Entre el remedo de país que recibirá Jimmy Morales, hay asuntos que serán un verdadero laberinto si desde el inicio de su mandato no fija las prioridades que marcarán el rumbo.

Ya tiene batallas por enfrentar, aunque se haya hecho el disimulado por ahora. La última a la que le salió al paso de manera apresurada, la “idea” como prefiere llamarle el sector empresarial, es la propuesta hecha por el comisionado Iván Velásquez, de discutir el financiamiento de la seguridad y la justicia para no llegar al año 2030 igual o peor de como estamos. Es comprensible que no quiera comprarse desde ahora el pleito que ha provocado grandes diferencias desde siempre, pero no lo va a poder evadir.

Ya los expertos han explicado de manera reiterada que solo hay tres fuentes de financiamiento para el Estado: los impuestos, las donaciones y los préstamos; estos últimos también son refutados constantemente porque se sostiene que ya no debemos endeudarnos. No podemos vivir de la caridad de las donaciones y los impuestos generan anticuerpos. Ojalá que los que se resisten a pagar, por lo menos acepten discutir para llegar a algún acuerdo que contribuya a atenuar la gravedad del sistema de justicia.

Los datos que ha revelado la fiscal son un reflejo del abandono y desinterés que ha habido de esa institución, incluso quienes la antecedieron no se atrevieron a plantear el tema con firmeza. ¡Un MP presente en apenas un 10% de los municipios del país!

El Ministerio de Gobernación, otro de los eslabones de la cadena, también presenta rezagos en cuanto al cumplimiento y efectividad de sus responsabilidades. Basta revisar las estadísticas o los medios para constatar que los ataques a personas en la calle o en sus viviendas, los asesinatos de pilotos, ayudantes, pasajeros, la muerte violenta de mujeres, los asaltos, el terror que vivimos a diario no corresponde a una convivencia normal en una sociedad. Y aunque cuestionamos la decisión de la ministra Eunice Mendizábal, avalada según informó por el presidente, de otorgar un bono a los empleados administrativos, es innegable que una cartera como esa requiere, además de un manejo transparente, recursos para estar a la par del esfuerzo realizado por el MP.

El Organismo Judicial y la Defensa Pública Penal también necesitan recursos financieros para poder cumplir con sus funciones. Sin ellos, no habrá nunca una justicia pronta y cumplida. Todo esto, sin desconocer la urgente necesidad de las reformas legales de las que tanto se ha hablado.

De ajuste, le queda como legado al próximo gobierno el cuestionamiento a los Pactos Colectivos en varios ministerios, que en algunas ocasiones establecen compromisos sin sustento financiero suficiente.

Jimmy Morales no podrá evadir el impulso de una real reforma fiscal. Precisa entonces definir el abordaje, el diálogo debería ser la vía, pero la postura de los empresarios lo hace difícil.

Guatemala, 18 de noviembre de 2015.