A los 43 normalistas de Ayotzinapa

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido más de 70 días detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos llamaría de tortura: presos incomunicados, sin que se le presenten formalmente cargos de ningún tipo, sin que sus familiares los puedan ver, ni sepan qué tipo de presiones sicológicas y físicas están sufriendo.

El gobierno de Varela y su Procuraduría, siguiendo los pasos del criminal genocida George W. Bush, ha acusado a los estudiantes de "terrorismo", y cree que esa acusación basta para violar descaradamente la ley, la Constitución Política del país y los principios más elementales del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener a nadie preso indefinidamente, sin presentar cargos.

La cobardía de Varela, sus asesores de seguridad y sus títeres en la Procuraduría es que hacen las mismas arbitrariedades que Bush, pero no con hombres maduros, ni con combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzado su mayoría de edad. Y esto se hace en mazmorras de la Policía Nacional a sabiendas que se está pisoteando las leyes nacionales, con el silencio cómplice de los medios de comunicación y de entidades como el Colegio Nacional de Abogados.

La cobardía de las autoridades panameñas llega al punto de que estos métodos de aislamiento y tortura que practican con los estudiantes, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes, ni con los capos de las mafias, y menos con los millonarios que han robado al estado.

La Constitución Política vigente contiene un Título III donde están las garantías de las que deben gozar todas las personas, incluyendo quienes violan las leyes, los delincuentes y los "terroristas", en caso de que los hubiere.

El artículo 21 dice: "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente... Nadie puede ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley".

El artículo 22 dice: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales".

El artículo 23: "Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante recurso de habeas corpus...".

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, ¿Estos principios del derecho moderno, vigentes en todos los países democráticos desde el siglo XVIII y XIX, ya no valen en Panamá? ¿Este gobierno nos va a sumergir en los abusos que practicaba la Santa Inquisición durante la Edad Media europea? ¿A tal extremo irracional llega el fanatismo religioso del presidente? ¿Ustedes están reviviendo métodos dictatoriales contra los que supuestamente lucharon sus copartidarios?

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, si ustedes en verdad son respetuosos del derecho y de la institucionalidad democrática, como dicen, presenten a los 10 estudiantes con sus padres y sus abogados, presenten las evidencias que tienen contra ellos, e inicien los procedimientos legales normales estatuidos por la Constitución y la ley. La acusación de terrorismo, en caso de que se aplique a este caso, de lo cual hay serias dudas, no le permite a ustedes las autoridades, actuar arbitrariamente y violar los derechos humanos.

Los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener arbitrariamente a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un estado represor que, bajo la forma de una dictadura civil, pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?

Casi todos los ciudadanos panameños fuimos testigos de los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles, deploramos y hemos repudiado públicamente el vandalismo irracional y el atentado de que fuera víctima un apreciado docente del colegio y una alumna. Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas.

Lo que no está muy claro es que esas acciones califiquen bajo el delito de "terrorismo" y, si así fuese, tampoco esto legitima actos de abuso de autoridad como los que se están cometiendo. Lo que corresponde es que las autoridades prueben que los detenidos son los responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan actuar sus abogados y que, al final del proceso, se apliquen las sanciones correspondientes atendiendo al principio de la rehabilitación, como recientemente ha orientado el Papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no debe permitirle olvidar ese principio.

A los 43 normalistas de Ayotzinapa

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido más de 70 días detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos llamaría de tortura: presos incomunicados, sin que se le presenten formalmente cargos de ningún tipo, sin que sus familiares los puedan ver, ni sepan qué tipo de presiones sicológicas y físicas están sufriendo.

El gobierno de Varela y su Procuraduría, siguiendo los pasos del criminal genocida George W. Bush, ha acusado a los estudiantes de "terrorismo", y cree que esa acusación basta para violar descaradamente la ley, la Constitución Política del país y los principios más elementales del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener a nadie preso indefinidamente, sin presentar cargos.

