a los ingresos que nosotros mismos generamos con nuestro trabajo.

Por último, pero no menos importante, luchamos por nuestro derecho a la sindicalización.  Luchamos por el reconocimiento de la CTEP como el sindicato que represente de los trabajadores del sector de la economía popular, que nos permita negociar con los patrones que no vemos y con el Estado.

Queremos expresar la voz de los trabajadores excluidos.  Queremos avanzar en el reconocimiento de sus derechos plenos.  Para eso, creemos que es necesario construir organizaciones sindicales masivas, unitarias, que sinteticen el trabajo de todas las organizaciones preexistentes, para fortalecer el poder popular y conquistar los derechos laborales para nuestros compañeros.  La CTEP es una gran lucha.  Es la lucha de mucha gente que verdaderamente quiere un cambio social y una economía que sea del pueblo y de los trabajadores.

- Esteban “Gringo” Castro Rama Infraestructura Social - Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

Sergio Sánchez de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores

Luis Maidana Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

Marcelo Alejandro Cabero de Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Informales

Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra

Gabriela Olguin de Cooperativa de Artesanos y Manualistas El Adoquín

Julio Pereyra de “Vendedores Libres”

Epifania Espinola García de la Cooperativa Textil Miro -

Coordinó Romina Chuffardi – Secretaría de Formación - CTEP

* Artículo publicado en la edición 505 (junio 2015) de la revista América Latina en Movimiento, sobre  “Francisco y los movimientos populares: Tierra, Techo y Trabajo”.  http://www.alainet.org/es/revistas/170627