La dolorosa experiencia de nuestro país obliga a una constante preocupación en cuanto al respeto por parte de los gobiernos del orden legal, del Estado de Derecho, de las normas jurídicas, nacionales e internacionales.

No debe olvidarse que la materialización de la propuesta sediciosa fraguada a fines de diciembre de 1970 en esa reunión entre el presidente Richard Nixon, su ministro Henry Kissinger, Richard Helms por la CIA y Agustín Edwards por los golpistas chilenos, como está reconocido en el proceso que sustancia actualmente el poder judicial, tenía como eje esencial la ruptura de la institucional democrática del país, la vulneración de la Ley.

Y así actuaron las mayorías golpistas del Congreso y del Poder Judicial, supuestos garantes del orden jurídico. Y se abrieron de par en par las puertas para el horror que el mundo conoce y condena. De allí que, más allá de la formalidad que suelen signar sus declaraciones, resultan preocupantes algunas señales del actual gobierno que de alguna manera evocan ese pasado que marca la historia de Chile.

Mal que mal quien dirige este gobierno fue el principal orador del acto público de la derecha en las calles de Santiago en defensa de Pinochet cuando el dictador estaba preso en Londres a la espera de ser enjuiciado en España.

Se ha dicho que ese gesto de Piñera fue motivado por la gratitud hacia el régimen militar en 1982 cuando se produjo el affaire del Banco de Talca. Puede ser, conocí detalles de ese episodio por personas vinculadas al tema.

Pero tampoco hay derecho a olvidar que el actual gobierno es el de los mismos sectores económicos, políticos, sociales y comunicacionales que protagonizaron el fatídico 11 de septiembre del 73 y todas sus consecuencias.

Por eso es que nos interesa subrayar lo que dice relación con la aplicación y respeto de las normas jurídicas en materia de investigación y sanción respecto de los hechos punibles y de la responsabilidad que cabe a los autores, cómplices y encubridores de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país a partir del golpe de Estado.

Un ejemplo que explica nuestra justa preocupación es la circunstancia de que, más allá de los dichos del ministro de Justicia, lo concreto es que con el inicio de la concesión de indultos a los condenados que ya gozan de indebidos beneficios como un penal especial, el de Punta Peuco, además de multimillonarias pensiones, ha comenzado un desembozado quiebre del orden legal respecto de su perdón total.

Explico esta afirmación y empiezo por destacar que hasta la propia Constitución vigente, la que como sabemos es de origen espurio, contempla, como no podía ser de otro modo, la absoluta obligatoriedad del respeto al Derecho Internacional, expresado en los tratados, acuerdos y convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

Y sucede que no sólo la normativa nacional sino diversos instrumentos internacionales acordados y ratificados por Chile, y que son por tanto integrantes del obligatorio orden jurídico de nuestro país y nuestro Estado, disponen exigencias específicas, especiales, diferentes, para la procedencia de otorgar beneficios carcelarios cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad.

Es obvio y así lo entendió el mundo entero que, si por la magnitud de esos crímenes es la humanidad toda la que ha sido ofendida, esa humanidad tenía el derecho y el deber de establecer a través de sus representantes normas precisas, exigibles para todos los Estados. Es el caso a que nos referimos.

Pues bien, conforme al Derecho, a las leyes, al orden jurídico, no es posible, no corresponde, conceder beneficio alguno a quienes no hayan colaborado eficazmente al establecimiento de la verdad de los hechos y que, además, no hayan mostrado un real arrepentimiento por sus crímenes.

Colaboración en el proceso judicial y arrepentimiento por sus delitos. No puede haber algo más claro y más justo. Si no concurren esos requisitos, no hay nada que hacer.

Y para que se entienda nuestra preocupación, veamos lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Piñera.

No sólo está otorgando indultos categóricamente improcedentes e ilegales, sino que para hacerlo más rápido y masivo ha pedido al señor Contralor General de la Republica y éste ha accedido, a liberar por un año sus decretos de indulto del trámite obligatorio de “toma de razón” por la entidad constitucionalmente controladora de la legalidad de los actos de los órganos del Estado.

Es una burla a la legalidad, es luz verde a la impunidad de los criminales. Es deber de la ciudadanía, de la sociedad y sus instituciones, sus organizaciones, salir al paso de esta burda maniobra. El gobierno indulta y nadie le controla.

Si a eso sumamos la intromisión del tribunal constitucional que retarda con pretextos improcedentes el curso de los procesos relativos a estos crímenes a fin que no lleguen pronto al estado de sentencia definitiva y que al mismo tiempo, contradictoriamente, no se preocupa de la inconstitucionalidad de los indultos, tenemos una visión más clara de la situación que nos preocupa.

Finalmente, para despejar toda eventual duda del lector veamos un ejemplo en cuanto a la improcedencia de los indultos concedidos y de los que se avecinan como gratitud gobernante a la así llamada “familia militar”

Uno de ellos es el caso del indulto del coronel de ejército René Cardemil aquel que, a poco del golpe y en el marco de la llamada “operación Torres de San Borja”, diera la orden para fusilar por la espalda a supuestos “terroristas” que en verdad era un grupo de ciudadanos chilenos y extranjeros que vivían en departamentos de esa ubicación en donde fueron detenidos.

Algunos eran incluso políticamente de derecha. Entre los fusilados, una mujer con un embarazo de seis meses. Valiente soldado.

Consta en el proceso que Cardemil jamás cooperó para el avance de la investigación, pero además luego de su liberación sostuvo públicamente lo razonable y justa que le parecía su conducta y hacía alarde de la derrota propinada a los terroristas y de cómo él era parte de los vencedores.

¿Cómo pudo este gobierno atropellar tan burdamente la ley? Silencio en la Contraloría, silencio en el tribunal constitucional. Silencio en la Moneda.

Y vino luego el caso del indulto del coronel Jaime Ojeda, jefe del operativo de Caravana de la muerte, episodio La Serena, en donde se fusiló cobardemente - sin juicio previo y sin razón alguna - a un grupo de personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos y entre esas personas al insigne músico nacional Jorge Peña Hen.

El oficial Ojeda, otro “valiente soldado” defiende sus crímenes porque “estábamos en tiempos de guerra” y los ejecutados “eran terroristas que querían tomarse el poder por las armas”.

Y en el colmo de esa estupidez y descaro que les es tan propia agregó que el gran artista chileno, cuya efigie acaba de inaugurarse en la ciudad nortina, y que por entonces regresaba de una exitosa gira artística desde La Habana, traía en los estuches de los instrumentos de música de los niños que conformaban la orquesta sinfónica juvenil creada y dirigida por él, nada menos que “armas para los terroristas”. A punta de infamias el asesino condenado intenta justificar su conducta cobarde y criminal.

Preguntas finales. ¿Seguirá el gobierno violando la legislación nacional e internacional indultando a aquellos criminales, autores de delitos de lesa humanidad, que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley para este tipo especial de ilícitos?

Y ¿seguirá la sociedad chilena y sus instituciones observando pasiva como se vulnera el orden jurídico?

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