Introducción

Como se indica en su titulo, este ensayo va dirigido a realizar una primera y seguramente incompleta aproximación a las redobladas amenazas que les planteará la recién inaugurada administración de Donald Trump a los pueblos, las naciones y a ciertos gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales ubicados al sur  del  rio Bravo y de la península de Florida. Asimismo, a los de algunos de los territorios de esa región aún sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda.

Para cumplir ese propósito, las páginas que siguen se dividirán en tres acápites. En el primero me referiré a los que he denominado objetivos estratégicos, generales y, en determinados casos, específicos que guiaron las “estrategias inteligentes” hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré varias referencias a los enunciados sobre “la familia de las Américas” plasmados en la reaccionaría Plataforma del Partido Republicano (PPR) aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a fines de julio del 2016. Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegarán los grupos de poder y los poderes fácticos de los Estados Unidos, al menos, en los dos primeros años del gobierno temporal del controvertido, racista, misógino, homofóbico y xenofóbico magnate inmobiliario y “miembro de la clase capitalista transnacional” Donald Trump (Robinson, 2016); quien, siguiendo sus peores prácticas empresariales y a causa de los “conflictos de intereses” que se crearán entre éstas y sus altas responsabilidades estatales, parece decidido a llevar “la corrupción” a un “nuevo nivel” en la conformación y el funcionamiento de su gabinete (Baker , 2017).[1]

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los principales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Esta parte del criterio de que el futuro es “más construible que previsible”. Por tanto, “no es único, ni lineal”. Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está predeterminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del “hombre colectivo”. En consecuencia, el porvenir es un campo de batalla (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que “pungan por imponer su poder para defender sus intereses” (Mojica, 2000).

En mi consideración, sin negar la impronta y los márgenes de decisión de cualquier mandatario, la utilización de esos conceptos es necesaria; ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la actual administración republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de cualquier presidente (por muy “atípico”, “imprevisible”, “errático”, “volátil”, “egocéntrico” o “megalómano” que sea),[2] la política interna y externa que desarrollará esa potencia imperialista durante el gobierno temporal de Donald Trump será la resultante de los consensos previamente existentes o que se reelaboren entre los representantes políticos, militares, intelectuales  e ideológico-culturales de los diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participan en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder, como para la preservación de la que he denominado “seguridad imperial” de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones (Suárez, 2003, 2006 y 2010), lo antes dicho contribuye a explicar las continuidades de los objetivos estratégicos, generales y, en ciertos casos, específicos, al igual que de muchas de las estratagemas desplegadas y las herramientas utilizadas por las diferentes administraciones estadounidenses, aún cuando estas hayan sido controladas por diferentes sectores de los partidos demócrata o republicano. También los cambios de conceptos, estrategias o en el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra administración e, incluso, durante los sucesivos mandatos de algunas de ellas.

Esas continuidades y esos cambios igualmente han estado influidos y en algunos casos determinados por sus consideraciones acerca de la correlación internacional de fuerzas existentes, así como, en menor medida, por las reacciones de las clases y grupos subalternos estadounidenses frente a las políticas internas o externas desplegadas por cada uno de esos gobiernos temporales.  Asimismo por la calidad de las resistencias que les hayan ofrecido a estas últimas otros actores sociales y políticos, gubernamentales y no gubernamentales, de otros Estados del mundo.

Los objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama  

Como indiqué en una ponencia que presenté en un evento internacional efectuado en noviembre del pasado año en la Universidad  Nacional de Colombia (Suárez, 2016), entre el 2009 y el 2016 la maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas –según indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores— a “renovar” y a “prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas” (Obama, 2008).

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus “amigos”, “socios” o “aliados”, estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo y, en las ocasiones necesarias, del poder judicial)[3] emprendió diversas acciones orientadas a cumplir, al menos, los  siguientes objetivos generales o específicos ínter vinculados entre sí:

1.- Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios predominantemente “institucionales” a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como “anti-estadounidenses”.[4] En particular, aunque no únicamente (como se demostró en Paraguay), a los gobiernos que eran (cual fue el caso de Honduras hasta mediados del 2009) o todavía son miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.

Contra los gobiernos de este último país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se desplegaron y se siguen desplegando diversas acciones contrarrevolucionarias bajo el supuesto que su derrocamiento produciría un negativo “efecto domino” sobre los gobiernos de los demás Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían desplegado con otros gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de PETROCARIBE y del fondo ALBA-Caribe.

