Este viernes, Lucas Peverelli –Director General de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires (DGREC)- renunció a su puesto después de siete meses de parálisis en dicha repartición. En su texto de renuncia, el funcionario explica que “motiva la presente renuncia, las diferencias manifiestas sobre el destino y proyección del Servicio Público de Recolección Diferenciada de la Ciudad de Buenos Aires, y mi convencimiento personal de que continuar con esta política pública, y desarrollar el servicio de recolección diferenciada con integración social, es el camino que debemos seguir como gobierno”. Peverelli no es precisamente un integrante de “La Campora”, un activista de izquierda ni un militante de los movimientos populares. No es parte de un complot desetabilizador ni un infiltrado. Peverelli es partidario del PRO. Como tantos otros jóvenes de ese espacio político con el que tengo profundas diferencias ideológicas, es una persona de buena voluntad, con sensibilidad social, que conoce la temática y vivió el proceso de inclusión de los trabajadores cartoneros desde sus inicios. Supo sacudirse algunos prejuicios y meter las patas en el barro para buscar soluciones concretas junto a las organizaciones del sector aunque no por ello dejamos de tener diferencias, peleas, discusiones, conflictos cotidianos. Renunció porque cree, igual que yo, igual que tantos, que los cartoneros organizados en cooperativas, trabajando junto al Estado, pueden garantizar una ciudad limpia, socialmente justa y ecológicamente sustentable. Y lamentablemente esta no es la línea del Ministerio del que depende.

Tanto Peverelli, como los funcionarios de carrera, trabajadores de la DGREC, dirigentes del sector, referentes ambientales y todos los actores serios y desinteresados vinculados a la cuestión del reciclado saben que, a la hora del balance, los avances que representó el Sistema Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada (SPRD) en términos de justicia social y ambiental superan con creces los múltiples problemas que efectivamente tiene. Todos ellos entienden que, aunque hay muchos aspectos que mejorar y desviaciones que corregir, las deficiencias en la higiene de la Ciudad no pueden atribuirse a los recuperadores urbanos cuya función es la recolección diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) secos y no la limpieza propiamente dicha, responsabilidad de las empresas privadas de higiene urbana que se embolsan 8.000 millones de pesos anuales y pueden blindar con billetes todo cuestionamiento a su dudosa eficiencia. Ellos saben que los problemas existentes en el SPRD son fundamentalmente responsabilidad del propio gobierno y su política errática hacia el sector, sin perjuicio de que las Cooperativas también pueden y deben redoblar esfuerzos en sus procesos organizativos y laborales; saben que las víctimas de estos problemas no son únicamente los porteños que padecen un servicio deficiente o el ambiente que se perjudica por el enterramiento innecesario de residuos reciclables, sino los propios trabajadores cartoneros que no cuentan con lo mínimo indispensable para desarrollar adecuadamente su labor; saben  que para solucionar todas las dificultades no hay otra fórmula que el trabajo sistemático, comprometido, riguroso, inclusivo y colaborativo del Estado con los cartoneros, nunca sin ellos, y menos contra ellos. Esta posición se sintetiza en la consigna “sin cartoneros no hay basura cero”.

Sin embargo, desde hace ya demasiado tiempo, lo único sistemático que vimos fue el boicot al trabajo de la DGREC y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos. El incumplimiento alevoso del “CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SECOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”, la falta de inversiones, la falta de gestión seria en la operatoria, la falta de campañas adecuadas para involucrar al vecino en la separación en origen, la falta de control sobre comercios y empresas (grandes generadores), entre otros. Sin ir más lejos, hace más de 18 meses que no se entregan uniformes de trabajo en violación al artículo 4.4 del contrato. Las inversiones en Centros Verdes y renovación de flotas vehiculares brillan por su ausencia, también en violación al artículo 3.6 de dicho instrumento. No se ha presentado el PLAN ANUAL que establece el artículo 3.1 ni concretada las actualizaciones presupuestarias automáticas del artículo 3.2. La lista sigue. Esto también es “inseguridad jurídica”. Son cosas tan elementales que no pueden atribuirse a la incapacidad del Estado para gestionar como afirma el lobby privatista: es negligencia pura y dura.  

Por otro lado, los intentos de cooptación clientelar de los cartoneros deterioran seriamente los vínculos inter e intra cooperativas, generando algunas situaciones de violencia y llegando al extremo de exigirles a choferes de las cooperativas que trasporten ciertas facciones de barra bravas. Fueron las propias cooperativas las que denunciaron la situación a las autoridades competentes que no tuvieron mejor idea que utilizar este hecho lamentable como argumento para sus proyectos excluyentes y como elemento extorsivo, amenazando a los trabajadores con sanciones y el escarnio público. Son los resortes oscuros del poder que se sostiene en base al sufrimiento de los pobres y que, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de un partido sino que atraviesan todo el sistema político argentino.

