En el ciclo corto, al cierre del 2017 e inicios de 2018, la coyuntura uruguaya marca la re-estabilización del proceso político y económico bajo el liderazgo del partido oficialista Frente Amplio (FA). En el ciclo largo, lo que vemos es el riesgo de desfondamiento del “pacto progresista”, que fue capaz de combinar durante más de diez años el crecimiento económico con aumento salarial e inclusión social.

Ciclo corto

En el año 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) se estima que creció cerca del 3 %[1]; la inflación anual final, una de las más bajas de la última década, se estableció en niveles cercanos al 6 %[2], y, mientras que en algunos países de la región el 2017 fue un año de tensión en materia de lucha por salarios y reformas laborales, en Uruguay el salario real cerró con un incremento anual cercano al 3,5 %[3].

Los fundamentos de la estabilización temporal hay que buscarlos en una variedad de factores. En años pasados (2015-16) se recurrió a la utilización de reservas internacionales por valores cercanos a los 4.000 millones de dólares[4][5], casi un cuarto del total, junto con posteriores emisiones de deuda a bajo costo que permitieron comprar tiempo y campear el impacto del descenso de los precios de exportación[6]. Una política más contractiva que años anteriores en materia de salarios e inversión pública, también permitió enfriar el flujo económico, mantener equilibrios al coste de una postergación de incrementos salariales y ejecución de proyectos. En el frente fiscal, el gobierno procesó ajustes para contener el gasto público y cuidar la posibilidad futura de endeudamiento.

El fin del descenso de los precios de exportación, junto a un buen flujo de turistas y la manutención de las tasas de interés bajas a nivel global, permitieron en 2017 recuperar el empuje de la economía y aliviar el frente externo.

En los relatos en disputa, se ha instalado con fuerza la idea de que los equilibrios económicos de la última década tienen estrecha relación con las virtudes del equipo de gestión macroeconómica. Sin embargo, es posible observar que los famosos equilibrios y la estabilidad de los indicadores, descansan, además de lo ya señalado, en la generalización de salarios sumergidos en gran parte de la fuerza laboral: casi el 50 % de la fuerza de trabajo percibe un ingreso menor a los 600 dólares mensuales[7]. Esto es asumido de hecho por el equipo de conducción económica, cuando establece que incrementos salariales mayores a los procesados provocarían descalabros inflacionarios.

Por otra parte, la imposibilidad de lidiar con un 10 % de pobreza a nivel nacional y un desempleo juvenil del 25 %, con mayor agudeza en las mujeres (una de cada tres entre 14 y 25 años busca empleo y no lo encuentra) muestra que el modelo y sus equilibrios conviven con focos de fuerte exclusión, revelando que la actual configuración de la economía uruguaya solo es capaz de sostenerse con el costo de mantener a una gran parte de la fuerza de trabajo precarizada. Esto devela que la estabilidad coyuntural del proceso económico esconde grandes disparidades y una problemática social vasta.

Desde el punto de vista de la administración macroeconómica del modelo, aún hay reservas de sostenibilidad. Las proyecciones de mega inversiones como la procesadora de pulpa de papel finlandesa UPM-Kymmene Corporation auguran bases de sustento, las reservas internacionales alcanzan casi el 30 % del PIB[8] y la deuda externa se ubica cerca del 73 % del PIB[9], lo que no plantea un escenario de inminente crisis, y da suficiente margen para evitar grandes tensiones inmediatas.

Durante 2015 y 2016 parecía evidenciarse el agotamiento del FA como encarnación de un nuevo impulso modernizador del Uruguay bajo signo progresista. Esto de la mano de una clara recuperación por parte de la derecha de la iniciativa política y el dominio de los marcos del debate y los ejes de malestar ciudadano. El cuestionamiento al manejo de los recursos públicos en materia de planes sociales de lucha contra la pobreza, la entronización de la seguridad como eje central en la opinión pública, críticas a la gestión de las empresas públicas, y el reflote del fantasma de la corrupción, pautaban la agenda política bajo un marco conservador en medio de un gobierno a la defensiva. Las encuestas llegaron a registrar por primera vez el triunfo del principal partido de oposición, el Partido Nacional[10], y el Frente Amplio perdió por primera vez en trece años las mayorías parlamentarias con el alejamiento por el flanco derecho de un diputado que le garantizaba la mayoría absoluta en la cámara baja.