2.-  Restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación neocolonial sobre México, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes públicos (como el agua y la biodiversidad), al igual que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el Gran Caribe: el Golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el Paso de los Vientos, el Canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el Sur y el Norte del continente americano, así como entre  los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos, a la administración de Barack Obama le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los gobiernos europeos integrantes de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, así como el fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Esta registró un nuevo salto de calidad con la aprobación de las denomina Ley PROMESA signada en el 20l6 por Barack Obama. Esta estableció una Junta Fiscal orientada a garantizar, primero que todo, que los gobiernos de ese mal llamado Estado Libre Asociado paguen la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos “fondos buitres” (Torres, 2016).

3.- Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil –con contenidos de liberación nacional y social— que hasta mediados del 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológico-ambientales provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron diversas administraciones demócratas y republicanas estadounidense (Higuita, 2016), los “éxitos” de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, al igual que por las represivas fuerzas militares colombianas en su cruenta guerra “contra la insurgencia y el narco-terrorismo” fueron presentados por la administración de Barack Obama y por el Pentágono como “el modelo” a seguir por los gobiernos y las fuerzas armadas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Perú y Paraguay (Tickner, 2014, Kinosian et al, 2015);  

4.- Subordinar a los intereses geoestratégicos estadounidenses a los gobiernos de todos los Estados nacionales del hemisferio occidental ubicados en el “arco del Pacífico”: Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Funcional a ese propósito fueron las exitosas negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP) impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de su llamado “pilar asiático” (orientado a contener la creciente proyección externa de la República Popular China), al igual que su constante respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en el 2011 entre los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente. Sus antecesores, previamente, habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y ellos o sus sucesores (cual fue caso del mandatario peruano Ollanta Humala y de la presidenta chilena Michelle Bachelet), firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a “compartir responsabilidades y costos” con la maquinaria militar estadounidense en la “defensa del hemisferio Occidental” (Suárez [2014] 2016);

5.- Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la hegemonía estadounidense en el sur político del continente americano y en particular en Suramérica la paulatina e inconclusa transformación de la República Federativa de Brasil en una “potencia global”, al igual que aquellas posturas “populistas radicales” o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que hasta el 2012 apoyaron al gobierno paraguayo presidido por Fernando Lugo, así como que, hasta el 2015 y el 2016, habían sustentado los gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Igualmente, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez.

Lo antes dicho y otros elementos que veremos en el numeral siguiente contribuyen a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri, así como, aún antes de que se consumara totalmente, al “golpe de estado parlamentario-mediático y judicial” que en el 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitucional brasileña Dilma Rousseff. Esta fue sustituida por su corrupto vicepresidente Michel Temer; quien de inmediato comenzó a subordinar sus políticas internas y externas a algunos de los objetivos de la política global y hemisférica estadounidense.

6.- Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada por los derrocados gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay antes mencionados, al igual que por sucesivos gobiernos uruguayos, así como la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR); en especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos (incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes públicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos dominantes en Estados Unidos, cuales son las estratégicas Cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní, al igual que los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur (entre ellos, las Islas Malvinas) y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico Sur y con la Antártida (Boron, 2012);

7.- Entorpecer las acciones de los diversos gobiernos de América Latina y el Caribe que, entre fines del 2008 y del 2011, condujeron a la fundación la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y el 2015, al igual que por los principales órganos político-militares, financieros y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese último propósito fueron la acérrima defensa por parte de los representantes de los Estados Unidos de las parcializadas labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH (Aportes, 2014); el apoyo que –modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la Ley al respecto firmada por Barack Obama a fines del 2013— el Departamento de Estado comenzó a ofrecerle a “la reforma” de esa organización propuesta por su ex secretario general, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido y pro-panamericanista sustituto, el ex canciller uruguayo Luis Almagro.

Paralelamente, en correspondencia con la “nueva etapa” de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) “régimen cubano” (Obama, 2016), la administración de Barack Obama finalmente aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CCEM) de la República de Cuba, Raúl Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en abril del 2015. Según el criterio del antes mencionado presidente estadounidense, con tal acción y con el restablecimiento posterior de sus relaciones diplomáticas con Cuba se eliminó un factor irritante en el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y se fortaleció “el liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio occidental” (Ibídem).

