El Caribe es un universo territorial y estatal poco frecuentado para pensar la política continental, no obstante, es importante conocer su dinámica política, así como sus trayectorias gubernamentales. Durante el Siglo XX, el Caribe fue un territorio atravesado por grandes sucesos muchos relacionados con la pugna entre potencias. Los territorios insulares, pequeños y alejados del continente, fueron claves para la configuración de escenarios políticos. La guerra fría se “libró” en ese espacio y Estados Unidos presionó para un realineamiento en su favor.

La Revolución Cubana y algunos Procesos Independentistas (o descolonizadores) impulsaron a Francia, Estados Unidos e Inglaterra a intervenir en la política caribeña. La invasión a República Dominicana (1965) y Granada (1983); el gobierno de Papa Doc Duvalier en Haití fueron hechos dirigidos para “contener” el avance del bloque soviético.

El siglo XXI –lejos de la caída del comunismo y de las guerras civiles en Centroamérica- abrió nuevas trayectorias políticas tanto internas como internacionales. Todos los países iniciaron reformas macroeconómicas y neoliberales (década del ‘90) que permitieron flujos de dinero vía prestamos, inversiones extranjeras (turismo, minería, servicios bancarios) y conllevaron como contrapartida un fuerte incremento de la desigualdad social.

La cuestión energética, la sostenibilidad económica, la relación con las antiguas metrópolis o la condición de Estadidad que mantiene Puerto Rico con Estados Unidos, como la discusión por la soberanía de Malvinas y la relación con Petrocaribe, configuraron –en estos últimos años- un arco de tensiones y resoluciones en la dinámica interna de esos países.

Las derechas caribeñas que mantienen estrechas relaciones con sus ex Metrópolis han debido resolver diversos problemas sociales locales, que van del presupuesto público hasta el sistema de salud y educación. Son derechas, inclusive, que deben lidiar con las derechas europeas. En este sentido, en muchos casos las independencias han sido una mera formalidad que ha reciclado el antiguo colonialismo.

El Caribe es un mosaico de experiencias políticas y de proyectos económicos relacionados con el turismo, el mundo financiero, las remesas que envían los emigrados (sobre todo, de Estados Unidos), la agricultura, ciertas industrias (Puerto Rico y República Dominicana) y la minería (Jamaica, Guyana y Dominicana, principalmente). Profundamente dependientes de las economías norteamericana, europea y –en menor medida- china.

Los miembros de Caricom –como Granada, Haití, Jamaica y Guyana- han apoyado la posición inglesa sobre las Islas Malvinas frente al reclamo de soberanía del gobierno argentino. Los espacios progresistas que gobiernan República Dominicana y Jamaica –dos islas importantes en la geopolítica caribeña- han revalidado sus gobiernos ampliando políticas públicas y se han acercado –como otros países, gobernados por espacios de derechas- a la política petrolera de Petrocaribe (como Granada, Guyana¹, Haití, Jamaica y República Dominicana).

Varios bloques o asociaciones habitan el orbe caribeño: Caricom, Petrocaribe, Mercado Común Centroamericano, Asociación de Estados del Caribe. Estos espacios se han transformado en plataformas políticas y económicas donde se dirimen lineamientos geopolíticos y se buscan resolver situaciones económicas locales o regionales.

Haití

La élite haitiana, país agravado por las catástrofes naturales y la presencia de los cascos blancos, mantiene un orden precario a tal punto que el único presidente que ha podido concluir su mandato constitucional en dicho país ha sido Papa Doc (2006-2011, 1996-2001) en el contexto de 29 años de dictadura duvalierista.

El término “Capitalismo del desastre” es utilizado para describir el aprovechamiento de la catástrofe natural –terremoto de 2010- por tropas nacionales e internacionales quienes se aprovecharon de la situación para tomar el control estratégico de espacios económicos. La transformación del sistema económico haitiano se ha valido de la presencia de las tropas de las ONU, mediante la presencia de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), instalada en el país tras la crisis política. Las fuerzas de mantenimiento de la paz que se vinculan a intereses de la estrategia global de los EE.UU., dentro del proceso de militarización de la cuenca del Caribe.

