El atentado ocurrido en Caracas el sábado 4 de agosto, mediante el cual sectores de ultraderecha intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, pone al desnudo la doble vara con la que se manejan actores importantes en la política internacional. Esta conducta es previsible en el caso de medios y dirigentes alineados a la derecha del arco político, pero… ¿qué pasa con las figuras del progresismo y la izquierda? ¿Quiénes se posicionaron y qué dijeron en las horas posteriores al ataque? ¿Qué implicancias tiene ese tratamiento?

El presidente venezolano se encontraba en un acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En pleno discurso, las cámaras de televisión registraron que Maduro y otras personas miraron hacia arriba. Se escuchó una detonación y a los pocos segundos la seguridad presidencial lo protegió con escudos de kevlar. Se cortó la transmisión.

La noticia circuló velozmente por grupos y redes sociales. Poco después el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que se trató de un atentado fallido con drones, que el mandatario salió ileso y que siete guardias resultaron heridos. Al rato de ese mismo sábado Maduro confirmó la información y señaló las responsabilidades políticas apuntando a la participación del gobierno de Colombia en el hecho.

“Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo dudas que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana”, dijo.

Ya en esas horas estaban en movimiento las usinas de rumores y operaciones psicológicas que caben al contexto de guerra de amplio espectro. Que no fue un dron, sino una bombona de gas. Que la seguridad presidencial no se activó. Que fue un autoatentado. Y un largo etcétera.

A las pocas horas aparecieron imágenes del momento en que explota en el aire uno de los drones. Los grupos clandestinos conocidos como Movimiento Nacional Soldados de Franela (@SoldadoDFranela) y Resistencia Venezolana (@ResistenciaVeOf) se adjudicaron el hecho. Ambas formaciones son parte de los grupos paramilitares vinculados al ataque desde un helicóptero contra el Tribunal Supremo de Justicia ocurrido en junio de 2017 y a los ataques contra el Fuerte Paramacay, en agosto de 2017. Estos fueron liderados por Oscar Pérez, quien resultó muerto en combate contra las fuerzas de seguridad en enero de este año.

Desde Miami, la periodista y activista Patricia Poleo leyó un comunicado donde reivindicó la llamada “Operación Fénix”. Poleo está prófuga de la justicia venezolana, acusada de participar en el atentado terrorista que asesinó en 2004 al fiscal Danilo Anderson, quien investigaba a los responsables del golpe de Estado contra Hugo Chávez de abril de 2002. De modo que antes de terminar la jornada del sábado ya aparecieron importantes elementos para afirmar que el hecho existió y fue impulsado por grupos de ultraderecha.

Voces, justificaciones y silencios notables

Un atentado contra un presidente, sin dudas, es un hecho que conmociona a la opinión pública. Lo normal, ante un acto de estas características, sería una condena unánime. Nadie imagina que un atentado con explosivos contra un jefe de Estado pudiera encontrar apoyos explícitos o implícitos por parte de medios o figuras políticas, del signo que sean. Tampoco que la reacción fuera el silencio, como si se tratara de un episodio naturalizado.

Algunos líderes políticos, como Evo Morales, Rafael Correa y Miguel Díaz Canel, de inmediato expresaron la solidaridad y contextualizaron el ataque. De igual forma se posicionaron los Movimientos hacia el ALBA y otras organizaciones.

Aunque con mayor tibieza, otros líderes progresistas o de izquierda también manifestaron preocupación. Este es el caso, por ejemplo, del ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien un día después expresó desde su cuenta en Twitter: “En Colombia y en Venezuela insisten en que el camino para solucionar los conflictos es la violencia y la muerte. Yo creo que es la democracia y la Paz”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, evitó referirse al tema, a pesar de que, en relación a los atentados de Cambrils y Barcelona, señaló que “contra el terrorismo y en la solidaridad con las víctimas no hay fisura posible”. El domingo 5 su gobierno había emitido un comunicado donde no se mencionó directamente el atentado: “En relación con los hechos violentos sucedidos ayer en Caracas, reiteramos firme condena a utilización de cualquier tipo de violencia con fines políticos y deseamos pronta recuperación a heridos”, para agregar en otro tuit: “Crisis #Venezuela demanda salida pacífica, democrática y negociada entre venezolanos, en marco del Estado de Derecho. El retorno a institucionalidad democrática, respeto a ddhh, liberación de presos políticos y atención a necesidades de población deben ser elementos fundamentales”.

