Hace algunos días, un programa dominical de la televisión peruana, nos mostró cómo un coronel retirado de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo la “Seguridad” del Congreso de la República, programaba –en sus “ratos libres”- la formación ideológica y política de centenares de jóvenes agrupados en Fuerza Popular.

La versión nos mostraba la integración de destacamentos operativos destinados a librar –como lo dijera el mismo caudillo- la “lucha callejera” en defensa de las posiciones supuestamente amagadas por los enemigos del fujimorismo. Era, por cierto, lo más parecido a los destacamentos punitivos que en distintos escenarios, han asomado en la historia. Su antecedente más remoto –quizá- fueron los tristemente célebres “fasci di combatimento” que actuaron en Italia en las primeras décadas del siglo XX, al amparo del fascismo.

Más recientemente, fue posible saber que estos escuadrones paramilitares, creados con recursos del Estado, no respondían a la creatividad de un sólo funcionario. Poseen ya una estructura mucho más sólida, compuesta por no menos de cinco ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas unidos por un solo cordón umbilical: integraron el grupo de resguardo de Alberto Fujimori durante la Década Dantesca, entre 1990 y el año 2000.

Walter Jibaja Alcalde, responsable del Área de Seguridad del Congreso de la República es el más encumbrado, por cierto. En esta nomenclatura, a él lo acompañan el Capitán de Navío Pedro Cabrera Ferreyros –quien acaba de renunciar a su puesto en el Congreso para postular por el Keikismo a la Alcaldía de La Molina- y los coroneles Luis Maldonado Gonzales, Carlos Cuadros Villa, Pedro Calvo Jara y José Toledo Valdivia, quizá el más publicitado.

Todos ellos, trabajan en lo mismo: en la preparación física y psicológica de “combatientes de calle” por la causa de Fuerza Popular, con recursos del Tesoro Público, asignados al Parlamento Nacional

Con empeño, han reclutado a varios otros efectivos de la Armada, el Ejército y la Policía Nacional para que “laboren” bajo su mando, exigiendo no propiamente lealtad, sino más bien sumisión a los designios de quienes los comandan. Poco a poco se irá revelando la estructura, funcionamiento y tareas de estos grupos de acción.

Por lo pronto, lo que está claro, es que usan recintos del Estado, oficinas públicas y recursos del erario nacional porque “se sienten” parte del Poder. Y lo son, dado que tienen el monopolio absoluto del Congreso de la República, a partir del cual accionan una política de agresión y chantaje, destinada a doblegar la precaria resistencia de sus adversarios.

Las actividades puestas sobre los hombros de estos “activistas” son múltiples: captan jóvenes, organizan “cursillos”, adoctrinan militantes, juegan un papel activo en las redes sociales, insultan y denigran a los adversarios del fujimorismo, desacreditan a políticos contestatarios; y, sobre todo, preparan huestes para “los combates callejeros que se avecinan”, según lo aseguraron sus autores.

Hay en nuestro país, por cierto, antecedentes en la tarea de formación de grupos de esta naturaleza, Para hablar de tiempos más o menos recientes, podríamos recordar la experiencia alanista que alumbró la creación del Comando Rodrigo Franco; pero más precisamente traer a la memoria al hoy desacreditado “Grupo Colina”, que hizo de las suyas en los años de Fujimori; y que bien podría haberse reencarnado en los núcleos creados por el coronel Jibaja. Después de todo, el tiempo pasa, y la vida enseña.

En todos los casos, estos grupos realizaron las mismas tareas: ejecuciones extra judiciales, privaciones ilegales de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura institucionalizada y hasta la habilitación de Centros Clandestinos de Reclusión. Precisamente en recuerdo de uno de ellos se estrenó recientemente en las salas de cine limeñas el film “La Casa Rosada”, una prisión secreta en la que se mantuvo en secuestro, y sometidos a bestiales torturas, a diversas personas en Huamanga, la martirizada capital de Ayacucho, en los años de la barbarie.

Ínfulas grandes tienen estas gentes. El coronel Jibaja, por ejemplo, alardeó ante los imberbes que lo escuchaban cuasi embelesados que ellos eran “el principal partido político del Perú”; el “Real Madrid” de la política peruana, como si César Hildebrandt no hubiera tenido el acierto –y las agallas- de considerarlo apenas como la más grande banda delictiva que opera en el país; y como si el prestigiado equipo de futbol español, fuera apenas una gavilla de maleantes.

¿Será una suerte de “ejército clandestino” el que busca construir Keiko Fujimori para imponer al país por la fuerza lo que no pudo alcanzar antes por los votos en las ánforas, o será simplemente una pantomima ideada por coroneles desocupados que quieren matar al tiempo asustando incautos? Eso, lo veremos más adelante, quizá antes que sea demasiado tarde.

Sin embargo, estas siniestras estructuras neonazis no pueden, ni deben ser subestimadas. Constituyen un peligro para todo el cuerpo social. No sólo por los crímenes que preparan, sino también por los métodos de los que se valen, para consumarlos. Si hoy en el Perú la tasa delictiva ha crecido hasta alcanzar niveles extremadamente altos; eso quedará en pequeño cuando los comandos que ahora se incuban, entren en acción plena.

La Guerra Sucia, no es una frase. Es una política concreta que se expresa en la consumación de actos de barbarie y salvajismo, en los que prima el odio, que se convierte en acicate para acciones extremadamente crueles. Eso, hay que advertirlo.

Gustavo Espinoza M.

Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera

http://nuestrabandera.lamula.pe