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la decisión de admitir la participación del presidente cubano en la antes mencionada Cumbre de las Américas tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su  VI Cumbre efectuada en el 2012 en Cartagena, Colombia, al igual que re-legitimar a la OEA, en su conjunción con el BID, como “la entidad diplomática multilateral primordial” en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas Cumbres destinados al “fortalecimiento de la paz y la  seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de conflictos regionales, el  fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos” (Congress of The United of America, 2013).

Esos propósitos coincidieron con el interés del Pentágono, expresado en La política de defensa para el hemisferio occidental hasta el 2023 difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó: “Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos ínter militares, promoverán un férreo sistema de cooperación en materia de defensa que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. […] Nos esmeraremos por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio” (Panetta, 2012, la cursivas fueron incorporadas por el autor de esta ponencia).

Con esos y otros fines, a partir del 2014, la diplomacia político-militar estadounidense, en consuno con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al obsoleto e inoperante Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de Ejércitos, Marina y Aviación, así como de los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental (JID, 2014); incluido el subsistema del Norte América, sustentado en las estrechas relaciones establecidas entre las fuerzas militares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés)  y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos (incluida Alaska), de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estratégico estrecho de La Florida.

En el criterio del Jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, esa articulación está orientada a enfrentar las “amenazas tradicionales” y “no tradicionales” que les plantea a los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la República Popular China en el norte del hemisferio occidental. Asimismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Igualmente, las actividades diplomáticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que está desarrollando Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio estadounidense que, en el futuro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa´ida (Gortney, 2016).

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio para plasmar mis consideraciones acerca de los logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (y, en particular, durante su segundo mandato) en el cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos generales y específicos señalados en el acápite anterior. Tampoco para referirme a los que no pudo cumplir. No obstante, en mi apreciación, unos y otros serán retomados por la administración de Donald Trump; ya que este se comprometió, entre otras cosas que veremos después, a defender el presunto “excepcionalismo” de su país, a “hacerlo más grande otra vez”, a mantener su “posición natural como líder del mundo libre”, a fortalecer la supremacía de sus fuerzas armadas en todo el mundo, a “restablecer la ley y el orden”, así como a superar “la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense” (PPR, 2016: 3)

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el ahora presidente Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe previamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama no estuvieron en el centro de la campaña electoral. Esto me indujo a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos, así como a continuar la mayor parte de las estrategias elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante los ocho años de esa administración.

Entre otras razones, porque casi todas esas estratagemas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fueron el rechazo que encontraron en el Senado o en la Cámara de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas “leyes del embargo” contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre del 2014; incluido un proyecto de ley  dirigido a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de la Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).  

De ahí que los dos únicos problemas vinculados directamente a las políticas hacia el Hemisferio Occidental que se abordaron en los diferentes discursos del entonces candidato republicano fueron los relacionados con los negativos efectos que, según sus reiteradas opiniones xenófobas, racistas y “proteccionistas”, estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense (en especial, en la industria manufacturera y en los niveles de empleo de los trabajadores blancos con bajos niveles educacionales) algunas de las políticas migratorias y comerciales previamente desplegadas por la administración de Barack Obama. Y, dentro de estas últimas, la aprobación del TPP (negociado, entre otros, por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Perú) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, había sido respaldado por todas las administraciones demócratas y republicanas.  

Tal vez por ello, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle continuidad, con escasos cambios, a todas la estrategias en los campos comercial, energético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Barack Obama se han venido desplegando en consuno con los grupos de poder, los poderes fácticos y los sucesivos gobiernos temporales de Canadá y México, respectivamente encabezados por sus primeros Ministros Stephen Harper y Justin Trudeau, así como por los presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de los degradantes ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump, de sus reiteradas exigencias de renegociar el TLCAN como condición necesaria para permanecer en el mismo, así como de su amenaza de que, si ganaba las elecciones, el gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde más de 20 años se viene construyendo en la extensa frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencionada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribuirá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos en México y Canadá que hayan sido nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millones de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independencia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo (PPR, 2016: 50).

Por otra parte, con el lenguaje antediluviano empleado en muchas de sus páginas, en esa plataforma se indicó: “Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanece a América Central, así como que Venezuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah”. Y añadió: “Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como seguramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas” (Ibídem).

Sin dudas, tales sintagmas expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administración de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse desde abril del 2015; pero, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados se corresponden con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en particular, con los agresivos planes que, desde los primeros meses del 2015, ha venido organizando el SOUTHCOM (las llamadas Venezuela Freedom 1 y 2 Operations) después que el antes mencionado presidente estadounidense diera a conocer su Orden Ejecutiva de marzo de 2015 en la que calificó al actual gobierno venezolano como “una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional estadounidense” (Weisbrot, 2015).

