Acaba de pronunciarse la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el juicio instaurado por Bolivia contra Chile por el incumplimiento en devolver nuestro acceso soberano al mar, al haberse Chile sentado en una mesa con Bolivia, en diversas oportunidades desde 1895 hasta 2012, y haberse comprometido oficial y legalmente a solucionar la deuda pendiente que tiene, cual es eliminar el nefasto enclaustramiento marítimo a que nos tiene sometidos.

Bolivia nació en 1825 con 400 kilómetros de costa entre el río Salado, antiguamente denominado río Santa Clara (25°28’ de latitud), y la desembocadura del río Loa. En ese litoral, hubo incursiones clandestinas de la peonada chilena en busca de riquezas, y que retornaba a su país para dar noticias de los descubrimientos fabulosos que realizaban de guano, salitre, cobre, plata, oro, yodo, bórax, azufre, y de la fatal ausencia de control por parte del propietario de ese suelo. Apercibido de ello, el astuto gobierno de Chile secundó eficazmente con medidas administrativas y con protección armada la codicia de sus connacionales. Sin contar con ningún título legal de propiedad sobre ese litoral ajeno, por un mero acto de gobierno, Chile se adjudicó la pertenencia de aquella zona, al aprobar una ley mediante una medida de hacienda sancionada el año 1842 por su Ejecutivo y aprobada por su Congreso, declarando por sí y ante sí que el nuevo límite norte de su país era el puerto boliviano de Mejillones (23°06’ de latitud). La astuta diplomacia chilena logró que, vergonzosamente, y se debe enfatizar, que los gobiernos de Melgarejo y Frias regalaran, escandalosa y fraudulentamente a Chile, 150 kilómetros de costa, mediante los fraudulentos tratados de 1866 y 1874 que fijaron el nuevo límite en el paralelo 24°, obsequiando sin ningún motivo a Chile un grado y medio geográficos entre dicho paralelo y el río Salado.

En el “libro del mar”, en los documentales de Diremar, en las presentaciones de Carlos Mesa en la ONU y en las publicaciones del periódico La Razón, Bolivia está denunciando que Chile invadió su territorio costero en 1879 y se quedó con los 400 kilómetros lineales de costa de su territorio. Ello es erróneo, ya que entre el paralelo 24° y la desembocadura del río Loa sólo hay 250 kilómetros. Por lo tanto, el Departamento del Litoral de Bolivia constaba de 250 kilómetros de costa, más cuatro puertos, en el momento de la alevosa y salvaje invasión militar promovida por la oligarquía chilena, en connivencia con el imperialismo inglés, que ha significado nuestro encierro.

Empero, llegará la alborada en que desde las playas del Océano Pacífico Sur vaya a todos los mares el rumor gozoso del pueblo boliviano que va a recuperar sus puertos soberanos, después de vivir injustamente enclaustrado.

El dominio actual que Chile ejerce sobre el litoral ocupado, es un dominio de fuerza, impuesto sin respeto al derecho. Es un despojo que se ha originado después de firmado el fraudulento tratado de 1904, el cual equipara los derechos legítimos de propiedad boliviana con el dominio ilegal chileno sobre un territorio ocupado durante la invasión y la guerra.

La invasión de 1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son los antecedentes de fuerza militar, no de derecho, con los que Chile ha despojado y detenta hoy el Departamento del Litoral, entre el paralelo 24° y la desembocadura del río Loa.

El tratado de 1904 debe terminar como un instrumento de dominio colonizador, y Bolivia debe acabar con ese fraude. Chile insiste en su intangibilidad con amenazas militares. Esa es la naturaleza de la “paz” del tratado en que se hallan actualmente las relaciones de vecindad.

Pedir a Chile cumplimiento del “tratado de paz” y la mejora del “libre tránsito”, es como pedir soga para ahorcarse. Bolivia debe reclamar lo que es suyo propio, a pesar del dominio “absoluto y perpetuo” que Chile le impone con un despojo armado. No existe hoy la intangibilidad de los Tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.

Chile ha obtenido nuestra riqueza mediante el despojo y la ley filibustera de que la agresión y la victoria da derechos, y los bolivianos seguimos embaucados con la fraseología de la confianza mutua y esperando la limosna de la “cualidad marítima” que el soberbio agresor tenga a bien concedernos en una negociación por un corredor inservible sin puerto al norte de Arica.

Vergüenza debería dar a diplomáticos, militares y excancilleres, quienes quieren trocar mar por recursos naturales o por mayores enajenaciones territoriales, satisfaciendo con más regalos la eterna codicia del usurpador de siempre.

