Ante las masacres de Barlovento y Cariaco, el Estado respondió de manera adecuada: condenando públicamente, investigando y sancionando. Una comparación con las tácticas de impunidad comunes en el pasado[1], permite señalar que se trata de un cambio importante en la respuesta estatal. Aunque, conviene subrayar, que aún faltan líneas de acción definitivas: a) identificar y sancionar a los militares de más alto rango (muy probablemente Generales) que ordenaron, facilitaron o encubrieron esos hechos; b) reparar integralmente los daños ocasionados a las víctimas y a sus familiares y, sobre todo; c) modificar las condiciones estructurales que hicieron posibles esas masacres.

La tesis de “la manzana podrida” o el “caso aislado” es una respuesta común de las autoridades, ante estos casos. Ha sido esgrimida, de manera recurrente, en las últimas cinco décadas y, también, fue formulada ante estos casos. Evidentemente existen funcionarios cuya tendencia a la violencia, vínculos con el delito o corrupción, es mayor que la del promedio. Pero centrar la discusión en las características individuales de estos funcionarios no hace más que obstaculizar la mirada sobre las relaciones de poder que posibilitan las violaciones a los derechos humanos; que son regularidades y no excepcionalidades.

Una tesis contraria a la del “caso aislado”, sugiere que, si una práctica ilegal, que genera gran daño social (como las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad), forma parte del comportamiento regular de una institución, es porque tras los fracasos aparentes se ocultan “éxitos”, “beneficios” o “productividades”[2], tanto para los individuos que participan, como para sus superiores, las instituciones y la reproducción de la sociedad desigual en la que ocurren los hechos.

La tortura, por ejemplo, implica menos tiempo que la investigación y la inteligencia y, para un sistema penal perezoso, produce verdades procesales útiles a condenas fáciles. Gana el policía que muestra eficiencia, gana el juez que tiene una confesión. Lo mismo ocurre con los homicidios generados por el Estado. Los policías o militares que asesina a supuestos delincuentes en enfrentamientos, adquieren prestigio en sus instituciones, acumulan méritos y asciende más rápido. Se benefician por estatus (son valorados por sus pares) y por ingresos (que aumentan cuando ascienden). Se beneficia la institución, que muestra contundencia. Una parte de la sociedad aplaude esas muertes, cansada de la impunidad y una parte de la dirigencia de la sociedad y del Estado, se siente recompensada. El problema es que una mirada cercana a esos supuestos enfrentamientos muestra una realidad muy distinta. En un supuesto enfrentamiento, entre funcionarios de cuerpos de seguridad y delincuentes, los últimos mueren en el 95% de las veces[3]. Es poco creíble que sea así. Lo que ocurre, realmente, es que en muchos de estos casos, los funcionarios alteran las escenas del crimen y simulan enfrentamientos en donde hubo ejecuciones. Este hecho lo pudimos comprobar directamente en San Agustín del Sur (Caracas). En el año 2016, del total de homicidios que hubo en la parte sur de la parroquia, el 66,6% fue cometido por cuerpos de seguridad. En todos los casos, los cuerpos de seguridad señalaron enfrentamientos, pero los testimonios recogidos permiten señalar que fueron ejecuciones[4]. No son excepciones, son regularidades.

Pero hay otros “beneficios” que producen esas muertes arbitrarias. En Cariaco, unas de las hipótesis apuntaba a que las muertes fueron solicitadas por una empresa local a los funcionarios militares. La misma hipótesis explicaba, en 2001, el famoso caso de los grupos de exterminio, en Portuguesa: “el asunto empezó por la aseguradoras de vehículos. Hubo un repunte del robo de vehículos y les salía más barato pagarle a policías para que mataran a la delincuencia de ese ramo que reponer el vehículo”[5].

La tendencia inercial de los cuerpos de seguridad es la de ser funcional al capital y a la reproducción de la desigualdad. Por esos los delincuentes poderosos (ricos o con estatus o con poder político) suelen ser liberados, aunque sus delitos causen gran daño social (como ocurre con el comercio de armas y municiones; o las estafas o la corrupción); mientras que las cárceles están llenas de microtraficantes pobres. Por eso los pequeños negocios del barrio, legales o ilegales (panaderías, bodegas, juegos de azar, licorerías, ventas de droga) cuentan con protección policial a cambio de dinero (como “parceleo” se conoce esto en el argot policial) mientras que se desprotege a quien no tiene para pagar, generando una privatización de facto del servicio de seguridad. Por eso, la evidente asociación entre algunos funcionarios militares que controlan la frontera y capitalistas que negocian las rutas de la droga hacia Europa y EEUU o entre algunos funcionarios militares que custodian las cárceles y los pranatos.

Cambiar todo esto, pasa por dejar de pensar en la “manzana podrida” y modificar, molecularmente, todos los espacios en donde se generan esas relaciones de poder y esos “beneficios” que marchan a contravía de la construcción de una sociedad democrática, alternativa al capitalismo.

Antonio J. González Plessmann

Miembro asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Co-Director de Surgentes