Como lo fue ayer, lo es ahora. Tal cual fueron los sacrosantos poderes del Tribunal de la Santa Inquisición legitimados, por los poderes político-religioso de la época, tal cual están procediendo, en la actualidad la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y naciones leales a Washington en relación a la situación vivida por la hermana República Bolivariana de Venezuela.

El mundo ha sido testigo, una vez más, de aquello que son capaces los amantes del imperio de la conspiración, del terror y la muerte. Megas corporaciones de la información. Industriales complejos de la especulación informativa han hecho de las suyas quebrantando todo principio del derecho a la información veraz garantizada por declaraciones y pactos internacionales que como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) o como la Constitución de la UNESCO en la cual se ratifica el derecho a la libertad de la información como una de las piedras angulares de cualquier nación que se aprecie de respetar el Estado de derecho en contextos de la institucionalidad del orden democrático.

El papel soporta todo, como reza el dicho. Documentos como la Declaración de Brisbane (2010), Declaración de Maputo (2008), y la Declaración de Dakar (2005) a favor de la libertad de información, transparente y veraz fueron quebrantadas, violadas, pisoteadas como se pisan los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles del mundo entero como parte de la naturaleza político y filosófica del liberalismo.

Se burlan del mundo entero trece cúpulas políticas de gobiernos aliados de Washington y esto fue demostrado por medio de las redes de información conspiratoria en contra de gobiernos democráticamente soberanos y dignos como Venezuela. Vergonzosamente, en mi calidad de ciudadano peruano, veo con indignación que uno de los líderes de este oponente grupo es el Perú, quien, dicho sea de paso, acogerá en los próximos días – en la ciudad de Lima – a un grupo de cancilleres quienes se encargaran de confabular contra la soberanía venezolana.

Así como en época de Fray Tomas de Toquemada (1420-1498), Inquisidor General de la Corona de Castilla y la de Aragón, amparado por los Reyes Católicos, representantes de uno de los mas terroríficos capítulos de la historia de la humanidad, así de la misma manera fundamentalista y dogmáticamente, se persigue a todo aquella persona, organización o pueblo que ose atentar contra la hegemonía de los poderes establecidos y logre por medio de recursos propios afianzar dignidad y soberanía. Lo sufre la hermana Republica de Cuba, lo sufrió Chile en tiempos de Salvador Allende, Honduras en tiempo de Manuel Zelaya, Paraguay en tiempos de Fernando Lugo y en Brasil en tiempos de Dilma Rousseff , así desde Chávez a Maduro el imperio inquisitorio continua la senda del terror y la muerte.

Será posible que la organización de las Naciones Unidas y organismos protectores de los derechos de los pueblos reculen ante la acción conspiratoria de estos trece gobiernos que proceden – a sus anchas – en contra de todo derecho a la no injerencia y por la libre determinación de los pueblos (Carta de las Naciones Unidas, Artículos 1 y 2).

Así como la biblia judeo-cristiana sostiene valores como la compasión y el amor pilares de toda relación social y fueron valores y principios ignorados, invisibilizados y violados por tan sangrienta campaña inquisitoria en contra de cualquier principio de religión alguna existente, así, de la misma manera, principios a la no a injerencia y de libre determinación de los pueblos son violados y machacados sistemáticamente. Textualmente la Carta de la Naciones Unidas señala : “ […] se establece que uno de los propósitos principales de las Naciones Unidas, y por consiguiente del Consejo de Seguridad, es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto “al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos” […] “la Carta prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los Miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado”.

Es así como centenares de ciudadanas y ciudadanos cruzaron ríos, saltaron rejas, rompieron cadenas, en búsqueda de hacer prevalecer su derecho democrático a la elección de sus representantes, así, de la misma manera y con el mismo coraje, se abre, en medio de las más oscuras intenciones de los aliados del terror y la muerte, un nuevo capítulo en la cultura jurisprudencial y democrática de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe.

Se empieza a consolidar las bases de una nueva fase de la cultura democrática la cual renueva y amplía la esencia de la estructura del Estado. Son pues el Poder Ciudadano y el Electoral aquellas esferas del estado que acompañan los tres poderes tradicionalmente asumidos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Venezula. Esta estructura política del Estado venezolano brinda las garantías a grupos opositores, como a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), los cuales pueden acceder a sus derechos como el derecho al plebiscito (realizado el 16 de julio de 2017) considerado como un acto de desobediencia civil amparado en los artículos 333 y 350 de la Constitución bolivariana. Pese a todas las prerrogativas otorgadas por la Magna Constitución, la oposición no pudo sostener el plan conspiratorio que traían entre manos.