La dependencia de Haití hacia los organismos o “ayudas” internacionales es tal que no es capaz de ser autosuficiente como para alimentar el presupuesto de gasto público a los fines de sustentar el pago o los costos de la celebración de las elecciones.

Como contrapartida Haití comparte la isla con República Dominicana que en mayo de 2016 celebró comicios, eligiendo por primera vez de manera simultánea y directa todas las autoridades. Resultó electo presidente Danilo Medina, conformando el tercer gobierno consecutivo –modificación de la Constitución mediante- del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual obtuvo gran aceptación popular desde sus inicios por las políticas sociales y económicas. Actualmente el país no tiene deudas, y durante su primer gestión 900.000 dominicanos salieron de la pobreza².

Puerto Rico

En Puerto Rico la dinámica política ha estado históricamente marcada por su relación con Estados Unidos; el estatus político de la isla (Estadidad, Estado Libre Asociado, Independencia) ha sido definido en procesos plebiscitarios en diferentes ocasiones, siendo la opción de Estado Libre Asociado (ELA) la ganadora en 1967 y 1993. En el plebiscito de 1998 se añadió la opción “ninguna de las anteriores”, que resultó ser la ganadora y razón por la cual se mantuvo el estatus de Estado Libre Asociado³. En el plebiscito de 2012 la opción ganadora fue la Estadidad⁴.

Dada la importancia de este clivaje en la política local, no es de extrañar que el discurso de las principales formaciones políticas de la derecha del país obedezca, generalmente, al posicionamiento frente al status político de la isla respecto de EE.UU., particularmente exaltado en periodos electorales.

El Partido Popular Democrático (PPD)⁵ surge como escisión independentista del Partido Liberal en 1938, con una retórica que se presentaba como fuerza anti-colonialista, que integraba consignas como “tierra y libertad” o “pan, paz y tierra”, pero en cuyo proyecto político se articuló la actual dinámica de dependencia del país, orientado por una noción desarrollista determinada por prestaciones sociales y programas federales que se terminó de configurar en 1948 cuando, con la elección de Luis Muñoz Marín, se creó el estatus político de Estado Libre Asociado, en el cual se reprimió todo tipo de movimiento social que estuviese vinculado a alguna demanda independentista y, más adelante, en los años 70, se convirtió en el principal ejecutor de las políticas de ajuste del gasto. En la actualidad es el partido defensor del estatus de Estado Libre Asociado.

El PPD se ha turnado en el poder con el Partido Nuevo Progresista (PNP), surgido de la escisión del Partido Estadista Republicano en los años 60, cuya intención fue la de fortalecer la opción de Estadidad como forma de estatus político de Puerto Rico, es decir, proclamar una anexión completa a los Estados Unidos de América. Ricardo Roselló –hijo de Pedro J. Roselló, quien fuera Gobernador entre 1993 y 2000– fue el Gobernador electo en 2016, perteneciente al PNP. En el marco del inicio de su Gobierno ya firmó la Ley 7 de 2017, bajo la cual se establece como fecha del Plebiscito el próximo 11 de junio, donde se escogerá nuevamente qué estatus asume Puerto Rico, entre la Estadidad, la Libre Asociación y la Independencia, según Thomas Rivera Schatz, “este será el instrumento para resolver la condición territorial y colonial de manera final, permanente y con una alternativa de estatus político no colonial y no territorial”⁶. Roselló, aliado del Partido Demócrata, ha trabajado con vehemencia por la opción de la Estadidad, para tal efecto creó, a principios de año, una comisión especial que tendría el objetivo de elaborar un plan estratégico para reclamar la incorporación de Puerto Rico como el estado 51 de los Estado Unidos. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca tiene en vilo a los decisores políticos, dado que no ha habido una manifestación del mismo al respecto del próximo proceso decisorio que afrontará la isla⁷.

