A la mayoría de guatemaltecos se los está llevando el río, a unos más que a otros. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reporta graves daños en muchas localidades; hay 27 personas fallecidas y 368,694 afectadas por las lluvias, pero pasan desapercibidas, así como los 26 heridos, los 4 desaparecidos y las 7,218 viviendas que tienen daños entre leves, moderados y severos. Total, eso no es lo más importante para el país, que se encuentra inmerso en una polarización que no tiene visos de encontrar cauces para el entendimiento.

Mientras tanto, Alta Verapaz, Retalhuleu e Izabal han estado en alerta roja por las lluvias, así como Huehuetenango y San Marcos; estos dos debido al sismo del pasado 7 de septiembre. En Petén, Quiché y Huehuetenango hay lugares con derrumbes. Pero esa realidad es muy lejana para los citadinos. En fin, las personas que viven en el área rural siempre han tenido toda clase de problemas; estos fenómenos naturales que provocan desastres sociales son uno más.

A los huracanes, tormentas tropicales, deslaves, inundaciones, crecida de ríos que arrastran lo que encuentran a su paso se suma otro terrible ciclón, el de la corrupción, que por décadas ha azotado al país y que ahora por fin estamos combatiendo.

Pero además de ese objetivo y de luchar contra la impunidad, también deberíamos abordar lo que están viviendo los millones de personas que nunca han sido atendidas por esta simulación de Estado que tenemos, que siguen con el mismo ciclo de pobreza y desigualdad y que poco saben de qué se trata esta cruzada contra la corrupción.

Las movilizaciones son expresión de la participación ciudadana, en ejercicio de su legítimo derecho. Las autoridades, mesuradamente, han tenido que hacer esfuerzos por evitar confrontación y provocaciones, lo que debe ser reconocido; sin embargo, en medio de todo este movimiento cívico que se ha gestado, empezamos a percibir actitudes que deben preocupar al Gobierno y a la población.

Me refiero a la cobertura de hechos noticiosos en donde ya hay indicios de intolerancia, abuso e incluso violación a normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, de prensa, de opinión y del derecho a informar y ser informados. Estas agresiones las ejecutan líderes políticos, agentes del Estado y hasta personas individuales.

Hay ciudadanos cuya confianza en el sistema de información ha disminuido. Acusan a unos medios de ser proclives a ciertas tendencias, a otros los señalan de ser parciales y a unos más hasta les han dicho que están “vendidos”. En las redes sociales se han ensañado en contra de periodistas, a quienes tratan de desacreditar y deshonrar.

Pero es inaceptable que las reacciones violentas, las injurias, las calumnias y la difamación se conviertan en la estrategia para atacar a medios y a periodistas que trabajan en ellos, olvidando que dichos comunicadores son trabajadores, igual que quienes están acudiendo a las manifestaciones o aquellos que se expresan en redes sociales.

Debemos poner un alto a esta situación. Los reporteros, corresponsales, periodistas, columnistas, fotógrafos, camarógrafos y todos los que participan en el proceso informativo merecen respeto, están desempeñando un trabajo en función social, están acercando partes de la realidad a la audiencia. No es posible que la prensa se convierta en el “enemigo a vencer”. Y si hay colegas que no están apegando su trabajo a la ética y no se desempeñan con responsabilidad, hay otras vías para denunciarlos, pero rechazamos la violencia y los intentos de degradar el trabajo de la prensa.

Guatemala, 12 de octubre de 2017

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA