“Si en Paraguay hubiera pena de muerte iban a aplicarlo con Rubén Villalba”, dice en esta entrevista la historiadora Margarita Durán Estragó.

La mayor parte de su vida la pasó estudiando hechos históricos, principalmente del Paraguay como nación, buceando en archivos, devorando ensayos y libros. Pocos acontecimientos le impactaron tanto en la piel como el de la masacre de Curuguaty y su posterior proceso judicial.

Hoy la vemos acompañar con una postura clara de indignación el proceso judicial del caso, donde el Poder Judicial paraguayo intenta cargar sobre el hombro de 12 campesinos y campesinas la responsabilidad de la mayor masacre de la historia de la lucha por la tierra en el país, donde murieron 11 campesinos y seis policías.

“Me juego porque estoy segura de la inocencia de estos campesinos y porque los pobres no tienen voz, no tienen poder”, explica.

Para ella no hay duda de que esta masacre la gestaron sectores retardatarios de la sociedad para derrocar al presidente electo por el voto popular, el ex-obispo Fernando Lugo. Y para eso no repararon en derramar sangre de campesinos y policías inocentes.

En esta parte de los acontecimientos compromete a la fiscala Ninfa Aguilar, quien de acuerdo a la historiadora se encargó de apurar a parlamentarios para urgir el allanamiento-desalojo campesino que terminó con las muertes.

“Escuchamos más de 200 testigos durante 6 meses de juicio, nadie pudo decir de dónde vino el primer disparo”, dice, rebatiendo la tesis de la fiscalía paraguaya, que asegura que 324 policías con armas de guerra fueron víctimas de una emboscada de 60 campesinos armados de escopetas de caza y foizas, con sus mujeres y niños como señuelos.

Para ella, lo que hace simplemente la investigación fiscal, mucho tiempo encarnada en el fiscal Jalil Rachid, es una criminalización de campesinos y campesinas.

El origen del conflicto por estas tierras de Marina Kue, 300 kilómetros al noreste de Asunción- explica- se remonta a la venta de tierras públicas de 1883 y se refuerza con el robo institucional de tierras de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), donde militares, funcionarios estatales y el sector empresarial usurparon tierras y bienes del Estado.

Transcribimos la entrevista de acuerdo a las preguntas y sus respuestas:

“Desde que se inició esta tragedia el 15 de junio de 2012 estamos siguiendo de cerca. Vemos con mucha angustia, con mucho dolor que los resultados de la investigación se hicieron tan parcialmente, ya que no se buscó a los asesinos de 11 campesinos, entre ellos muchos ajusticiados mientras huían hacia los bosques cercanos, como si fueran animales de cacería.

Todo esto por seguir junto con el Instituto de la Tierra (INDERT) el acompañamiento de la ocupación de esas tierras, destinadas para un servicio social, para ser loteadas para los campesinos de Yvyra Pyta, que están en el entorno a estas tierras de Marina Kue.

La Industrial Paraguaya (LIPSA) (1) en 1967 donó a la Armada Nacional esas tierras y según cuadernos de novedades de la Armada – y esto fue testificado por el jefe de Gabinete del gobierno de Federico Franco, el presidente golpista, Martín Burt- dice que definitivamente dejaron esas tierras en 2004. Fue entonces cuando la comisión vecinal sin tierras Naranjaty de Yvyra Pyta se acercó al INDERT para pedir la aprobación de su comisión y comenzar las gestiones.

En eso estaban cuando Blas N. Riquelme(2), apurado por conocer esto, ya que él había invadido y saqueado esas tierras, ya desde 1971 el hizo un plano a su medida, en donde ya había penetrado en las tierras, el Sur de sus grandes propiedades, que en tiempos de la dictadura de Stroessner, mezclando, juntando sus negocios con la política partidaria, ya que fue presidente de la Asociación Nacional Republicana(ANR)(3) y senador durante muchos años, entonces tenía las puertas abiertas para conseguir tierras mal habidas. Una de ellas es la de Marina Kue.

El gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), por medio de un decreto, reconoció que esas tierras eran fiscales, de la Marina,por eso Marina Kue, y le entregó al INDERT para que la administrara en favor de los labriegos y de los campesinos que son los que nos alimentan día a día.

