Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial.  Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.  En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.  En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial.  Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas.  También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros.  El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital.  Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).  El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales.  Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011.  El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”.  Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM.  Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México y el semanario Brecha de Montevideo.