Guatemala está, actualmente, en los ojos del mundo, debido a las multitudinarias manifestaciones pacíficas realizadas desde el pasado mes de abril; niñez, juventud, hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes sociales han salido a las calles a exclamar un “Basta ya de tanta corrupción”.

El 27 de agosto de 2015 quedará marcado en la historia del país. Ese día, hombres y mujeres estudiantes, trabajadores, universitarios, campesinos, indígenas, pequeños comerciantes, sin importar distancia, dejaron su casas, sus negocios, sus centros de estudio para unirse al clamor popular en las calles con las mismas consignas: “exigir la renuncia del presidente de la república Otto Fernando Pérez Molina, en estas condiciones no queremos elecciones y aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Al ver caminar kilómetros y kilómetros a padres y madres con sus hijos en la espalda, a hombres y mujeres de edad avanzada, a autoridades ancestrales portando su vara, símbolo de autoridad, a la niñez y juventud con coraje y sed de cambio, no pude evitar llorar en más de una ocasión en el trayecto de la marcha reiterando que urge un cambio profundo ante tanta corrupción, desigualdad e injusticia que por años hemos vivido en el país.

Cómo no salir a las calles a denunciar, repudiar y exigir la renuncia de quienes nos gobiernan si ellos han sido los saqueadores de las riquezas del  país; no se han conformado con recibir mensualmente un sueldo jugoso que equivale a 54 veces el salario mínimo decretado para el 2015 correspondiente a Q. 2,644.40 (un aproximado de $ 353.00 dólares), salario que devengan mensualmente en la actualidad miles de guatemaltecos y guatemaltecas.

Tanto la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldeti Elías, como el hasta ahora presidente Otto Fernando Pérez Molina, se hicieron de lujosas mansiones, fincas, yates y helicópteros sin importarles la situación de pobreza, hambre y desnutrición que se vive en el  territorio guatemalteco. Los primeros seis meses de 2015 la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), reportó que 47 niños murieron por desnutrición aguda. La pobreza multidimensional se estimó en un 70.3% según informe de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Panorama social de América Latina”, publicado en enero de 2015, que, entre otros aspectos, refirió que Guatemala se posiciona entre los 14 países más violentos del mundo y los siete más violentos de Latinoamérica.

Por la realidad que vivimos en el país, miles y miles de guatemaltecos y guatemaltecas de los diferentes pueblos, edades y credo, hemos estado presentes en cada manifestación para exigir que se persiga enjuicie y estén en prisión los responsables de adueñarse de millones de quetzales que han dejado de ser para que los guatemaltecos y guatemaltecas gocen de su derecho a la salud, educación y una vivienda adecuada.

Los efectos de tanta corrupción hacen que se distorsione la distribución de los recursos públicos, siendo las personas en condición de desventaja las más vulnerables a la violación de sus derechos esenciales (salud, educación, nutrición y vivienda, entre otros).

Utilizando un porcentaje indicativo con fines de análisis comparativo para ilustrar los costos sociales y económicos de la corrupción, un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señala que de Q 5,891 millones, rubro de las adquisiciones públicas y el contrato abierto de medicamentos, el 20% es susceptible a corrupción, monto que equivale a que cerca de veinte mil niños y niñas menores de cinco años no reciban el diagnóstico y tratamiento por la desnutrición aguda; que 1.2 millones de niñas y niños menores de cinco años no reciban suplementos de micronutrientes y que más de setecientos mil niños y niñas mayores de dos años pero menores de cinco, no reciban tratamientos para desparasitación. También, que 7.9 millones de personas dejen de ser beneficiadas con acciones de prevención, control y vigilancia de la malaria y del dengue[1].

Una de las funciones del presidente de Guatemala es que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación (Constitución Política de la República de Guatemala artículo 182). Es decir, velar para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, (artículo 1 de la Constitución); sin embargo datos e investigaciones demuestran que el bien común no ha sido de interés para el actual presidente ya que el 21 de agosto de 2015 el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, solicitó antejuicio para retirar la inmunidad a Pérez Molina, mandatario guatemalteco, a quien vinculan de ser uno de los cabecillas de la red de defraudación aduanera “La Línea”.

Por ser un gobierno corrupto en donde han sido implicados varios altos funcionarios públicos, entre ellos Pérez Molina, miles de guatemaltecos y guatemaltecas que participaron del paro nacional dejaron claro con consignas y pancartas la frase “Yo no tengo presidente”.

Pensaron muchos que al renunciar Roxana Baldeti de la vicepresidencia el pueblo regresaría a sus casas y olvidaría; pero todo lo contrario, hoy más que nunca el pueblo sigue en las calles. Las jornadas de manifestación pacífica han significado un despertar de las diferentes generaciones coincidiendo en la protesta, la denuncia y la demanda por una Guatemala sin corruptos en el poder; donde nadie tenga que morir por falta de medicamentos en los hospitales, donde no existan niños trabajando en lugar de estar estudiando y recreándose, donde no existan personas de edad avanzada realizando trabajos forzosos para subsistir, por un país donde no exista desigualdad y exclusión por ser indígena, garífuna, xinca o mestizo.

Por esa Guatemala que queremos, la voz de miles de guatemaltecos y guatemaltecas de diferentes edades tendrá que seguir sonando en las calles haciendo énfasis en la consigna “Lucha, lucha y no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular”.

Antecedentes:

16 de Abril 2015:  Una red dedicada a la defraudación aduanera, dirigida supuestamente por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, fue desarticulada tras una investigación que duró doce meses realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Se capturó a Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares.

25 de abril 2015: Miles de guatemaltecos y guatemaltecas fueron parte de la manifestación pacífica en la plaza de la Constitución exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia y de Roxana Baldeti de la vicepresidencia.

8 de mayo 2015 Otto Pérez Molina mandatario guatemalteco informó que fue notificado de la renuncia por parte de la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

20 de agosto 2015  la casa de la ex vicepresidenta Baldeti Elías, la cual se ubica en una zona exclusiva, fue cateada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde fueron incautados teléfonos móviles y equipo de cómputo por su posible vinculación con el Caso de La Línea;

21 de agosto 2015 Ella fue capturada y puesta bajo custodia en un hospital privado, acusada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

21 de agosto 2015 El MP y la CICIG solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antejuicio contra el jefe de Estado, por su presunta participación en el caso de defraudación aduanera conocido como "La Línea". 

26 de agosto 2015 un Juez de alto impacto envió a Baldetti Elías, la ex vicepresidenta, a prisión preventiva. Baldeti Elías deberá guardar prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Santa Teresa.

27 de agosto 2015 Según estimaciones del intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, sin contar las miles de personas que se movilizaron en los departamentos, ciento ochenta mil guatemaltecos y guatemaltecas estudiantes, comerciantes, mujeres, profesionales, pequeños empresarios, comunidades pueblos y organizaciones salieron a las calles de la Ciudad de Guatemala, participando del paro nacional y exigiendo la renuncia de Otto Fernando Pérez Molina actual presidente de la República, por liderar un gobierno corrupto; además mostraron su inconformidad a que se celebren las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre.

- Rocizela Pérez Gómez de Barrientos, periodista guatemalteca.