De esta forma, la política socioambiental más exitosa implementada por el Gobierno de la Ciudad  -que permitió un grado insuficiente pero innegable de dignificación para más de cinco mil trabajadores cartoneros y un aumento considerable de los niveles de recuperación de residuos sólidos urbanos; que le valió premios internacionales al propio Mauricio Macri y posibilitó una disminución enorme del flagelo del trabajo infantil- está siendo atacada por las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que se han convertido en verdaderos lobistas de las empresas privadas frente al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La intención -que dejó de ser oculta para hacerse pública durante una serie de consultas con la industria del reciclado- es la privatización del sistema y su entrega a un grupo de empresarios cercanos al Ministro Eduardo Macchiavelli según sugiere el propio subsecretario de Higiene Urbana Pablo Di Liscia, que se manifiesta impotente para impedirlo. El Ministro, a quien no tengo el gusto de conocer, ha sido denunciado por prácticas reñidas con la ética pública en múltiples ocasiones. No me consta que sea culpable de los delitos que le enrostran pero sí sé que algunos empresarios con intereses comerciales en el tema están “colaborando” en la elaboración del pliego con el que se pretende licitar el servicio a fin de año. Eso no está bien.

No quisiera atribuir esta perspectiva únicamente a los intereses económicos y las ambiciones personales que sin duda motivan en parte la línea del Ministerio. Noto también cierto fundamentalismo de mercado y un notable prejuicio xenófobo contra los humildes y sus organizaciones autogestivas. Se pretende colocar al cartonero como chivo expiatorio de los problemas de higiene en la Ciudad y apelando al pensamiento mágico se ofrece la privatización como receta para solucionarlos. En vez de poner manos a la obra y esforzarse para resolver los problemas, se transfiere la responsabilidad al mercado salvador. Me recuerda al capítulo de los Simpson en que Homero le vende a Springfield el proyecto “¿No podría hacerlo otro?” que termina, como todo proyecto improvisado e irresponsable, en un desastre social, presupuestario y ambiental (https://www.youtube.com/watch?v=ZKUfhG4vYDM).

Personalmente, siento un inmenso orgullo de haber unido mi destino al de los cartoneros allá por los tristes días del 2001 cuando el hambre campeaba en la Argentina y miles de familias salían con los hijos a cuestas a ganarse el pan con el sudor de su frente. Hoy, desde la Patagonia, mi trabajo es la formación de dirigentes en el marco de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP-CTEP) y aunque mi compromiso con el sector sigue intacto, son los propios dirigentes de las Cooperativas que integran la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores quienes tienen la responsabilidad de representar del sector. Sin embargo, por mi experiencia, me atrevo a decirle a los que pretenden robarle a los cartoneros lo que por derecho les pertenece y aplicar un proyecto que los descarta: ¡no pasarán!

Los cartoneros tienen una sólida organización y un espíritu de lucha indómito que desarrollaron durante años de persecución y desprecio. No responden a ninguna conducción centralizada ni a intereses partidarios porque su movimiento se desarrolló en base a la premisa más sencilla que unifica a los que padecen la opresión: “si tocan a uno nos tocan a todos”. No se los puede comprar. No se puede “cerrar” con un “puntero” que garantice una paz de cementerio a cambio de entregar las conquistas. Así lo han demostrado en sus luchas del pasado y así lo demostrarán si se avanza en este proyecto criminal que pretende excluirlos nuevamente. Los que hoy juegan con fuego y comprometen la paz social en la Ciudad de Buenos Aires pretenderán luego atribuir la conflictividad a motivaciones políticas e inventarán teorías conspirativas para explicar las tempestades que deliberadamente sembraron.

Con el mayor de los respetos y apelando a la cultura del diálogo, le pido al Sr. Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que no se deje embaucar por los cantos de sirena del lobby privatizador. Las cooperativas, trabajadores estatales, activistas ambientales, técnicos y profesionales comprometidos con el Sistema Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada estamos a disposición para trabajar denodadamente en el mejoramiento del servicio en la medida que se respeten los derechos de los trabajadores cartoneros y para colaborar con políticas públicas para una Buenos Aires limpia y bella no sólo superficialmente sino en su corazón: una Ciudad sin marginados ni excluidos.