En esa misma tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desplegadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y la seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los acuerdos de paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana entre los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del gobierno de ese país, la antes mencionada PPR señaló: “Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su solidaridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas” (PPR, 2016: 50).

Llama la atención que ese último enunciado formó parte de los pretextos empleados por el reaccionario ex presidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Centro Democrático, Álvaro Uribe (estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses que apoyaron la candidatura de Donald Trump, cual es el caso de Mario Díaz Balart), para movilizar votos contra los acuerdos de paz firmados en La Habana en el desfavorable plebiscito para tratar de “blindarlos” que se efectuó en Colombia el 2 de octubre de 2016. Posteriormente, durante la ratificación de la segunda versión de esos acuerdos aprobada por el Senado y en la Cámara de Representantes colombiana en diciembre de ese año, los parlamentarios del Centro Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a fines de noviembre entre el Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero mucho antes de que eso ocurriera, Donald Trump, como es su costumbre, comenzó a modificar las declaraciones anuentes que previamente había realizado acerca de las políticas hacia Cuba desarrolladas por la administración de Barack Obama después del 17 Diciembre del 2014. En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a las ordenes ejecutivas y a la Directiva Presidencial de Barack Obama del 14 de octubre de 2016, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos con esas políticas y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia hemisférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exterior estadounidense. La “apertura hacia Cuba” de la actual administración fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo fortalecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa independiente y elecciones libres con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las trasmisiones de Radio y TV Martí y la promoción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento pro-democracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre [institucionalizada por la administración de George W. Bush y disuelta por la de Barack Obama] y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconociendo el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo” (PPR, 2016: 50).

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el empleado por Donald Trump en el exabrupto que difundió inmediatamente después que conoció la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo, a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del “poder inteligente” (smart power) empleadas por Barack Obama, por las del “poder estúpido” (stupid power) previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadounidenses.  Acto seguido agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cubano, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiritualidad, del orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya ha sembrado un precedente nefasto (Ramírez, 2016).

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina que desplegará la administración de Donald Trump

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras opiniones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior dejan planteadas varias interrogantes que trascienden con mucho, aunque en mi opinión incluyen, las políticas hacia Cuba que emprenderá el actual gobierno temporal estadounidense. En lo que tiene que ver con los contenidos de este ensayo, ¿abandonará esa administración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados hard y soft powers (smart power) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o específicos planteados o no en el primer acápite de este ensayo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las propias del que Elier Ramírez denomina stupid power?

En mi consideración esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consiguiente, considero que para realizar anticipaciones acerca las estrategias y las herramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración de Donald Trump resulta imprescindible realizar un análisis caso a caso que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará en las próximas semanas, tome en cuenta las percepciones que tienen los diferentes grupos de poder y los poderes fácticos de ese país (incluida su poderosa maquinaria burocrático-militar) sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos que tuvieron las estrategias hacia el hemisferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Ya indiqué que en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre sus desiguales resultados. Sin embargo, para cumplir los propósitos que plantee en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, el actual gobierno temporal mantendrá la mayor parte de las estratagemas desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideológica, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama para garantizar la subordinación de los actuales gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos; incluidas las definidas en la otrora llamada Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) impulsada por la administración de George W. Bush, en consuno con el gobierno neoconservador del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2005-2011).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Harper, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos últimos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando “la integración de América del Norte” (Vascós, 2016). Como ya se indicó, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las actualmente vigentes, estuvo incluida en la PPR.