Por lo pronto, más allá del trabajo en torno al estatus político de Puerto Rico frente a EE.UU. el mandatario boricua ha centrado su corto ejercicio en el desarrollo de un nuevo Plan Fiscal⁸ impuesto por EE.UU., basado en una reforma contributiva y medidas de fiscalización del Departamento de Hacienda de 370 millones, así como un ajuste tarifario de servicios del Gobierno de 60 millones. El Plan Fiscal asume una reducción de 750 millones en subsidios, un recorte de 300 millones en gastos de salud y un ajuste en pensiones con el que se busca un ahorro de 60 millones. Frente al recorte sin precedentes, el pueblo boricua ha dado comienzo a diversas movilizaciones que enfatizan en la necesidad de crear alternativas a la dependencia económica de EE.UU., especialmente, ante las imposiciones del país del Norte en términos fiscales. El sector educativo ha sido ejemplar y su respuesta⁹ al tijeretazo de 450 millones ya llevó a miles de estudiantes y trabajadores del sector público a las calles, un nuevo despertar político de fuerte rechazo al mandato norteamericano que puede traer consecuencias muy interesantes en el proceso plebiscitario que se avecina a mediados de 2017.

Aruba

Con un censo de 110.000¹⁰ habitantes y una extensión de 180km², la isla de Aruba es uno de los territorios insulares de los Países Bajos, cuya fiscalidad particular ha dado lugar a que adquiera el estatus de paraíso fiscal, atractivo especialmente para empresarios europeos que lo usan para optimizar los impuestos dado que disponen de filiales de sus empresas en los Países Bajos, donde declaran y pagan impuestos (0%-5%), para luego canalizar el capital a través de esta jurisdicción fiscal en el Caribe.

La jefatura de Estado es ejercida por el monarca de los Países Bajos, cuyo representante en territorio es el Primer Ministro es Michiel Godfried Eman, actual líder derechista del demócrata-cristiano Partido Popular de Aruba (AVP). Más conocido como Mike Eman, proviene de una familia afincada en el poder político isleño. Abogado de formación, inició su carrera política en 2001, llegando a ser elegido líder de su formación política en 2005 y logrando jurar como Primer Ministro en 2009.

La complejidad de su liderazgo se relaciona precisamente con la encrucijada política que define las relaciones internacionales de la isla. Desde su formación política ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de respetar la soberanía que le corresponde, aun como territorio dependiente de los Países Bajos. Para tal efecto, en 2014 llevó a cabo una huelga de hambre¹¹, ante la recomendación del ministro neerlandés de Asuntos Internos y Relaciones del Reino, Ronald Plasterk, de retener la aprobación del presupuesto anual de la isla hasta que el gobernador local del reino, Fredis Rufenjol, llevara a cabo la investigación. Una decisión que supuso la renuncia del ministro de Finanzas, ante lo que consideró una intromisión “inconstitucional” por presión del Gobierno neerlandés.

Además, el posicionamiento geoestratégico también plantea conflictividades fundamentalmente por la cercanía con Venezuela, desde donde ha habido reiteradas denuncias por intromisiones en el espacio aéreo venezolano por parte de aviones norteamericanos y holandeses desde las bases militares de Aruba y Curaçao¹².

Las relaciones del Primer Ministro Eman con el gobierno bolivariano han sido ambiguas; si bien ha mantenido acercamientos con la oposición –habiéndose reunido en 2016 con Henrique Capriles¹³– e ideológicamente es más cercano a los partidos derechistas del país, la necesidad de tener un apoyo para el funcionamiento de la refinería de la isla que cesó sus actividades en 2012, ha supuesto un acercamiento en 2016 con el Gobierno de Nicolás Maduro que, aunque está basado en intereses económicos¹⁴, posiciona una vez más a Venezuela como garante de la estabilidad energética del Caribe.

Esteban De Gori, Camila Vollenweider, Ava Gómez y Bárbara Ester

Investigadores CELAG

Fuente: http://www.celag.org/a-la-derecha-del-continente-las-islas-del-caribe/