En materia de derechos humanos, Chile vive desde hace más de veinte años un aumento de movilizaciones de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos a la tierra, a los recursos naturales y al reconocimiento de parte del Estado.

El pueblo Mapuche se enfrenta directamente con los proyectos de inversiones de las sociedades transnacionales en los sectores hidroeléctricos y de la industria forestal.

Durante el 39° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos autóctonos, Victoria Tauli-Corpuz, ha presentado un estudio temático sobre las agresiones contra los activistas indígenas.

Ella concluye en su informe que: «los proyectos de desarrollo en gran escala son los principales factores que impulsan la intensificación de los ataques y la criminalización respecto de los pueblos indígenas. Ha de cesar la frecuente ejecución de dichos proyectos sin la celebración de una auténtica consulta ni la adopción de medidas para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados.»

El CETIM, en colaboración con el Comité Ético Contra la Tortura y el Colectivo Nuevas Generaciones Chile, ha presentado una declaración escrita sobre el fenómeno de la criminalización de las luchas reivindicativas del pueblo Mapuche en Chile.

De hecho, «la constante negativa de parte de las empresas forestales y del Estado a las demandas legítimas del pueblo Mapuche tiene como consecuencia la depredación de espacios territoriales asociados al hábitat necesarios a la reproducción de la cultura Mapuche, la explotación indiscriminada de los recursos en tierra y agua y una política de criminalización con procesos concretos de montajes hacia organizaciones y liderazgos con el objeto de desarticular el movimiento Mapuche.» 

La declaración menciona además que el gobierno chileno utiliza una ley antiterrorista, herencia de la dictadura militar, para reprimir a los dirigentes Mapuche y criminalizar las demandas legítimas de su pueblo. El Consejo de derechos humanos fue informado que en septiembre del 2017 se utilizó la ley antiterrorista para acusar al portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, con un montaje de falsas pruebas de la parte de los servicios de inteligencia sobre un presunto tráfico de armas entre Chile y Argentina.

Héctor Llaitul habría tenido que estar en Ginebra para presentar su caso ante el Consejo de derechos humanos, acreditado por el CETIM e invitado por el Colectivo Nuevas Generaciones Chile, y reunirse con la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su solicitud de pasaporte del 30 de julio de 2018 no ha sido aún tramitada, su derecho constitucional de libre tránsito no fue respetado. Esta situación fue denunciada en la intervención del CETIM el miércoles 19 de septiembre, durante el debate interactivo con la Relatora especial.

El día mismo, en la mañana, el CETIM intervino acerca del debate sobre la inclusión de los pueblos autóctonos a la Agenda 2030 por el desarrollo durable. Hemos manifestado nuestra inquietud de que «el Estado chileno podría retirarse del Convenio 169 (de la OIT), decisión que representaría una regresión de los derechos de los pueblos indígenas en Chile y en América latina. »

La criminalización de las demandas legítimas de los pueblos indígenas, en un contexto de lucha contra los proyectos de las sociedades transnacionales, es una problemática mundial que compromete la responsabilidad de los Estados. Chile no es una excepción en este fenómeno preocupante de agresión contra el pueblo Mapuche. La solución pasa necesariamente por la búsqueda de caminos políticos que impliquen todos los actores del conflicto, incluso los sectores injustamente estigmatizados.

El CETIM, el Comité de Ética contra la Tortura y el Colectivo Nuevas Generaciones Chile piden el gobierno chileno a asegurar la protección de los dirigentes indígenas, en conformidad con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.