El escalamiento de la violencia derivada de un rancio conflicto de límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, dos de los municipios más pobres de México, ha llegado a niveles alarmantes de más de 5 mil desplazados de los cuales la mayoría son niños y cientos de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las familias desplazadas provienen de las comunidades indígenas de Ch’enmut, C’analumtic, Pom, Tzomolton, Bejelton, Tulantic, Bololchojón, Cruz Acalnam, Cruztón, ubicadas al sur del municipio de Chalchihuitán afectando a su vez a 7 mil personas de una docena de comunidades vecinas en una franja limítrofe con Chenalhó.

“La situación está a punto de un grave derramamiento de sangre”, así lo han reiterado las denuncias de actores locales mientras que las autoridades estatales mantienen una ambigua postura ante esta emergencia social. Tanto el párroco de Chalchihuitán, como el párroco Marcelo Pérez de Simojovel y el reconocido internacionalmente Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) han lanzado alertas y comunicados a las autoridades federales y estatales entre ellas la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda y la Fiscalía General de Chiapas dirigida por Raciel López Salazar, cuya tímida respuesta ha sido declarar una reunión mixta con policías y militares.

La ola de violencia y desplazamientos es parte de una administración del conflicto errónea que inicia con la incompetencia por omisión de parte de los diferentes niveles de gobiernos estatal y federal para desarmar a grupos paramilitares provenientes de Chenalhó. La situación se agudizó con el asesinato de Samuel Pérez Luna, habitante de Chalchihuitán, perpetrado el pasado 18 de octubre. A partir de mediados de noviembre con la quema de muchas casas, así como de las cosechas, amenazas y balaceras a la población local por parte de cerca de 200 paramilitares fuertemente armados por el Partido Verde Ecologista y por Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó ante la anuencia silenciosa del gobierno estatal.

El conflicto se origina en 1975 ocasionada por la ineficacia e intereses de los gobiernos federal y estatal con una dotación de tierras a favor del municipio de Chenalhó que quedó inconclusa por problemas tributarios. Posteriormente en 1980, el gobierno federal ejecuta una nueva sentencia que reconoce como bienes comunales cerca de 18 mil hectáreas a favor de 1,787 campesinos del municipio de San Pablo Chalchihuitán, sobreponiendo una parte del territorio otorgado sobre los límites que se disputaba Chenalhó.

Según Martín Gómez Pérez, actual presidente municipal de Chalchihuitán, el clima de confusión se acentuó al llegar Rosa Pérez Pérez a la presidencia municipal, quien inició una serie de bloqueos carreteros solapados por el gobierno estatal que impiden el paso a los habitantes de Chalchihuitán. Asimismo existen intereses económicos estipulados en 2012, con la firma de un convenio por parte del gobierno estatal en el que se comprometió al pago de 15 millones de pesos, la construcción de 300 viviendas y la implementación de proyectos productivos para el municipio “perdedor” de juicio de agravio iniciado en 2005 (expediente 181/2005) aún sin resolver en el Tribunal Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.

En opinión de Pedro Faro, director del Frayba, el bloqueo y la crisis de desplazados implican la necesidad urgente de actualización y adopción de las medidas cautelares que terminen con la confrontación entre municipios garantizando los derechos humanos de los afectados y la libre circulación para el accedo de ayuda. Asimismo, existen diferentes propuestas para encaminar una solución definitiva al conflicto ocasionado por el propio gobierno, mismas que desde el año 2010 han sido conformadas y lanzadas por un grupo de especialistas en el tema pero que solo han recibido indiferencia desde las esferas del gobierno chiapaneco.

Los desplazados en la franja de Chalchihuitán y Chenalhó revelan que el gobierno no está dispuesto a hacer nada contra la “gran amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas” que denunció precisamente en Chiapas hace un par de semanas Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El mediocre manejo institucional evidencia un desprecio profundo del gobierno federal y chiapaneco hacia los pueblos indígenas. La situación de desesperanza e inanición alimentaria y médica de las familias que duermen atemorizadas en la intemperie y el frio de la montaña, ha convocado la solidaridad de la sociedad civil para juntar víveres e intentar llevarlos a través de carreteras bloqueadas. Sin embargo, los impulsos de solidaridad aún esperan una respuesta que supere la inoperancia de los representantes del gobierno estatal quienes, plagados de señalamientos de impunidad hacia el paramilitarismo, continúan creando perversamente conflictos económicos y de partidos entre los pueblos indígenas, alcanzando en menos de una semana –por acción u omisión– una de las peores crisis de desplazamiento forzado en este sexenio.