Por consiguiente, con independencia de si acelera la ampliación del muro que existe en la frontera entre ambos países, así como del desenlace de  la renegociación del TLCAN que se desarrolle con los actuales gobierno de Canadá y de México anunciada por Donald Trump como parte de las prioridades de sus “primeros cien días en la presidencia”, no se abandonará ese propósito largamente perseguido por los representantes políticos, militares e ideológico culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses; incluidos los dueños y gerentes de las principales corporaciones transnacionales (entre ellas, las dedicadas a la producción de automóviles que se “exportan” al mercado estadounidense) que ya tienen incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes “cadenas de valor” y como una de sus principales fuentes de sus ganancias.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental. Entre ellas, todas las acciones desplegadas por el Departamento de Estado, por el NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en ingles) dirigidas a “bajar” la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice. Igualmente, las acciones emprendidas por esas y otras estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las “amenazas no tradicionales a su seguridad nacional” en los correspondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del Triangulo Norte de Centroamérica, al igual que de Costa Rica, Panamá, de República Dominicana y de los 14 Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Lo antes dicho –junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM, de la IV Flota de la Marina de Guerra y de los guardacostas estadounidenses de controlar los espacios marítimos y las rutas aéreas del Mar Caribe y del Golfo de México— seguirá teniendo múltiples implicaciones negativas para los actuales gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega, respectivamente; ya que en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadores de los partidos demócrata y republicano –el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por su acrónimo en ingles), y Instituto Internacional Republicano (IRI)— ampliarán el apoyo que directamente o a través de la bipartidista Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la administración de Donad Trump fortalezca los condicionamientos que ya se le han venido imponiendo al gobierno salvadoreño para recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto del 2016-2017 por el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triangulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año fiscal la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde el 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

También es de esperar que la recién inaugurada administración de Donald Trump le entregue al actual gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda militar que en agosto del 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su “cooperación” para contener las migraciones incontroladas  y el tráfico de drogas y otros delitos conexos que se siguen produciendo en Centroamérica, así como para continuar edificando las instalaciones del cada vez más militarizado Servicio Nacional de Guardacostas  costarricense que el SOUTHCOM está equipando con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales en las costas de ese país del Océano Pacífico y del Mar Caribe.

Asimismo, el nuevo mandatario estadounidense refrendará, tan pronto la apruebe el Congreso (controlado por el Partido Republicano), la llamada Nicaragua Act que se presentó en ambas cámaras en los meses previos y posteriores a la reelección de Daniel Ortega. Para los senadores y representantes promotores de las sanciones incluidas en esa Ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua (en los que resultó reelecto por más del 70% de los votantes su presidente Daniel Ortega) fueron fraudulentos. Entre otras razones, porque no fueron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el gobierno nicaragüense aceptó que ese organismo supervise las próximas elecciones municipales que se efectuarán en el presente año.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la actual administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo político-diplomático a la ALPA y a todos los acuerdos en el campo político, económico, militar y vinculados a la “seguridad hemisférica” previamente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Perú y Chile; incluido su multimillonario apoyo al denominado Colombia Peace Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para “ayudar” al actual y al gobierno colombiano que resulte electo en el 2018  a  “ganar la paz”, tanto como los ayudaron a “ganar la guerra” diferentes administraciones demócratas y republicanas estadounidenses (Isacson, 2016).

Paralelamente, la administración de Donald Trump continuará las diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas que había venido desplegando el gobierno temporal de Barack Obama con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y a favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha y de la centro-derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios que se efectuarán en febrero del 2017. Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las relaciones de los partidos Demócrata y Republicano y de otras instituciones integrantes o vinculadas con la NED (como el Centro Internacional para la Empresa Privada, y el Centro Estadounidense para la Solidaridad Sindical Internacional, CIPE y ACILS, por sus correspondientes siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuatoriana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena.

Contando con ese apoyo y con los resultados favorables a sus candidatos en las elecciones municipales que se efectuaron en el 2016, los partidos que la integran redoblarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la heterogénea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría (en la que participa el Partido Comunista Chileno) en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del presente año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Michelle Bachelet.

Asimismo, el gobierno temporal de Donald Trump fortalecerá el ostensible respaldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos derechistas y “neoliberales” actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y si le fuera posible derrocar al gobierno boliviano presidido por Evo Morales, artífice de la Revolución Democrática y Cultural que se ha venido desarrollando en ese país desde el 2016. También a debilitar aún más a los sectores “populistas radicales” y “anti estadounidenses” que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vazquez. Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demócrata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales del 2018. Asimismo, al que seleccione la derecha brasileña para competir con el candidato que finalmente presente la debilitada izquierda de ese país en los comicios de igual carácter que se efectuarán el mismo año.

Como ya venía ocurriendo durante el último año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato todas esas acciones tendrán por objetivos la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, el debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC, así como de la influencia que han tenido y tienen en el funcionamiento de esa última organización de concertación política los gobiernos de los Estados suramericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP. Por consiguiente, la administración de Donald Trump redoblará las acciones que ya venía desplegando diversas instancias de la administración de Barack Obama (con el apoyo del Congreso) para lograr “el cerco y la asfixia”, así como “la implosión” de Venezuela previstas en la diferentes fases de las Venezuela Freedom 1 y 2 Operations que, como se indicó, desde hace dos años, ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack de Obama del 2015, ratificada en marzo de 2016 y en enero del 2017, con el pretexto de darle tiempo a la administración de Trump a que elaboré sus propias directivas al respecto.