Esos son los antecedentes públicos de esas tierras…pero usted como historiadora encontró otros antecedentes y publicó la semana pasada…

Encontré que esas tierras donadas por La Industrial Paraguaya SA (LIPSA) a la Armada Nacional eran de 2.821 hectáreas. Un año antes, el comandante de la Armada, el vicealmirante Hugo González, había pedido en arrendamiento a LIPSA 2 mil hectáreas. Entonces al recibir 2821, como había pedido 2mil, con la diferencia dijo “esto me quedo para mí”. Y pronto ya hubo una nueva mensura y aparecen las cabeceras de estas tierras como propiedad de Hugo González.

Con el tiempo pasa a manos de Blas N. Riquelme. Y según testimonios de marinos ya jubilados, que vivieron en esa época, González negociaba con los rollos del lugar, puso ahí un aserradero. Y hasta ahora su familia goza de ese negociado, de esa riqueza que amasó su padre con tierras mal habidas. Y el presidente de la actual asociación de madereros del Paraguay es el hijo del comandante Hugo González.

Me decía este marino que Hugo González era accionista de la Compañía Cervecera Asunción, que Riquelme había fundado junto con Lino Oviedo4.

Durante la dictadura se hicieron con grandes tierras, hubo grandes negociados, que ahora todo el pueblo está sufriendo las consecuencias.

Me muestra un plano de Campos Morombi, estancia Golondrina, señalándome la divisoria entre estas tierras y las de LIPSA, mostrándome la parte invadida por Riquelme, que de acuerdo a las informaciones que maneja, Riquelme taló, vendió la madera y ahora son extensiones de sojales.

Se cuenta que al Sur de las tierras de Riquelme,que llaman reserva natural, hay plantaciones de marihuana. Incluso escuché decir que en los secaderos de granos se secan otras cosas. Y campesinos a la orilla de estas plantaciones, molestan. Qué le hace a grandes latifundistas dos mil hectáreas, ni se dan cuenta, de tanto que tienen. Sin embargo, la presencia de estas 300 familias molesta.

Pero fue una excusa (la masacre), ya que no salió la matanza de Ñacunday5. Fue ésta la excusa que buscaron los mismos legisladores en el Senado, durante las vacaciones del resto de sus compañeros, urgieron, pidieron, y enojados como estaban, al Ministerio del Interior para que le entregaran 200 policías a la fiscala Ninfa Aguilar6, que fue la abogada de Riquelme cuando la usucapión.

Estaba leyendo un informe (del Ministerio del Interior) sobre la comisión vecinal Naranjaty. A esta asociación es que el fiscal Rachid acusa de asociación criminal sin fundamento alguno. Eso se llama criminalizar a la lucha campesina.

Se trata de una nota de un informante del INDERT, del 28 de diciembre de 2011, dirigido al director de asesoría jurídica César López. Allí informa que hay 300 campesinos encarpados, lindante a las plantaciones de soja que se atribuye Riquelme.

Cuando fueron a hacer el allanamiento, que dijeron que era desalojo, estuvieron junto a las carpas donde ellos vivían. Y ahora quieren condenar a las madres jóvenes que estuvieron presentes, cuando que era el lugar donde vivían. Ahí había 11 motos, niños, ancianos, familias.

Y ahora la fiscalía para acusarlas se les ocurre decir que estas mujeres salieron a mostrase para despistar a la policía, como parte de la emboscada, como sostiene la Fiscalía. Entonces estaban viviendo allí (los campesinos y campesinas).

Sigue leyendo el informe. Lee una parte donde el informante cuenta que conversando con el dirigente de la ocupación de ese entonces, Leonor Rivas, éste le dijo que no recibieron noticifación de desalojo. Pero sí una llamada telefónica del Ministerio del Interior a través del funcionario Elio Cursi. Éste le informó al líder campesino que había una orden de desalojo para el 3 de enero de 2012, emanada de la fiscalía del Medio Ambiente de Curuguaty, a partir del fiscal en lo penal Miguel Ángel Rojas Barrios.

