El reciente escándalo por la variación del puntaje en el examen de certificación de jóvenes licenciados en medicina para aspirar al internado en hospitales públicos, que les permita a su vez llegar a adquirir la idoneidad profesional, puede quedarse en lo superficial, lo anecdótico, el bochinche y el escándalo politiquero, o puede ser usado para una reflexión más profunda sobre la salud de nuestro sistema de salud.  

Para analizar todo lo que está implicado en el susodicho examen hay que alejarse de los extremos del fanatismo político en que ha caído el debate: los defensores del oficialismo siempre sospechoso de corrupción porque sus acciones pasadas así los han marcado; y los que fingiendo un supuesto apego a la moralidad y a la “calidad” profesional en el fondo defienden un sistema de salud pública mercantilizado y controlado.  

La pandemia desnudó la crisis del sistema de salud pública  

La pandemia de la COVID-19 ha puesto a la luz el pésimo estado de la salud pública en Panamá. La alta cifra de contagios y muertes nos han colocado en un lugar vergonzoso del ranking mundial. Pese a que las clases dominantes de Panamá presumen de que somos “la Dubái de Centroamérica”, nuestro sistema de salud pública ha probado en la pandemia ser pésimo. Esa es la diferencia, el sistema de salud pública, entre los menos de mil muertos en Cuba y los casi 6,000 que tenemos en Panamá producto de la pandemia.  

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado fehacientemente dos cosas que se han estado haciendo mal en Panamá durante los últimos 30 años: el debilitamiento del sistema de atención primario, los centros de salud comunitarios y los comités de salud, que eran la joya de la corona en tiempos del Dr. José Renán Esquivel; y, en segundo lugar, la falta de personal de salud respecto de la población, y en particular, la escasez de especialistas en las distintas ramas de la medicina.  

La atención primaria y los comités de salud de Esquivel, que reclamaba el profesor Marco Gandásegui al inicio de la pandemia, son los instrumentos adecuados para combatir la epidemia, garantizando la trazabilidad, la contención de los contagios en las comunidades y la atención casa por casa. Pero casi habían desaparecido para el año 2020.  

La destrucción de la atención primaria se ha hecho en favor de la atención terciaria, es decir, hospitalización y clínicas especializadas, que es donde está el grueso de los negociados en la medicina capitalista mercantilizada que se practica en Panamá.  

Negociado en doble sentido: a los consorcios que financian las campañas de los políticos les es más rentable construir hospitales que centros de salud, aunque a veces compitan casi al lado, uno del MINSA y otro de la “Caja”; por otro lado, ante la falta de especialistas y la pésima atención en policlínicas (incluyendo la dilatación de las citas en el tiempo) se fuerza a que todo el que pueda pagar saque de su bolsillo y se vaya a la “privada”.  

¿Qué tiene que ver el examen de acreditación con la falta de suficientes médicos?  

Que es utilizado como una barrera para contener la cantidad de nuevos profesionales de la medicina que entran cada año al sistema. Los que lucran de la medicina como negocio saben que, en una sociedad de mercado, el precio de cualquier mercancía (incluyendo la salud) depende de la ley de oferta y demanda, que dice que a mucha demanda de un producto (atención de salud) y poca oferta (de especialistas) sube el precio que se cobra por tener acceso a esa mercancía.

De esa manera se aseguran de que cada año, del total de licenciados/as en medicina que se gradúan de todas las universidades públicas y privadas, siempre quede un remanente que no entra al sistema y tenga que repetir el examen, postergando su acceso al mercado laboral.  

Lo cual nos lleva a otro problema: el examen de certificación, como condición de acceso a la idoneidad profesional, implica la suposición que la calidad de la educación que reciben los estudiantes de medicina en las universidades públicas y privadas es mediocre.  

Está cuestionada la Educación Superior, porque de nada vale que certifique que los estudiantes de medicina pasaron por un proceso rigurosos de admisión a la facultad, de nada vale que certifiquen un título que dice que son licenciados/as porque durante tanto tiempo estudiaron un pensum de equis cantidad de materias con tales evaluaciones que les califican como licenciados/as.  

¿Un examen gringo en un país “soberano”?  

Para colmo el examen de certificación “panameño” es hecho por una entidad norteamericana, denominada National Board of Medical Examiners (NBME). Dicho en español, Consejo Nacional de Examinadores Médicos, cuyo enfoque obedece a criterios norteamericanos para calificar la idoneidad de sus profesionales médicos, y que guarda relación directa con un sistema de salud en Estados Unidos que se caracteriza por ser carísimo, privatizado e ineficiente, como se ha demostrado durante la pandemia.  

A esa entidad, el NBME, el estado “soberano” de Panamá le paga para que le evalúe a sus jóvenes licenciados en medicina, no con criterios panameños, sino con los de ellos, obedeciendo a una lógica que no beneficia al pueblo panameño y que se caracteriza por la poca cantidad de especialistas en todo el país.  

Es sorprendente que ninguna autoridad académica de la Universidad de Panamá cuestione un proceso de certificación que le está diciendo en su cara que los títulos que expide están en duda por mediocridad y que la defensa de la soberanía y la “panameñidad” es puro cuento porque siguen siendo gringos los que dicen quién aprueba y quién no.  

Este examen, y todo el criterio epistemológico que lo sostiene, es producto de los 30 años del Consenso de Washington y su filosofía neoliberal y mercantilista, impuesta mediante agendas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al cual se han rendido gobiernos y autoridades académicas. A esa filosofía neoliberal y quienes la defienden, en materia de salud, le cabe la responsabilidad por una buena proporción de los muertos de la pandemia.  

Estos criterios para adquirir la idoneidad profesional en medicina no existían antes  

Estos criterios se impusieron con las reformas neoliberales. El hecho es que la primera ley sobre certificación y recertificación médica data de 2004 (Ley 43), reformada en 2008, reglamentada mediante Decreto (373) de 2006, aprobado por el Consejo Técnico de Salud en marzo de 2009.  

Ningún médico graduado antes de la década pasada hizo el examen de acreditación, incluyendo muchos de los que hoy se dan golpes de pecho exigiendo el examen de acreditación como baluarte de la calidad y la excelencia. ¿Los médicos de antes, que no hicieron el examen, son mediocres respecto de los nuevos que si han pasado por el examen? Que conteste el Colegio de Medicina.  

¿Cómo obtenían los médicos de antes su idoneidad?  

El médico de antes, culminados los estudios universitarios, entraban a una plaza de un internado rotatorio por dos años, uno en área urbana y otro en zona rural.  En el ejercicio de ese internado, culminados los dos años, el estado homologaba sus conocimientos, con lo cual solicitaba al Consejo Técnico de Salud su idoneidad.  

Al licenciado en medicina de ahora, se le pone como condición para hacer el “internado” el examen gringo de la NBME. Aprobar el examen, ni siquiera implica la idoneidad inmediata, si no apenas la posibilidad de ser admitido al internado. Solo la posibilidad, porque el Estado panameño limita la cantidad de plazas, que son ocupadas en orden descendente, de acuerdo al puntaje, con lo cual es posible alcanzar el puntaje mínimo establecido y quedar fuera.  

¿Quién bajó el puntaje del examen y por qué?  

El examen cuesta, no es gratis, y es regulado por el CICBM (Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina), compuesto por la Universidad de Panamá (Presidencia, Secretaría, Tesorería), Colegio Médico de Panamá (Vocal), Caja de Seguro Social (Vocal), Ministerio de Salud (Vocal) y un representante de las universidades privadas (Vocal).  

El CICBM reconoce que bajó los puntajes para aprobar el examen, que habían sido subidos en 2019 (ojo), porque "en nuestro país, luego de 12 meses de pandemia, la formación de médicos ha tenido un impacto, ya que no se han cumplido estrictamente con las prácticas clínicas, Pese a ello, las universidades han otorgado los títulos de grado correspondientes" (Panamá América 7/3/21).  

Y que: "En los Estados Unidos, el NBME (National Board of Medical Examiners) ha cancelado y suprimido definitivamente partes del examen, dado la alteración profunda de los procesos formativos y la necesidad de ajustes de acuerdo a las restricciones de bioseguridad".  

Por lo cual ellos tomaron su decisión de "establecer este tope mínimo, el valor estrictamente que supone la aprobación es de 343,basándonos en el sistema de tres dígitos, es decir aproximadamente 32.1, en base a sistema de cien. Esta escala es totalmente diferente a las utilizadas en las universidades nacionales, y de ninguna manera puede compararse, ya requeriría de un ajuste ponderativo a base de fórmulas matemáticas complejas"  

Criterios completamente legítimos y válidos, que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá debió tomar en cuenta, ya que es la opinión de los tres docentes médicos que representan a la institución en el CICBM, antes de tomar posición sobre este asunto. Y eso que el Consejo Académico debía estar prevenido sobre criterios académicos que en el pasado cercano produjeron una controversia que terminó en la Corte Suprema de Justicia, respecto al intento de eliminar los cursos de Humanidades en la formación de los médicos panameños, particularmente.  

El resto del país no escuchó otro criterio una vez que se les presentó todo como la maniobra de un diputado que quería que su hija aprobara su examen. La gente, por experiencias pasadas, pensó: “Estos diputados son capaces de eso y de cosas peores”. Crea fama y acuéstate a dormir.  

Es necesario una política de formación profesionales de la salud con vocación soberna y popular  

Es necesario que las personas pensantes y las organizaciones populares vayan más allá de lo circunstancial y nos cuestionamos cómo está organizado todo el sistema de salud pública en Panamá, incluyendo la formación de profesionales. Hay que romper el círculo vicioso del mercantilismo en la salud pública para hacer realidad la consigna: “Salud igual para todos”.  

Es necesario que quienes se dicen antiimperialistas, nacionalistas, torrijistas (lo que sea que eso signifique) se cuestionen cómo un examen y una entidad norteamericana tiene incidencia sobre la idoneidad de nuestros profesionales de la medicina. Hay que construir una política soberana y popular sobre la formación de nuestros profesionales en todas las áreas.  

¿Significa que no debamos velar por la excelencia de los profesionales?  

Sí debemos velar por la capacidad profesional de quienes deben atender la salud del pueblo panameño. Pero un examen por sí mismo no es capaz de decir quién es o será buen profesional. No olvidemos que en la educación formal y los exámenes Albert Einstein fue un mediocre, que luego profesionalmente fue un genio.  

Por algo la propia Resolución 04, de 16 de junio de 2009, del Consejo Técnico de Salud, que reglamenta las certificaciones y recertificaciones exige a los profesionales de la medicina recertificarse cada 5 años con 200 puntos (Art. 8). Pero esa recertificación que, el artículo 1 establece como “voluntaria”, se puede acreditar actividades como: sesiones clínicas, mesas redondas, seminarios, cursos de postgrado, publicaciones, etc.  

Esto es lo correcto, porque el desarrollo profesional de una persona no se reduce a un examen memorístico, sino que son múltiples actividades en que se van desplegando las capacidades. Eso es lo que nos exigen a los docentes universitarios, no un simple examen memorístico.  

El Artículo 19, habla del Examen de Recertificación “como alternativa a la recertificación quinquenal por puntaje”. La pregunta es: ¿Cuántos profesionales que ahora le exigen a los recién graduados el examen con un alto puntaje están dispuestos a recertificarse haciendo ellos mismos el examen?  

Panamá, marzo de 2021