Pandemia, es un arma más en la maquinaria exterminadora misógina. La Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) de los 5 actos en los cuales tipifican el genocidio, mencionamos dos que, a nuestro criterio, encuadran dentro del sistemático y sistémico crimen organizado contra mujeres empobrecidas. Sobre esto advirtió este pasado 10 de febrero el Informe Especial N^o 9 Covid-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Nos referiremos someramente a uno de sus cinco puntos abordados: Políticas para una reactivación económica sostenible y con igualdad de género.¹

La desigualdad de género no nace con la pandemia. No hay vacuna alguna que acabe con la explotación misógina en el marco de la desigualdad de clases sociales y económicas. El virus evidenció, una vez más, las desigualdades de clase, pero sobre todo la inicua e inhumana estructura sobre la cual se sostienen la mayoría de regímenes en el planeta: Democracia liberal.

El informe de la CEPAL gráfica, en un círculo vicioso, de mutación constante, aquello que denomina como “nudos de la desigualdad de género” clasificada en cuatro niveles: Patrones culturales patriarcales, concentración del poder, desigualdad socioeconómica y pobreza y división sexual del trabajo.

En este primer punto, del Informe-Cepal, coloca en evidencia la profundización de la desigualdad en donde el empobrecimiento de mujeres es el arma patriarcal de un modelo mercantil que se cae a pedazos y lamentablemente aún goza de impunidad jurídico-legislativa. Nos referiremos específicamente al caso peruano, aunque podría ser el caso de más un país de la región.

Dentro de las principales propuestas, ante la dramática situación de desigualdad de género en contexto de pandemia, el Informe-Cepal señala: “Amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, los ingresos y la carga de trabajo de cuidado de las mujeres y en el deterioro de sus niveles de bienestar”; “tener presente los efectos distributivos diferenciales de los paquetes de estimulo y otras medidas fiscales en caso de hombres y mujeres”; “avanzar en un pacto social y de género…[evitando] se profundicen las brechas de género” e “[implementar] políticas fiscales que contribuyan de forma simultánea y sinérgica a los objetivos de reactivación económica y al cierre de brechas de género”.

Sin el debido marco jurídico constitucional que brinde garantías sostenibles de políticas de Estado equitativas y justas, los análisis y propuestas, por más certeros que sean, no dejarán refritos y paliativos reformistas anti conflictos sociales y ambientales. El establishment permitirá sentar en el Poder Ejecutivo representantes de izquierda, eso sí, de minoría parlamentaria, e impondrán, cual dogma fundamentalista, recetas fondomonetaristas basados en ilustrados análisis como los del Informe-Cepal.

No es casualidad la sincronicidad reformista con perfil de izquierda a nivel regional. Ante la arremetida socialista imparable en América Latina y el Caribe los ejes de control hemisférico conciertan discursos macro y micro económicos atendiendo demandas sociales y económicas, logrando disminuir conflictos sociales y como consecuencia brindando garantías de inversión privada y endeudamiento financiero. ¿Esto es el plan programático regional para disminuir la brecha de la desigualdad de género en tiempo de pandemia?

La consigna corporativa regional y global es generar líneas programáticas, políticas multilaterales de gobierno que continúen diseñando rutas a seguir, pero con un tinte progresista, centro izquierdoso-académico, coloreado. Evidentemente, dejando intacto el modelo en donde corporaciones financieras y empresariales incólumes formen parte mesiánica de la “reactivación económica”. Sino pregunten a la ciudadanía de a pie peruana en qué terminó el santificado “Reactiva Perú” creado por Decretos Legislativos que emanan de una estructura jurídico-legislativa parida lobista y corporativamente en dictadura (1993).

Como se suele decir, ser de izquierda no significa ser revolucionario. Y pareciera ser que esa es la conspiración bajo tierra aún en medio de la puesta en escena de dobles y triples asesinatos misóginos. Por ejemplo, son dos líneas programáticas, manejados por partidos de centro-izquierda (¿sería eufemismo de derecha?) de la ruta reformista regional para los dos/tres años siguientes (2021-2023): Hacer frente a la pandemia y reactivar la economía. Remiendo nuevo en paño viejo.

Es más de lo mismo, con variables de diferencia, a las megas campañas de los medios informativos en Lima para recolectar frazadas, juguetes, calzados, medicinas y alimentos a punto de vencer para las víctimas de las heladas en el altiplano peruano. ¡Siempre lo mismo! Y cual caridad cuaresmal asistimos una vez al año a la iglesia de la solidaridad para limpiarles los mocos a la niñez asesinada no del frio sino del desamor de la injusticia traducida en riqueza de pocos y pobreza de millones.

