A partir de la acción judicial contra Antena Negra TV, Fernando Gómez recoge la preocupación de los medios alternativos por la falta de plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sensaciones y miedos que se pensaban olvidados volvieron a sentir quienes llevan adelante proyectos de comunicación popular, cuando el pasado 4 de septiembre la Policía Federal Argentina, con una orden judicial, destrozó a patadas las puertas del canal comunitario Antena Negra TV (ANTV), para allanar y secuestrar sus equipos de trasmisión.

El juez Marcelo Martínez Di Giorgi estampó su sello para apagar el canal comunitario, a partir de una denuncia penal por “interferencias a otros emisores que prestan servicio de seguridad bancaria en el canal 20”. Parte de la corporación judicial que puso frenos a la implementación plena de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), tomó la denuncia proveniente de una empresa privada de las telecomunicaciones que usufructúa esa señal gracias a un amparo conseguido de forma inconstitucional durante la presidencia de Carlos Menem.

El 11 de noviembre de 2014 el Poder Ejecutivo de la Nación aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, por medio del decreto 2456, y ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión, entregándola al “exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta (TDA)”.

Antena Negra había logrado ser el primer canal comunitario de América Latina en dar el salto analógico. Desde el 24 de marzo de este año había comenzado a transmitir en TDA y al reinaugurar su programación ocupó entonces la señal 20 que le permitió llegar a gran parte de la Capital Federal. A pesar de esto se tomó la decisión de beneficiar al supuesto damnificado, una empresa privada de seguridad que no tiene derecho a operar en la frecuencia del canal 20 de TDA.

Este hecho fue repudiado por todas las redes de comunicación comunitaria, alternativa y popular tanto a nivel nacional como internacional, así como por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos quienes realizaron una movilización en solidaridad con el canal y consiguieron reunirse con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de  Tecnologías de la Información (Aftic). De esas reuniones surgieron algunos compromisos por parte de los organismos gubernamentales como: encontrar un espacio disponible en el espectro para que el canal de TV pueda emitir hasta tanto se regularice su situación, acompañar la solicitud de ANTV ante la Justicia para la devolución de sus equipos y declarar que no genera ninguna interferencia, ayudar financieramente al canal luego de los destrozos provocados en el violento allanamiento y el compromiso de abrir a la brevedad el concurso para la categoría licenciatario operador en alta potencia sin fines de lucro que el canal solicitó.

En la reunión con la Aftic también se vio la necesidad de “crear un protocolo de acción administrativa para que nunca más un medio comunitario sea criminalizado” y lograr un nuevo procedimiento frente a futuros conflictos de este tipo o por interferencias.

A casi seis años de sancionada la ley 26.522, la mayoría de los medios de comunicación comunitarios no poseen licencia, y solo consiguieron un “empadronamiento para medios sin fines de lucro en las denominadas zonas de conflicto”. El caso de ANTV, demuestra cómo un supuesto “incumplimiento de un deber administrativo” para regularizar el canal, dio lugar a que el juez Di Giorgi abra un proceso penal, secuestre los equipos de emisión, y llame a indagatoria a un integrante del canal quien corre el riesgo de una posible condena por “interferencias de las comunicaciones”.

Llevar adelante proyectos de comunicación comunitarios, alternativos y populares forma parte de una práctica avalada por leyes nacionales e internacionales que defienden la comunicación como un derecho humano y no puede ser visto por la justicia penal como un accionar delictivo.

Lo que pasó con Antena Negra deja en evidencia que para los sectores populares que hacen comunicación es necesario lograr la plena aplicación de la LSCA por la que tanto lucharon. La demanda histórica de conseguir la elaboración de un plan técnico que reserve el 33% para el sector sin fines de lucro, reorganizar el espectro radioeléctrico y abrir concursos en todas las categorías, requiere hoy una inminente resolución.

Es fundamental para el futuro de los medios comunitarios que la causa abierta contra un comunicador popular y que retiene los equipos de Antena Negra no siente jurisprudencia, porque permitiría a la justicia penal actuar de igual manera ante un posible conflicto de intereses en la lucha por ocupar el espectro radioeléctrico.

- Fernando Gómez es integrante del medio comunitario Radionauta FM 106.3; miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-282769-2015-09-30.html