Con tal fin esta última administración descontinuará los canales de dialogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual gobierno venezolano que se habían habilitado desde la única reunión que sostuvieron los presidentes de ambos países durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril del 2015. De manera convergente, la actual administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando con el que la PPR denominó “dictador marxista” que ha permitido que Venezuela “se haya convertido en un estado narco-terrorista”, en “una avanzada iraní en América Central” y en “un cielo seguro para los agentes de Hezbollah” (PPR, 2016: 50).  

Hay que resaltar que esos últimos elementos habían sido incluidos entre los “complejos desafíos no tradicionales a la seguridad nacional estadounidense” listados por el actual Jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo del 2016 ante el Comité de Servicios Armados del senado estadounidense. Entre esos desafíos incluyó la existencia “de redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas”; las migraciones de “extranjeros de interés especial” entre los que pudieran incluirse “luchadores terroristas extranjeros” vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus “naciones aliadas” (Tidd, 2016). Igualmente, “las intenciones del actual gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas”, así como en el mantenimiento de “una infraestructura capacitada para emprender o apoyar actos terroristas” (Ibídem).

En esa ocasión Tidd también expresó su preocupación por los vínculos económicos, políticos y militares de Rusia con varios gobiernos latinoamericanos, así como por las diversas acciones en el terreno económico, político y cultural que –“violando las reglas establecidas”— ha venido desarrollando el gobierno de la República Popular China en diversos países latinoamericanos y caribeños. De modo que esos enunciados seguramente encontrarán continuidad en las que algunos analistas estadounidenses han calificado como “escasamente realistas” políticas hacia esa potencia asiática emprendidas por Donald Trump.

En cualquier caso y acorde con esos conceptos, es de esperar que durante su gobierno la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos continúe respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por su sigla en inglés) previamente impulsada por la administración de Barack Obama. Al par, los partidos Demócrata y Republicano y las otras instituciones integrantes de la NED redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actúan en todos los Estados del Caribe insular y continental integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la CARICOM y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) signatarios de los acuerdos de PETROCARIBE.

Con esas y otras acciones –como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética de Centroamericana y el Caribe impulsada desde fines del 20145 por la administración de Barack Obama y en particular por su vicepresidente Joe Biden— se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los gobiernos de los Estados integrantes de la CARICOM y del SICA a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas por su actual Secretario General, Luis Almagro; comprometido con el Departamento de Estado a impulsar “la reforma” de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada Ley al respecto firmada a fines del 2013 por el presidente Barack Obama y con los propósitos político-militares de esa organización impulsadas por el Pentágono. Asimismo, con algunas tareas de la ya mencionada Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM.

Sin dudas, en caso de que resulten exitosas las principales acciones hacia el sur del continente americano que –según mis anticipaciones— desplegará la actual administración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, así como al nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de ese país que resulte electo por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero del 2018.

Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desarrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso a que levante “el embargo” contra Cuba. Adicionalmente, se ralentizaran (sin abandonarlos totalmente) buena parte de los demás componentes de la “nueva política” hacia ese archipiélago definida por Barack Obama en su ya mencionada Directiva del 14 de octubre del 2016; particularmente aquellos vinculados a los legítimos y multidimensionales intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros conexos, así como las migraciones incontroladas y el tráfico de personas.

Lo antes dicho no evitará que la actual administración republicana fortalezca las acciones dirigidas a “cambiar el régimen cubano” con la consiguiente complicación en la ejecución de algunos de los 20 acuerdos que finalmente se lograron concluir entre los funcionarios de alto nivel de la administración demócrata y del gobierno cubano antes del 19 de enero del 2017. Asimismo, el condicionamiento a cambios en las políticas internas y externas cubanas de cualquier negociación que se desarrolle entre ambos gobiernos en el futuro previsible. Por ende, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y de respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre del 2014, por Barack Obama y por los Secretarios y funcionarios de diferentes secretarias y del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (en especial, Benjamin Rhodes) que han participado en las intensas y, por lo general, fructíferas negociaciones que desde esa fecha se han desarrollado con sus correspondientes contrapartes del gobierno cubano.