Para el Informe-Cepal, “es urgente movilizar recursos públicos suficientes a fin de implementar medidas para hacer frente al COVID-19 desde una perspectiva de género”. Lo que debiera hacer Cepal es auscultar más de cerca el sentir de los pueblos. El latido del clamor no pasa por la movilización programática de recursos públicos a favor de un sector o de otro; no. Si hay algo que movilizar es la escoria inicua jurídica y legislativa, contenida en sacrosantas constituciones que legitiman Estados misóginos, corporativos y fraudulentos.

El problema puesto en evidencia no es sólo de género, es transversal a la sociedad en su conjunto. Informe-Cepal propone leer transversalmente la desigualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad; lo que hay que evidenciar transversalmente es el desequilibrio estructural.

Es cierto, existen serios problemas fiscales, con evasiones y privilegios; es cierto que debe reformularse contratos sociales y movilizarse recursos públicos a donde no llegan. Sí, es cierto. Pero esto es receta conocida de los mejores laboratorios del sistema financiero internacional. Reformas financieras no es cambio de estructuras, ni siquiera el inicio de ello, y eso es el clamor puesto en evidencia, con mayor énfasis, en esta desgracia global.

¿Qué valor auténticamente equitativo, justo e igualitario tiene buscar igualdad de género si en las bases de la desigualdad subyacen fórmulas, formatos, guiones, negociados en las mesas donde se deciden los futuros planes de gobierno de partidos y movimientos supuestamente de izquierda basados en pormenorizados informes como el de la Cepal?

Sin embargo, es justo señalar, el Informe-Cepal en el acápite Pacto fiscal para la recuperación con igualdad de género desarrolla propuestas como la contribución de forma simultánea y sinérgica a los objetivos de la reactivación económica y cierre de brechas con miras a la igualdad. Es cierto, Cepal sugiere medidas de ajuste tributario selectivo a quienes más tienen: a. incrementar presión a sectores de mayores ingresos y de expansión; b. controlar evasión, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos lo cual representa un nivel de pérdida del 6,1% del PBI en América Latina y el Caribe.

Estas y otras medidas, que logren reorientar caminos económicos nefastos, deben, necesariamente, partir de ordenamientos jurídicos provenientes de esferas constitucionales, con intervención directa de la población, y no de espacios paraestatales vinculantes, ni de especialistas del BM o FMI, gurúes programáticos y futuros postulantes a carteras de energía y minas, así como de economía y finanzas.

Demás está decir que este concierto de recetas es de tiempo limitado; luego borrón y cuenta nueva. En el caso peruano la Asamblea Constituyente, alternativa a la de 1993, es impostergable. Asamblea Constituyente, nueva constitución, estado de emergencia/pandemia, tributos de los que más tienen/reforma fiscal, priorizar sectores vulnerables (mujeres, tercera edad, niñez, desempleados, subempleados, informales) deben andar de la mano. El cronograma milimétrico de la aplicación de políticas públicas es pragmatismo; la necesidad de los pueblos no se mide por fórmulas elegantes de gestión pública ni por recomendaciones del FMI y BM sino por la satisfacción cotidiana de sus derechos fundamentales.

No puede esperarse el segundo o tercer año del próximo gobierno – como ya lo sugieren programas políticos en campaña – para iniciar la discusión sobre la Asamblea Constituyente; no se puede esperar vacunar 33 millones de personas para empezar a discutir calendarios de cobros de millonarias deudas al Estado peruano de corporaciones nacionales y extranjeras.

No se puede empezar a cobrar tributaciones selectivas a grupos de poder después que se haya endeudado el Estado peruano con el FMI, BM, BID y demás joyas del sistema financiero internacional. No se puede seguir paliando la carencia de una política tributaria equitativa con limosnas provenientes del omnipresente USAID. Esto debe estar normado en la nueva constitución y la necesidad es impostergable.

Es cierto que la pandemia y explotación asesinan, por partida doble y cada minuto, mujeres víctimas de estructuras patriarcales, mercantilistas y misóginas. Pero no es menos cierto que, así como el virus arrasa con todo, la estructuración inicua basada en clases sociales y económicas, bajo el manto sagrado de la seuda democracia liberal, extermina mujeres, hombres y naturaleza sin importar orientación sexual, identidad de género, ni el derecho a la vida del planeta como único hogar que tenemos.

¡Los pueblos tienen la palabra!

- José Toledo Alcalde es teólogo. Activista de derechos humanos, de los pueblos y ambientales.