El último y principal factor problemático que el FA logra cerrar es el caso de su vicepresidente, quien luego de ver agudamente desgastada su imagen por la ostentación de un título universitario que no tenía (Raúl Sendic decía ser Licenciado en Genética Humana por la Universidad de la Habana), acabó renunciando por el uso para gastos personales de una tarjeta de débito destinada a viáticos y otros gastos inherentes a su función como Presidente de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), empresa de refinación de petróleo estatal, cargo que había ocupado antes de asumir la vicepresidencia.

El cierre de la crisis de Sendic a mediados de 2017 y la reactivación del flujo económico permiten al Frente Amplio la re-estabilización el proceso político bajo su liderazgo. Encuestas recientes muestran que, al cierre de 2017, el oficialismo recupera su lugar en la intención de voto[11], y ya tiene nuevamente la mayoría legislativa con la renuncia del diputado que había abandonado esa fuerza política.

Si bien el partido gobernante logró frenar el inicio de un proceso de disgregación interna, parece haberse instalado un quiebre más duradero entre la fuerza política progresista e importantes segmentos de la izquierda social uruguaya, aquel universo militante que habita el fuerte tejido de organizaciones sociales (estudiantiles, sindicales, comunicacionales, entre otras) y que ya no expresa claramente un correlato progresista en el terreno de los movimientos sociales, sino que postula una agenda y relato propio, y expresiones políticas críticas del gobierno asumen lugares más relevantes en los ámbitos de conducción de estas organizaciones. Este espacio político social tiene una fuerte impronta juvenil (esto hace más problemáticas las dificultades de renovación generacional del partido de gobierno) y allí se destaca el feminismo por su dinamismo y capacidad de impugnación (el pasado 8 de marzo, día de la mujer, ocurrió en Montevideo una de las movilizaciones más grandes de la historia del Uruguay), pero también están allí expresiones de lucha contra los avances conservadores en materia de seguridad ciudadana y penalidad adolescente (campaña NO a la Baja[12]), la lucha ambiental, luchas estudiantiles y docentes por presupuesto educativo y contra el decreto de esencialidad emitido en 2015 por el Poder Ejecutivo para neutralizar el derecho a huelga de los docentes, episodio que marcó un punto de inflexión en el relacionamiento entre el gobierno y los sindicatos. Si bien este espacio (izquierda social) es diverso e inorgánico, por el momento parece ser dónde hay mayor potencia y voluntad de impugnación del sustrato conservador de la estructura económica y de poder del Uruguay, y es aquí donde reside la capacidad de instalar un bloqueo social a un eventual programa de ajuste con ribetes neoliberales.

Ciclo largo

Ubicándonos en una mirada de mayor duración, capaz de articular lo orgánico y lo coyuntural, vemos que la tensión de fondo que enmarca el momento, está dada por el agotamiento de los motores de impulso del “pacto progresista” de la última década uruguaya. Sin el nivel de precios en los productos de exportación y los flujos de inversión extranjera directa de la última década, las posibilidades de la economía uruguaya para combinar crecimiento e inclusión social desaparecen y comienza a cobrar fuerza el bloque social del ajuste, orientado a restablecer los márgenes de la acumulación por la vía de la depreciación de la fuerza de trabajo, lo que incluye un intento por frenar los incrementos en el salario directo, como por reducir la porción del salario que se retribuye por la vía de los servicios estatales (salario indirecto) y redefinir los marcos de regulación laboral.

Al mismo tiempo, como tendencia, aparece la necesidad de atender el frente externo por la vía de la deuda, lo que también conlleva una especial preocupación por el déficit fiscal y la manutención de la nota crediticia del país. Acuerdos como el que el gobierno uruguayo intenta firmar con la pastera finlandesa UPM (una de las más grandes inversiones de la historia) y que reviste concesiones impositivas de magnitud, solo pueden comprenderse en esta necesidad de contar con flujos de divisas incrementales para seguir sosteniendo la balanza de pagos, ya que, en caso de no contar con este empuje foráneo, la tensión distributiva se instala internamente y resquebraja los equilibrios de clase propios del “pacto progresista”.