Además de los enunciados de la PPR y de los exabruptos de Trump en ocasión de la desaparición física de Fidel Castro ya mencionados en el acápite anterior, así parece confirmarlo la incorporación a su “equipo de transición” de varios cubano-estadounidenses extremadamente críticos a “la nueva política” hacia Cuba desplegada por la administración de Barack Obama. Igualmente, los planteamientos realizados por el Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, el ex gerente general de la poderosa empresa petrolera EXXON-Mobil Oil, Rex Tillerson, en la prolongada audiencia (duró nueve horas) orientada a obtener su ratificación que sostuvo el pasado 18 de enero con los 20 integrantes demócratas y republicanos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante los tendenciosos comentarios y las incisivas preguntas vinculadas a sus posiciones acerca del futuro de las relaciones oficiales con Cuba que le formularon el Senador Demócrata Bob Menéndez y el Senador Republicano Marcos Rubio (ambos radicalmente opuestos a las políticas hacia ese país desarrolladas por el ahora ex presidente Barack Obama), Tillerson afirmó, entre otras cosas que veremos en el próximo párrafo, que en caso de ser aprobado como Secretario de Estado él “le recomendaría” al presidente Trump que vetara cualquier decisión del Congreso estadounidense orientada a eliminar “el embargo” contra Cuba.

Reiterando con sus propias palabras lo previamente planteando por el actual mandatario estadounidense, así como por otros adversarios de la política de Obama hacia la mayor de las Antillas, Tillerson también indicó que, en su opinión, “[n]uestros recientes compromisos con el gobierno de Cuba no han sido acompañados por ninguna concesión significativa de su parte en el campo de los derechos humanos. No hemos logrado que [ese gobierno] sea considerado responsable por sus conductas. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco. Eso no sirve ni a los intereses de los cubanos, ni de los estadounidenses” (Tillerson en Yepe, 2017).

Acto seguido señaló de manera reiterada que creía que el presidente Donald Trump había sido “bastante claro” en indicar que le iba a pedir a todas las agencias del gobierno estadounidense que realizaran una revisión completa de todas las ordenes ejecutivas del presidente Barack Obama; incluidas las vinculadas a las autorizaciones de las 12 categorías de viajes que los ciudadanos estadounidenses ya pueden realizar a Cuba sin autorización de la OFAC y las “diversas actividades de negocios” que se pueden realizar en ese país. A decir de Tillerson, esa revisión también incluirá “las razones que llevaron al Departamento de Estado y a diversas agencias del gobierno estadounidense a excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo” (Ibídem). Merece recordar que esa exclusión fue una de las condiciones imprescindibles que en la primera reunión bilateral que sostuvieron en Panamá en abril del 2015 le planteó a Obama su homólogo cubano Raúl Castro para restablecer las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos.

Adicionalmente, creo conveniente resaltar que –según la información que he podido revisar— los asuntos vinculados al porvenir de las relaciones con Cuba fueron uno de los pocos temas vinculados a las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe que ocuparon los diferentes y no siempre coincidentes comentarios y preguntas que le realizaron a Tillerson los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si mi información fuera completa, se ratificaría el criterio previamente expresado en este ensayo acerca de la existencia de un consenso bipartidista favorable a buena parte de los objetivos generales y específicos, así como a las principales estrategias empleadas por la administración de Barack Obama para tratar de “renovar” y “prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas”.

Seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones históricas, las discrepancia que se presentarán en el futuro previsible tanto en el seno de los diversos órganos del poder ejecutivo, como del poder legislativo y de los cada vez más monopolizados medios privados de desinformación masiva estadounidenses estarán vinculadas a las diferentes percepciones existentes acerca de la eficacia de los conceptos e instrumentos empleados por la administración de Barack Obama para garantizar la seguridad imperial de los Estados Unidos y, estrechamente vinculados a ella, los importantes intereses geopolíticos y geoeconómicos de sus clases y sus grupos dominante en el que la ex asesora para la Seguridad Nacional del ex presidente Barack Obama, Susan Rice, denominó “crucial hemisferio [occidental]” (Rice en Yepe, 2017).

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe (incluida Cuba) que desarrollará el recién inaugurado gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a los objetivos generales y específicos, así como a las estrategias desplegadas por su antecesor demócrata. Pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado hard power (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza, incluso con algunos de sus “socios” y “aliados”, cual es el caso del actual gobierno de México) que las que tuvieron en el gobierno temporal precedente.