En enero de 2012 ya estaba desesperados (los sectores que propiciaron la masacre), por eso fue la fiscala Ninfa Aguilar a azuzar a los diputados y senadores de la Comisión Permanente en tiempos de receso. ¿Y por qué en enero ya hay un urgimiento?, porque quiere decir que tiempo atrás ya venían buscando un conflicto que pudiera traer como consecuencia el quiebre institucional y el derrocamiento del presidente elegido por voto popular.

Desde la independencia, 1811, en más de 200 años nunca hubo una salida pacífica por el voto de la población, un cambio de presidente de un partido a otro, sin que haya mbokapu(disparos), violencia, sangre, llanto, dolor.

Y quisieron hacer eso en esta oportunidad, no les salió ese 3 de enero, intentaron el 7, tampoco. Recién les salió el 15 de junio.

¿Por qué hablan de emboscada de 60 o 70 campesinos que estuvieron, pero el resto estaba en sus carpas, pero allí junto a ellas. ¿Y por qué fueron a hacer un allanamiento sin que el que supuestamente pidió, Blas N. Riquelme no tenía título? Eso se hace con título en mano, y según el protocolo, según el ordenamiento y reglas que hay que seguir, debe estar presente el dueño del terreno que reclama la salida de los campesinos. Debe estar la fiscalía y miembros del poder Ejecutivo.

Llevaron policías de todas las comisarías, pero de los confines allá..Agua’e…todos los nombres, montada de Luque, de Caaguazu, de Ciudad del Este, grupos tácticos.

Y ahora salen con que esta comisión vecinal Naranjaty era una asociación criminal y se prepararon para matar. ¿En qué cabeza entra que campesinos con escopetas para matar conejos, que tienen para alimentarse, se prepararan para matarle a un ejército? Esto era inmolarse, ninguna persona hace así. Se hubieran escondido, porque eso es emboscada, esconderse y aparecer de pronto. En cambio ellos (los campesinos) le pusieron una bandera, una pancarta, le pusieron alambrada, les dijeron (a los policías) no pasen.

Se va a cometer una injusticia tan grande, tan grande…ahora no pueden retroceder(los sectores propiciadores de la masacre) porque usaron esta lucha sangrienta, inocente de tanta gente, policías, campesinos, para derrocar al gobierno. Y este no es un juicio de carácter legal, judicial, sino político.

Usted está siguiéndolo y tomó partido…

Me juego porque estoy segura de la inocencia de estos campesinos y porque los pobres no tienen voz, no tienen poder.

Si ponemos en un plano histórico, ¿qué peso tienen estos acontecimientos de la masacre de Curuguaty?

Con la venta de las tierras públicas en 1883 y 1885 se inició una nueva etapa en la lucha por la tierra en Paraguay, que no es la primera. Pero de allí procede. Porque extranjeros, sin conocer Paraguay, compraban, mandaban dinero y compraban pueblos enteros.

Las tierras que compró LIPSA, por ejemplo, abarcaba seis a siete departamentos: Concepción, San Pedro, Amabay, Canindeyú, Caaguazú, con toda la gente dentro.

¿Y qué hacían los que siempre vivieron en esas tierras? Se les dio unos cuantos meses de plazo para regularizar su situación. Pero ni siquiera tenían títulos, si nunca nadie les pidió. O no esrtaba organizado, hasta ahora el catastro no está organizado. Y entonces llegó ese plazo y se quedaron de changadores en sus tierras, al servicio de grandes latifundistas que abarcaron todo esto.

Y eso se viene sintiendo. La LIPSA se fundó en 1878, y durante la dictadura de Stroessner llegó a la quiebra. Pero resucitó con el estronismo, para repartir esas tierras mal-habidas a todos sus socios, los que le dejaban llevar un gobierno despótico, autoritario, dictatorial, que estaban bien pagados entonces, y tenían gente que les amparara.

Todas estas fortunas mal-habidas, amasadas mediante el saqueo, el contrabando…son las consecuencias que estamos viviendo. Así pasó en tiempos de las Ligas Agrarias, en la colonia Jejuí, donde yo ayudaba en la parte educativa de las escuelitas campesinas. Pasó en Laterza Kue, Barbero, Ñacunday, Juan de Mena, Arroyito…cuántos lugares.

