La reconstrucción de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre caso Ayotzinapa se cayó completamente. Los resultados del trabajo de seis meses del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmaron las dudas que ya habían sido levantadas por investigaciones periodísticas y peritos forenses independientes: es científicamente imposible que los 43 estudiante de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 setiembre de 2014 hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

Los expertos independientes presentaron también algunas evidencias que la autoridad conocía y que fueron ocultadas, como las pruebas del involucramiento de la Policía Federal y del ejército en los hechos y la presencia de un quinto autobús. Se trata de uno de los carros que los normalistas ocuparon en Iguala y que probablemente se utilizaba para transportar droga, aunque los muchachos lo desconocían. Según los expertos de la CIDH, este autobús podría representar el móvil del ataque.

A pocos días del aniversario del ataque de Iguala, el Programa de las Américas entrevistó a Carlos Beristain, uno de los expertos independientes que participaron en la investigación.

¿Cómo pueden afirmar que los 43 estudiantes no han sido quemados en el basurero de Cocula?

Nuestro perito, que tiene una enorme experiencia internacional, visitó el lugar. Hizo un análisis in situ de las condiciones que se dieron en el basurero y de si había habido quema en la flora alrededor, causada por la supuesta pira de los 43 cuerpos. Evaluó también los testimonios de los inculpados sobre el modo en que se habría llevado a cabo la acción.

Sin embargo, algunos de los 111 imputados afirmaron que los 43 cadáveres han sido incinerados en el basurero.

Las declaraciones de los diferentes imputados tienen inconsistencias. Presentan cuatro versiones diferentes sobre lo que habría pasado con los normalistas: una señala que los normalistas habrían sido llevados a una casa de seguridad; otra dice que los normalistas habrían ido a atacar armados a los hermanos Benítez Palacio; otra que hubieran sido llevados a Pueblo Viejo y allí enterrados en una fosa; y otra más señala que los muchachos han sido llevados al basurero de Cocula. Estas declaraciones presentan cuatro escenarios diferentes, con inconsistencias entre si, y también adentro de la versión del escenario del basurero de Cocula hay inconsistencias fuertes sobre cómo fueron transportados, dónde y cómo habrían sido supuestamente ejecutados, además de incongruencias sobre otros elementos.

Ustedes averiguaron que es imposible que en el basurero de Cocula haya habido una pira tan grande como para incinerar 43 cuerpos. ¿No será posible que hayan sido quemados un numero inferior de cadáveres?

No hay ninguna versión que diga que hayan sido quemados menos cuerpos, no hay ninguna declaración de ninguno de los inculpados que lo diga. Esto ya sería para nosotros una quinta versión.

¿Se puede afirmar que hubo, por parte del estado mexicano, un intento de ocultar lo qué pasó aquella noche en Iguala?

Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención, lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la PGR. Nuestro informe contiene descripciones de los hechos y no tiene valoraciones de comportamiento del estado, de la PGR o de los funcionarios. De todos modos, hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo.

¿Qué reacción tuvo la autoridad frente a sus recomendaciones?

Durante los primeros días hubo una respuesta un poco contradictoria. Por una parte el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo al informe, señalando que el estado lo acogía y que sería incorporado a la investigación. También la PGR hizo declaraciones en el mismo sentido, aunque algunos sectores señalaron que era cierta la versión de la autoridad.

Para nosotros la respuesta es la oficial, o sea que el informe será incorporado a la investigación y que nuestras recomendaciones serán tenidas en cuenta para reorientar la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares, que son los tres puntos clave de nuestro mandato.

Nuestro trabajo es una oportunidad para el estado de México y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la practica.

Su mandato fue ampliado para otros seis meses. ¿En qué consistirá su trabajo?

Vamos a tener 6 meses más de trabajo para poder seguir empujando en esta dirección. Ahora sabemos algunas cosas claramente: que los normalistas no fueron confundidos con narcotraficantes, que no estaban infiltrados por nadie, que a través del C4-una estancia de coordinación en la que están la Policía Federal, la Municipal, la Estatal y el Ejército-los jóvenes fueron monitoreados antes y después de que llegaran a Iguala.

De esta parte de la historia sabemos lo que pasó, hay otra parte de la que todavía no tenemos claridad y es en esta zona gris que tenemos que encentrarnos en los próximos meses.

23 septiembre 2015

- Orsetta Bellani es nacida en Italia y desde hace años vive y viaja por América Latina. Trabaja como reportera freelance, es licenciada en Comunicación y Relaciones Internacionales. Escribe para el Programa de las Américas cipamericas.org/es

Fuente: Americas Program: http://www.cipamericas.org/es/archives/16473