Frente a esta ¿expresión de solidaridad? uno de los referentes de Podemos, Juan Carlos Monedero, consideró que “el comunicado del gobierno de España sobre el atentado contra el Presidente de Venezuela es un insulto. No son unos hechos violentos entre dos bandos: es el intento de asesinato de un Presidente. Qué triste. Ante el terrorismo ¿ahora repartís culpas?”. Otros líderes de Podemos se mantuvieron en silencio.

En el caso de figuras alineadas a la derecha del arco político la reacción osciló entre la estigmatización del denunciante y el apoyo apenas velado al ataque. Álvaro Uribe Vélez, quien ya no disimula su lobby para que EE.UU. intervenga en Venezuela, tuiteó: “Soldados de Venezuela en mora de remover a Maduro y su régimen, y que haya elecciones transparentes. Un nuevo Gbno democrático para que frene la profundización de la crisis humanitaria y evite el terrorismo y el riesgo de más violencia”. El presidente electo Iván Duque, directamente ni se refirió al tema, al igual que otros gobiernos como el de Macri en Argentina.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, usó al etiqueta #OEAconVzla para difundir declaraciones curiosas: “La nula credibilidad del régimen de Maduro impide saber la verdad de lo ocurrido. En cualquier caso, reiteramos: la Secretaría General de la @OEA_Oficial siempre condenará el uso de la violencia como herramienta política”. Sin embargo, en febrero se reunió con Gustavo Lainette, presidente del Movimiento Resistencia Venezolana. Esta misma organización, ya en ese momento se adjudicaba y reivindicaba los ataques terroristas realizados durante 2017 por los grupos paramilitares.

“Hermano Óscar Pérez hoy se cumple exactamente un mes de tu asesinato y de los guerreros que estaban contigo, tal como te lo prometimos, hoy entregamos el documento que redactamos juntos al Sec General de la OEA, @Almagro_OEA2015, quien se mostró receptivo ante los hechos”, expresó Lainette, mostrándose en una foto con quien fuera el canciller de Pepe Mujica durante su pasado progresista.

Desde hace tiempo Almagro es parte de la vanguardia política diplomática dirigida a justificar una intervención violenta en Venezuela. Uno de las figuras clave en esta cruzada es el senador republicano Marco Rubio, quien el 20 de mayo, luego de la reelección de Maduro, tuiteó: “Para #Venezuela hoy comienza una nueva etapa. Por años el régimen de #Maduro ha utilizado la promesa de elecciónes (sic) para dividir y confundir. Ahora ya no queda duda que no hay una salida electoral mientras que el régimen este en el poder”.

Esta es apenas una muestra de un entramado muy visible que opera para presentar como inevitable un grado mayor de injerencia.

En este contexto, resultan notables los silencios registrados en el caso de Argentina y Brasil. En el primer caso, ni Cristina Fernández ni su fuerza política, Unidad Ciudadana, hicieron algún comentario sobre el hecho. De igual forma sucedió en Brasil con Lula y el PT. Lo cual no deja de ser paradójico, en la medida en que está fuera de duda la capacidad de estos dirigentes para leer los movimientos en el escenario continental, cada vez más claros. ¿Qué viene después de un intento de magnicidio, si esto no llama a la condena de todo el arco político?

@fvicenteprieto

https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/08/06/disparen-contra-venezuela-doble-vara/