Esto pasa porque la gente (las familias campesinas) tiene 10 hectáreas, 8 hectáreas, sus hijos crecen, forman parejas y necesitan un lugar. Entonces miran alrededor, quién es el dueño que se apropió de estas tierras fiscales. Paraguay era riquísimo en tierras fiscales. Entonces van al INDERT a buscar solución. Eso no es una asociación criminal; todo lo contrario, van por lo caminos legales, como hicieron estos campesinos.

Pero ya los fiscales contaron la finalidad suya de que le daban penas máximas para que sirva de escarmiento a cualquier otro grupo que eche los ojos, que mire e intente apoderarse de tierras malhabidas.

Si hubiese existido en nuestra legislación la pena de muerte, estos fiscales, por presión de arriba, porque ellos son tembiguái (sirvientes), hubieran pedido el fusilamiento para Rubén Villalba. Y él no era el líder, el líder era Avelino Espínola “Pindú”, muerto. Entonces, como chivo expiatorio, le dieron a él(a Rubén). Que es un líder, pero ser líder es y debe ser un mérito, si su liderazgo se presta para caminar adelante, acompañado de sus compañeros. En todos los grupos hay un líder. Y eso no se puede criminalizar.

Hasta criminalizaron decir “vencer o morir”. Quién en un Paraguay tan militarizado y tan nacionalista, que ya raya lo enfermizo, en cualquier momento de desesperación ¿qué se dice? Vencer o morir. Y allí le condenaron porque dijeron esa frase, “porque es solo para gente gloriosa, noble que se destaca y no criminales como estos”.

Le dieron una medida de 30 años sin hacer un estudio psiquiátrico, sin tener comprobante alguno de que es una persona peligrosa. Dicen “no va a cambiar de ideología, no va a cambiar su forma de pensar. Y por lo tanto va a volver a matar. Porque su intención era matar”.

Escuchamos a más de 200 testigos, en casi más de seis meses, yo iba todos los días por lo menos tres o cuatro horas… Nadie pudo decir de dónde provenía el primer disparo que fue el causante de la masacre.

Y por fotografías que se pudieron rescatar de Pablo Medina -a quien también lo mataron por la lucha contra el narcotráfico en el lugar- se ven francotiradores escondidos entre los montes y los maizales de donde vinieron. Eran tiros certeros y dados en órganos vitales. Eso no pudo venir de los campesinos que estaban a metros de ellos, de aquí a allá, si se acercaron a conversar.

Y los fiscales dicen ahora, que cambiaron la calificación, cosa que no pueden hacerlo, porque eso supone una nueva defensa. ¿cómo le van a defender de algo que ahora inventan?

Yo pido a la ciudadanía que se manifiesta, que no sea indiferente, porque esto si la población se pone firme…si los de abajo se mueven, los de arriba caen. No queremos eso, queremos la paz, pero la paz tiene que venir de la justicia social. No es solamente “ah, ahora podemos decir lo que queremos”. No es sólo eso. Es lograr la justicia social, y sobre todo para los que menos tienen.

¿Por qué la usucapión, que es una figura del derecho que sirve para regularizar las tierras de los que la ocupan y la trabajan pero que no tienen título, el derecho, la justicia privilegia a los latifundistas a tener más, más y más como en este caso los Riquelme.

Da la impresión de que el poder de una familia pone en juego toda la institucionalidad de un Estado…

Se me grabó una reflexión del profesor Jorge Lara Castro -el hijo de doña Coca, que es la fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay- que dice: la lógica del saqueo convertida en derecho provocó la masacre de Curuguaty. Y así cualquier otra.

Por qué la lógica del saqueo se convierte en derecho, porque la misma legislación, los mismos fiscales, los mismos jueces, el mismo Poder Legislativo, a través de Óscar Tuma, Olga Ferreira, Rogelio Benítez, Efraín Alegre, que eran los que estaba en esa comisión urgiendo el allanamiento, urgiendo la masacre…lo mismo el Poder Ejecutivo…todo el aparato estatal al servicio de los poderosos, que son unos pocos.