El compás de definiciones que se abre en la región a partir de 2014, cuando coincide el retroceso en los precios de los productos de exportación con la caída de diferentes gobiernos de signo progresista, parece llegar a Uruguay de manera amortiguada y diferida. Por sus dimensiones, de avanzar y consolidarse las reformas antipopulares en la región, en particular la laboral, se establece una fuerza gravitatoria que empuja el tiempo político uruguayo hacia esa tensión vía imposición de los marcos de competencia regional. Si los sectores empresariales vecinos consiguen depreciar fuerza de trabajo por medio del avance de la flexibilización, empujan a una regulación similar de la relación capital-trabajo en nuestro país. El piso salarial y la regulación del vínculo laboral comienzan a colocarse como horizonte estratégico de una fracción relevante de los sectores empresariales regionales en articulación con el capital transnacional. Tal es el caso de Argentina y Brasil, pero sobre todo de Paraguay, que avanza en esa dirección en busca de capitales y cuenta con una población campesina cercana al 40 % para abastecer la masa de asalariados y hacer viable una inserción basada en el abaratamiento de su mano de obra.

El ciclo corto nos pauta la re-estabilización del proceso político en Uruguay bajo liderazgo del partido de gobierno, por tanto, se trata de una estabilidad de rango coyuntural, que abre el camino para un cuarto gobierno del oficialismo a definirse a fines de 2019. Por otra parte, indica el inicio de un proceso que tenderá crecientemente a poner en tensión al conjunto de fuerzas sociales y abrirá el marco político para definiciones de mayor calado. Por el momento no están en juego desplazamientos relevantes en el mapa político, sino el procesamiento de una gradualidad que se irá intensificando y ordenando el campo de la disputa, donde aún no termina de definirse qué papel jugará la fuerza gobernante ante una eventual encrucijada entre cerrar filas con el Capital e intentar contener la movilización del campo popular, o redoblar la apuesta y encarar el desfondamiento del “pacto progresista” con un nuevo ciclo de reformas populares. Al momento, las señales indican que, de acentuarse tal encrucijada, probablemente prevalecerá lo primero. En tal caso, esto acelerará la “PSOEtización” del Frente Amplio, consolidándose como una fuerza cada vez más ladeada al centro del espectro político, desdibujándose en una polaridad que no puede contener y con cada vez más dificultades de albergar a los sectores más dinámicos de la izquierda, sobre todo la de impronta social y juvenil. Mientras tanto, sigue su curso la estrategia del arco de derechas orientada a restituir la unidad sin fisuras entre el Uruguay oligárquico y el aparato estatal.

El año que comienza será clave y obligará a definiciones relevantes. Por primera vez en los últimos catorce años todos los sectores de la economía negociarán salarios al mismo tiempo en el marco de la negociación tripartita (sindicatos, gobierno y empresarios), teniendo como marco los debates en materia de reforma laboral y jubilatoria. Ese será el gran escenario del enfrentamiento en 2018.

- Rodrigo Alonso, investigador de CELAG

http://www.celag.org/economia-uruguay-estabilidad-coyuntural-tensiones-horizonte/

[1] CEPAL, 2017. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Disponible en:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/2/BPE2017_Urug...

[2] Instituto Nacional de Estadística (INE)

[3] Ibidem.

[4] Banco Central del Uruguay (BCU).

[5] Si bien los términos de intercambio no cambian sustancialmente, fundamentalmente porque Uruguay es importador de petróleo, la masa de valor exportada pasa a ser sustancialmente menor. El valor total de lo exportado en 2015 y 2016, según el Instituto Nacional de Estadística, es aproximadamente entre un 15 % y un 20 % inferior al valor exportado en 2013 y 2014, por tanto, si bien el equilibrio de balanza comercial se puede mantener, el descenso del conjunto de lo exportado impacta reduciendo las actividades asociadas a las exportaciones y afecta el equilibrio entre la balanza comercial y los otros componentes de la balanza de pagos.

[6] Ver índice de precios de exportación en Cámara de Industrias, 2017. Relación de términos de intercambio de bienes de Uruguay. Página 2. Disponible en http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/85372/1/informerti31.pdf

[7] Instituto Cuesta Duarte.

[8] BCU

[9] Ibidem.

[10] https://www.elobservador.com.uy/la-rotacion-los-vientos-n1152363

[11] Ibídem.

[12] La campaña No a la Baja, consistió en una fuerte movilización popular orientada a impedir que prosperara un plebiscito impulsado por el derechista Partido Colorado que buscaba bajar la edad de imputabilidad penal.