Así parece indicarlo los diversos multimillonarios y ex militares de alto rango que el actual mandatario ha seleccionado para conformar buena parte de su gabinete. No tengo espacio para mencionarlos y caracterizarlos a todos. Pero me parece importante resaltar los seleccionados para conducir la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, al menos durante el período que abarca mis anticipaciones. Como ya se indicó la Secretaría del Departamento Estado le fue encargada a un ex alto ejecutivo de la EXXOM-Mobil Oil Company, empresa petrolera que tuvo varios conflictos con los sucesivos gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos, los causados por sus exploraciones en la zona económica marítima que aún está en litigio entre ese país y la República Cooperativa de Guyana.

A su vez, como Consejero de Seguridad Nacional, Trump designó al “islamofóbico” y pro-sionista teniente general retirado Michael Flynn.  Si finalmente el Senado le concede la licencia necesaria, la secretaría del Departamento de Defensa será ocupada por el general retirado James Mattis; quien –luego de su participación destacada en las sangrientas Guerras del Golfo (1991), de Afganistán (2001) y de Irak (a partir del 2003)— fue separado de las Fuerzas Armadas estadounidenses por oponerse a los cambios que había introducido la administración de Barack Obama en su proyección político-militar hacia el Medio Oriente y el Golfo arábigo-pérsico.

Por otra parte, la Secretaría del HSD (también si el senado lo autoriza) será asumida por el ex jefe del SOUTHCOM (2011-2015), el almirante retirado John Kelly; quien, entre otras acciones desplegadas contra los pueblos y las naciones de Nuestra América, fue uno de los coordinadores de toda la ayuda militar que le ofreció Estados Unidos a las represivas fuerzas militares colombianas durante los últimos años de la primera y los primeros de la segunda administración de Barack Obama. Asimismo, uno de los instigadores de la ya referida directiva de Barack Obama que calificó a Venezuela como una “amenaza inusual e extraordinaria para la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, así como el organizador de la también mencionada Venezuela Freedom 1 Operation iniciada en el 2015.

Adicionalmente, la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) le fue encomendada al ex militar y ex integrante del Comité de Inteligencia del Congreso Mike Pompeo, miembro destacado del ultraconservador Tea Party y, por tanto, hostil al incumplido propósito de Barack Obama de cerrar la prisión enclavada en la mal llamada Base Naval de Guantánamo y partidario de derogar los acuerdos establecidos entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, en el 2015.

No obstante, como indiqué en la introducción de este ensayo, el escenario reseñado al comienzo de estas conclusiones no es el único posible. Por consiguiente, podrían configurarse otros escenarios alternos a partir de las acciones reactivas, pre-activas y proactivas que emprenderán los diversos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, canadienses, estadounidenses, latinoamericanos y caribeños que han recibido con una enorme preocupación la elección de Donald Trump, así como rechazado sus posiciones racistas, xenofóbicas, misóginas, homofóbicas, reacias a cumplir los acuerdos adoptados en la Cumbre de Paris para contener el cambio climático, al igual que los adelantos que ese mandatario ha realizado sobre algunos de los componentes de las políticas internas y externas que desarrollará durante su administración.

Sin embargo, en mi consideración, todos esos actores sociales, políticos e intelectuales, gubernamentales o no gubernamentales, deben prepararse para enfrentar “los peores escenarios” y, por tanto, para contrarrestar –mediante acciones proactivas y, en lo posible, concertadas— las redobladas amenazas que ese gobierno temporal estadounidense les planteará a los pueblos, las naciones y a algunos de los gobiernos de Nuestra América. En ese contexto recobra toda su vigencia y nuevos significados lo planteado en 1891 por José Martí:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tunden y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes (Martí [1891] 1974: 22). 

 La Habana, 20 de enero de 2017

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Nota: Este artículo actualiza y en algunos aspectos amplía la ponencia que, con el título “El resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos: implicaciones para América Latina y el Caribe” presenté en el XV Taller Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “Tendencias y Perspectivas de las relaciones Cuba-Estados Unidos después de las elecciones de noviembre de 2016”, convocado por el Centro de Investigaciones de la Política Internacional (CIPI) de La Habana, Cuba, entre el 14 y el 16 de diciembre de ese año.

- Luis Suárez Salazar es Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, al igual que de las cátedras Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y de Estudios sobre el Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La Habana. Actualmente integra los Grupos de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y sobre el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Consultivo de ex presidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).