La cobardía de Varela, sus asesores de seguridad y sus títeres en la Procuraduría es que hacen las mismas arbitrariedades que Bush, pero no con hombres maduros, ni con combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzado su mayoría de edad. Y esto se hace en mazmorras de la Policía Nacional a sabiendas que se está pisoteando las leyes nacionales, con el silencio cómplice de los medios de comunicación y de entidades como el Colegio Nacional de Abogados.

La cobardía de las autoridades panameñas llega al punto de que estos métodos de aislamiento y tortura que practican con los estudiantes, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes, ni con los capos de las mafias, y menos con los millonarios que han robado al estado.

La Constitución Política vigente contiene un Título III donde están las garantías de las que deben gozar todas las personas, incluyendo quienes violan las leyes, los delincuentes y los "terroristas", en caso de que los hubiere.

El artículo 21 dice: "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente... Nadie puede ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley".

El artículo 22 dice: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales".

El artículo 23: "Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante recurso de habeas corpus...".

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, ¿Estos principios del derecho moderno, vigentes en todos los países democráticos desde el siglo XVIII y XIX, ya no valen en Panamá? ¿Este gobierno nos va a sumergir en los abusos que practicaba la Santa Inquisición durante la Edad Media europea? ¿A tal extremo irracional llega el fanatismo religioso del presidente? ¿Ustedes están reviviendo métodos dictatoriales contra los que supuestamente lucharon sus copartidarios?

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, si ustedes en verdad son respetuosos del derecho y de la institucionalidad democrática, como dicen, presenten a los 10 estudiantes con sus padres y sus abogados, presenten las evidencias que tienen contra ellos, e inicien los procedimientos legales normales estatuidos por la Constitución y la ley. La acusación de terrorismo, en caso de que se aplique a este caso, de lo cual hay serias dudas, no le permite a ustedes las autoridades, actuar arbitrariamente y violar los derechos humanos.

Los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener arbitrariamente a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un estado represor que, bajo la forma de una dictadura civil, pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?

Casi todos los ciudadanos panameños fuimos testigos de los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles, deploramos y hemos repudiado públicamente el vandalismo irracional y el atentado de que fuera víctima un apreciado docente del colegio y una alumna. Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas.

Lo que no está muy claro es que esas acciones califiquen bajo el delito de "terrorismo" y, si así fuese, tampoco esto legitima actos de abuso de autoridad como los que se están cometiendo. Lo que corresponde es que las autoridades prueben que los detenidos son los responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan actuar sus abogados y que, al final del proceso, se apliquen las sancione

También es importante decir que la ciudadanía no se chupa el dedo, menos los institutores y mucho menos los egresados del colegio: es evidente que, desde el gobierno de Martinelli y la ministra Lucy Molinar, existe una conspiración para justificar el cierre del Instituto Nacional. En ese momento, igual que este año, grupos juveniles de los barrios aledaños vinculados con pandillas, que por detrás parecen relacionadas con algunos políticos locales, crearon disturbios que "justificaron" una entrada brutal de la policía en los predios de la escuela.

En ese momento, se organizó un gran movimiento nacional impulsado por insignes egresados del Instituto Nacional que marchamos hasta la escuela junto a los estudiantes para defenderla, con lo que la conspiración se desvaneció. Ahora vuelven incidentes similares con el aditivo de un video de un grupo de enmascarados que se presentan como institutores que realizan amenazas no muy políticas. Así que los ciudadanos que tenemos tres dedos de frente, nos decimos: "aquí hay gato encerrado".

Terminamos reiterando el llamado al gobierno y al ministerio público a respetar el debido proceso, porque los abusos, la represión indiscriminada, la destrucción de los espacios y derechos democráticos, la violación sistemática de los derechos humanos, esas prácticas dictatoriales son las que terminan produciendo situaciones de violencia social y política, y verdaderos grupos terroristas. Eso lo muestra la triste historia de países cercanos que se han deslizado por ese camino. Estamos a tiempo, no sigamos sus pasos.

Panamá, 26 de septiembre de 2015.