El gobierno boliviano debería impugnar la política de la Corte de La Haya y del Pacto de Bogotá, impuesta por las grandes potencias a su conveniencia, donde impiden que la Corte de Justicia pueda revisar tratados internacionales impuestos a la fuerza, como el de 1904, lo cual va en contra de los derechos del pueblo de Bolivia. Sabemos que el cambio de una situación de esta naturaleza, por la vía ética o jurídica, es sumamente difícil. No obstante, las embajadas bolivianas deben publicar por todos los medios la escandalosa usurpación de 1879, y Bolivia debe proceder a buscar aliados en su justa demanda, ya que cualquier negociación con Chile siempre será un fracaso, porque debemos darnos cuenta que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor.

Al respecto, el pasado 20 de Septiembre 2015, el descarado ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, enfatizó que “Tarde o temprano Bolivia tendrá que convencerse de que no podrá obligarnos a cederle territorio”. “Bolivia no podrá celebrar nada porque no tendrá un centímetro de territorio nacional de acceso soberano al mar”. Muñoz añadió que “lo que el gobierno boliviano le ha prometido a su gente es que conseguirán acceso soberano al mar”. El canciller aseguró que “la demanda boliviana, al buscar que Chile sea obligado a darle una salida soberana por nuestro territorio, lo que realmente persigue es modificar los límites pactados en el Tratado de 1904. Es decir, simple y llanamente Bolivia pretende que Chile le transfiera territorio soberano, lo cual rechazamos”. En esa línea y consultado por la campaña mediática que realizó Morales indicando que el papa Francisco apoyaba la causa, Muñoz sostuvo que “las palabras del Papa, fueron expresiones propias de un pastor, ajenas al caso en La Haya”. “Debemos estar tranquilos, porque el argumento nuestro es que el tratado limítrofe está plenamente vigente y Chile ha cumplido con el mismo”. “Ellos van a seguir, con o sin fallo de La Haya, en una actitud muy de descalificación hacia Chile, de mucha mentira y tratando de buscar algo que por la vía bilateral no van a conseguir nunca, que es tener un acceso soberano al mar”, concluyó la autoridad.

Los bolivianos, de lo que tenemos que convencernos es de que los alcances de un fallo de la Corte de La Haya, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante.

El puerto de Arica funciona casi exclusivamente para Bolivia y no puede prescindir de esta relación. Desde luego, el próximo fallo de la Corte de La Haya tomará en cuenta esa situación e influirá en el clima para una negociación de fondo sobre el derecho marítimo de nuestro país.

La solución salomónica seguramente incluirá a las tres naciones, Bolivia, Chile y Perú. Ello significará romper el viejo prejuicio chileno de mantener un carácter estrictamente bilateral de la negociación, sin mediadores.

La Corte debe promover, que paralelamente a la negociación chileno – boliviana, se lleve a cabo un acercamiento chileno – peruano, para que ambos firmantes del tratado de 1929 y su protocolo complementario se pongan de acuerdo en solucionar el enclaustramiento que ellos mismos han consolidado al haber excluido a Bolivia en dicho tratado; en este sentido, la solución es entregar la propiedad y soberanía del puerto de Arica a Bolivia, en vista de que Chile no está de acuerdo en partir en dos su actual territorio para devolver por lo menos uno de los cuatro puertos usurpados.

No se justifica ni se justificará nunca la actual abusiva ocupación militar chilena de nuestro Litoral. Es un hecho irrefutable que el enclaustramiento de Bolivia, producto de la usurpación chilena, es un factor crítico de nuestro atraso y pone freno a la integración sudamericana. Chile, que era el país más pobre de Sudamérica, ha progresado y superado a la economía boliviana por un factor de diez (10), gracias al robo de nuestro Departamento del Litoral, dentro del cual se halla la fabulosa mina del cobre de Chuquicamata.

Bolivia no acepta, ni lo hará jamás, la condición mediterránea como definitiva. No podemos seguir viviendo bajo la tutela marítima chilena, pidiendo venia y perjudicados con el falso libre tránsito. Desde que en 1879 Chile consumara el encierro de Bolivia, despojándola de su litoral, esa zona sigue dependiendo de Bolivia para su vida económica. En los 136 años que dura ya nuestro enclaustramiento, el norte chileno progresa cómodamente beneficiándose con las utilidades que percibe producto de las actividades económicas de importaciones y exportaciones de Bolivia. Chile es el contralor de la economía boliviana por sus constantes interferencias al libre tránsito y a través de sus arbitrarias elevaciones progresivas de las tarifas portuarias. Asimismo, la diplomacia chilena continúa con sus actitudes altaneras y desdeñosas, sin dejar alentar en Bolivia alguna esperanza de solución a su terrible mediterraneidad forzada, a pesar del llamado fraterno que les ha hecho hoy el presidente de Bolivia.

24 de Septiembre 2015

- Jorge Edgar Zambrana Jiménez

Ingeniero Civil, Historiador y Teólogo