Aquí no es cuestión de lucha de clases, se trata de justicia social. Que devuelvan las tierras malhabidas.

Estos hijos de Riquelme ¿por qué no le dan un poquito de tregua a las penas que tiene que estar sufriendo más allá (Blas N. Riquelme)? Porque la justicia divina existe y está sufriendo las penas. Que ayuden a su padre que está sufriendo, porque fue con las manos manchadas de sangre. Que devuelvan ese pedacito de tierra, que ellos ni se darán cuenta que les falta. Nadie lleva nada al irse. Y no saben los hijos de Riquelme cuanto vida van a tener. Sin embargo, están marcados en la historia paraguaya. Y a lo largo del tiempo este hecho se va a estudiar en las universidades, se van a hacer tesis doctorales, tesinas de licenciatura sobre este caso, porque es una aberración jurídica. Y es una lucha emblemática que va a marcar un hito. Ojalá que la gente despierte y que el miedo no nos mate, no nos haga callar.

Notas

1La Industrial Paraguaya SA tenía acciones argentinas y paraguayas, fue la empresa con con mayor acaparamiento de tierra en la región oriental de Paraguay luego de la venta de tierras públicas. Se calcula que llegó a tener 2,8 millones de hectáreas. Entre sus accionistas figuraba el presidente de la República Bernardino Caballero(1880-1886), a su vez promotor de las leyes de venta de tierras públicas durante su presidencia. Es uno de los creadores de la ANR o Partido Colorado.

2 Blas N. Riquelme: político y empresario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, al que también perteneció el dictador Alfredo Stroessner. Riquelme es denunciado por el Informe Verdad y Justicia, tomo IV, como usurpador de tierras estatales en el distrito de Curuguaty, y luego haberlas blanqueado al lograr la declaración de reserva natural privada. Fue senador nacional desde 1989 a 2008. Montó un emporio empresarial dedicado al cultivo extensivo de granos, soja, ganadería e industrias de alimentos, cerveza y supermercados. Con ardides judiciales ganó una figura de usucapión de las tierras estatales de Marina Kue, donde sucedió la matanza, por lo que el Estado paraguayo, a través del Instituto de la Tierra y la Procuraduría, entabló juicios para recuperar sus tierras. Riquelme, fungiendo de propietario legítimo, promovió el proceso de allanamiento de las familias campesinas que ocupaban el lugar aquel 15 de junio de 2012. A pesar de no contar con el título de propiedad y a pesar de existir dos disputas judiciales entre el empresario y el Estado por dichas tierras, fiscales y jueces dieron como hecho su legalidad como propietario y llevaron hasta las últimas consecuencias el allanamiento fatídico.

3 ANR: Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, partido que sostuvo civilmente la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que actualmente sigue en el gobierno.

4General paraguayo que aunque participó del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner en 1989, es acusado de usurpar bienes y tierras del Estado durante la dictadura, además de estar involucrado en distintos hechos de violencia contra comunidades indígenas del país. Disidente dentro de su partido, ANR, formó el suyo propio, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). Fue acusado de dos intentos de golpe de Estado durante la década de 1990 y de propiciar, a través de sus adeptos, la masacre de jóvenes manifestantes en las jornadas llamadas “Marzo Paraguayo” de 1999. Murió en 2013 durante un accidente aéreo.

5Ñacunday: se refiere a una gran ocupación campesina de tierras que se atribuye el empresario sojero brasileño Tranquilo Favero, sospechadas de haber en el lugar excedentes fiscales. Estas ocupaciones se realizaron durante el 2011, y ciertos sectores políticos progresistas cercanos al entonces gobierno de Fernando Lugo afirmaban que un primer intento de generar hechos de sangre y generar un escenario de conmoción política se intentó hacer, fallidamente, en torno a aquellas ocupaciones.

6Se trata de la agente fiscal de la ciudad de Curuguaty que, al dar como hecho que las tierras pertenecían a Riquelmen, pidió la orden de allanamiento que desató la matanza.

Jorge González para Base Investigaciones Sociales.