Es así como la MUD convocó a plebiscito sobre la Asamblea Constituyente. El grupo opositor sostuvo que más de siete millones de ciudadanas y ciudadanos firmaron en contra. Lo extraño del procedimiento es que en cada mesa de recaudación de firmas fueron quemadas, por la misma MUD, todo planillón. Como señalan los especialistas, esto es un hecho inauditable contrario a lo sucedido el pasado 30J en la elección de la Asamblea Constituyente. Todo el proceso es transparentemente auditable. Estas dos caras de la misma moneda representan la polarización entre el rostro de una derecha reaccionaria internacional, inquisitoria, dogmatica y fundamentalista, y el rostro democrático de un modelo bolivarianamente socialista respetuoso en esencia, forma y contenido de los derechos fundamentales de las grandes mayorías.

De esta forma el viejo estilo hegemónico de las violaciones al derecho de los pueblos a la no injerencia y la libre determinación vienen pisoteando todo compromiso internacional asumido con respecto a la jurisprudencia del derecho internacional. La teoría del imperio y sus colonias no es una relectura descabellada de aquello que sucede en tiempos actuales. Washington aprovecha la coyuntura regional de desplazamiento del bloque socialista. Lo cual, torpemente, es asumido como triunfo.

Se confirma con este último papelón del imperio y sus colonias la esencia falaz de un sistema con nombre y apellido: Democracia liberal. Las bases jurídico-legislativas de sus estructuras constitucionales son omitidas por una superestructura jurisprudencial violatoria del derecho internacional y eso debe ser observado taxativamente dentro del nuevo capítulo de la estructura del Estado que se abre en la región. Por ejemplo, en el caso peruano, el auto golpe de estado del 05 de abril de 1992, lo cual, a diferencia de lo constitucionalmente sucedido en Venezuela, quebró el principio de respeto al estado de derecho y sobre esta base el Perú pario una Asamblea Constituyente y la correspondiente Carta Magna de facta. Y, este hecho no le movió un cabello a organizaciones internacionales y gobiernos que hoy se rasgan las vestiduras frente al 21º triunfo de la democracia venezolana.

¿Por qué el presidente del Perú no aplica la misma severa actitud crítica que usa contra Venezuela, contra la abusiva Constitución de 1993, en el Perú, que desde 25 años viene privilegiando corporaciones, grupos de poder, familias, y gobiernos en desmedro de los pisoteados derechos fundamentales del pueblo?

La Constitución del Perú (1993), la cual anuló la Constitución de 1979, no fue sometida a plebiscito ni consulta popular alguna. No obstante, cuenta con la venia de los Tribunales inquisitorios como Washington, Bruselas, sistema financiero y organismos internacionales. Sobre esta base jurisprudencial de facta se han consolidado las más obscenas barbaridades en materia de derecho. Violación al derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la soberanía alimentaria y a la protección de los recursos naturales, entre otros, han sido y siguen siendo quebrantados como parte del concierto político neoliberal.

 Esta situación ni mueve ni remueve la conciencia opositora en Venezuela ni en los demás países aliados. Esta superestructura jurisprudencial de la violencia al derecho de los pueblos goza de legitimidad, como lo gozan aquellos grupos que gobiernan los cuales no fueron elegidos en democrático proceso electoral. Como reza el dicho: al final gobiernan aquellos que no fueron elegidos. Y, esto no es censurado. Esto no es titular de pasquines. Esto goza de la simpatía del concierto periodístico asalariado y descarado el cual copa todas las frecuencias audibles y visibles existentes en los pueblos opuestos al proceso de paz por el cual atraviesa Venezuela.

Tremendo reto propone, a las fuerzas socialistas y progresistas de la región, las batallas liberadas por el pueblo venezolano. No repetir más de lo mismo e intentar construir el nuevo modelo sobre las mismas bases fraudulentas es el reto mayor. Descartar la estafa política la cual encandila frágiles e ingenuas conciencias No engañar al pueblo haciéndole creer que se puede construir nuevas mentalidades sobre bases legislativas coaptadas por los grupos de poder.

A mediados del segundo decenio del siglo XXI las fuerzas patrióticas y revolucionarias de la región están demostrando que el camino del reconocimiento jurisprudencial de la soberanía del pueblo es el instrumento del cambio. Venezuela desde 1999 demostró que entre democracia y socialismo bolivariano no existe contradicción. Así como lo demostró Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y claro que sí fue demostrado. Y, como suerte de ley del derecho, si fue demostrada su aplicación y ejecución, esto quiere decir que social y políticamente puede ser aplicado a cualquier contexto geopolítico en su debida contextualización.

 Necesitamos la resurrección del fuego del amor de pueblos que sean capaces de cruzar los desiertos, bosques y ríos de la insensibilidad en búsqueda de la luz democrática del derecho a la dignidad y soberanía. El pueblo soberano de Venezuela, cual David, pequeño pastor subestimado, está dispuesto a derrotar a cuanto Goliat que intente cruzarse en su camino.

No subestimen a David que cuanto menos lo imaginan los Goliats estarán lamiendo el vergonzoso polvo de la derrota impuesto por la llama soberana del amor y no de la indignante e inhuma neoliberal cultura inquisitoria.

Perú, 31/07/17