Apenas dos días después del golpe del 23 de enero, una de las más conocidas agencias calificadoras de riesgo país, Standard & Poor, ha publicado en un informe las posibles medidas económicas que tomará el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó (1).

Como se esperaba, después de este golpe de Estado (en proceso), unas de las primeras medidas es la modificación de la Ley de Hidrocarburos, para que permita un mayor control extranjero del sector petrolero.

Al unísono, el economista venezolano Francisco Rodríguez, recomienda, a través de su red social, qué debe hacer el “presidente provisional”, para tomar control de la empresa CITGO, propiedad del Estado venezolano. Rodríguez señala “El nuevo gobierno debe proceder a comunicarle a los tribunales norteamericanos el nombramiento de nuevos representantes legales para defender los intereses de la nación y proteger los activos del saqueo que con seguridad intentaran hacer los representantes de Nicolás Maduro” (2). 

Luego, antes de cerrar la semana, el ingeniero venezolano Ricardo Hausman, escribe en su cuenta Twitter: “President Guaidó has an economic plan to start the recovery of Venezuela (…)” (3). Es decir, Hausman anuncia que Guaidó cuenta con un plan económico para iniciar la recuperación de Venezuela. El profesor de Harvard, a principios del 2018 ya había adelantado el escenario que ahora se está ejecutando.

 En ese momento, escribió un artículo donde justificaba una intervención militar y una operación de rescate (económico) por parte de Estados Unidos y algunos los países latinoamericanos (4). Es impresionante como un año antes, detalló parte del guión estadounidense que ahora están leyendo (e interpretando) Bolton y Guaidó.

No es muy difícil imaginar quiénes participaron en la elaboración de este paquete económico, y probablemente la respuesta llevará a algunos personajes que también participaron entusiasmadamente en la elaboración del plan económico que el golpista Pedro Carmona Estanga tenía a su disposición en abril de 2002.

Los golpes de Estado de derecha, como se demostró en Chile en 1973, necesitan de un “ladrillo” (así se le llamó en ese momento al programa económico de Pinochet) elaborado por equipos de economistas,  donde deben destacar los nacidos en el país donde Estados Unidos ha planificado el golpe. En este caso, es altamente probable que entre estos autores del Plan Económico del golpista Carmona (11 de abril de 2002), estuvo uno de los amigos y pupilo de Ricardo Hausman, el economista Francisco Rodríguez.

Como demostración de la alineación de estos voceros con la estrategia imperialista, el gobierno estadounidense anunció el secuestro de activos externos de PDVSA y la asignación de las cuentas bancarias a favor del usurpador Guaidó.  Se confiscaron ilegalmente más de 7 mil millones de dólares en activos de PDVSA y unos 12.000 millones de dólares en exportación de crudo. A cambio, Mike Pompeo anunció que le darán a Guiadó 20 millones de dólares destinado supuestamente a la ayuda humanitaria.

De seguro, el plan de Hausman estaba coordinado con el plan imperial, ya que éste declaró en agosto de 2018 que el rescate de la economía venezolana debe contemplar un financiamiento por unos 80 mil millones de dólares para los siguientes dos años, unos 20 mil millones en donaciones de los multilaterales (Banco Mundial, ONU, Banco Interamericano de Desarrollo) y unos 60 mil millones por parte del Fondo Monetario Internacional (5).

 La intervención militar y la deuda externa son dos mecanismos de invasión y consolidación del dominio imperialista, ambos mortíferos para los pueblos donde avanzan.

El petróleo como objeto de la confrontación

La política petrolera chavista, plasmada en la Ley de Hidrocarburos fue una de las principales, y más importantes, reformas nacionalistas y desarrollistas que se produjeron durante la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez. Era la principal y la más fundamental, porque enfrentaba frontalmente el núcleo del patrón de acumulación del capitalismo dependiente venezolano: la captura y la distribución de la cuantiosa renta petrolera.

A pocos meses del primer gobierno de Hugo Chávez, los sectores conservadores, reaccionaron frente a esta osadía del proceso bolivariano. Igual actitud asumieron las clases sociales que dependían del latifundio frente a la Ley de Tierras (otra de las reformas medulares).

Los intentos para derrocar a Chávez, estaban motivados por las pasiones desatadas en los principales afectados: los capitalistas nacionales (o locales) y el capital trasnacional y sus Estados imperialistas. No se puede analizar la trama política que acompaña el avance del chavismo, sin considerar la particular lucha de clases que caracteriza esta economía capitalista dependiente y petrolera.

Alí Rodríguez Araque siempre precisaba que la contradicción principal entre capital-trabajo, en nuestro caso y en nuestra época, estaba influenciada por la contradicción capital-tierra (recursos naturales) para destacar, de esta forma, la particularidad de nuestro capitalismo dependiente, cuya acumulación capitalista tiene una gran influencia de la renta petrolera.

Una de las vías para generar un proceso de distribución social de la renta entre los sectores populares y los sectores productivos nacionales, tenía como premisa principal el control de la fuente de generación y captura de la renta, vale decir: el control de la empresa petrolera estatal PDVSA. 

A principios del gobierno de Chávez, la empresa petrolera estatal era resultado de una nacionalización que devino en la existencia de una Estado dentro del Estado, dado que PDVSA asumió la figura de una “corporación mundial” (definida así por su gerencia), donde ésta se convirtió en una casta sociopolítica alineada con los intereses del capital transnacional y con la política energética de los Estados imperialistas.

Era, por tanto, comprensible la participación de la alta gerencia corporativizada de aquella PDVSA, en la estrategia insurreccional de la derecha y en el golpe de Estado contra el gobierno nacionalista-popular de Hugo Chávez (elegido bajo las reglas electorales de la democracia burguesa). Dicha acción terminó en una derrota desastrosa para los promotores del llamado “paro” petrolero. 

En conclusión: la toma de la colina del poder fáctico concentrado en PDVSA, por parte del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, se logró en 2003, la acción insurreccional que implicó el sabotaje de la industria petrolera se encontró con una correlación de fuerzas altamente favorable al chavismo, con una intensa movilización popular y una depuración de los mandos militares.

El nacionalismo promovido por Chávez, la unidad cívico-militar y el alto nivel de conciencia de los sectores populares, doblegaron la estrategia de una élite cuya cultura despreciaba al pueblo trabajador.

Más de una vez, la estrategia de la derecha opositora (obedeciendo instrucciones directas del Norte) ha sido, en la práctica, una de las mejores aliadas del avance del chavismo. El gobierno de Chávez se apoderó del control del Estado paralelo y autónomo que se había instaurado en PDVSA desde su nacionalización, y de esta forma pudo emprender un proceso de distribución de la renta petrolera entre sectores sociales desfavorecidos e intentar financiar el desarrollo de un modelo económico que presentaba como alternativo. 

 Buitres y tiburones

La discusión sobre el posterior uso adecuado de ese excedente petrolero bajo control del gobierno y la fuga del mismo a cuentas del exterior, es un debate que está pendiente en la hoja de balance de la historia de los gobiernos chavistas.

Sin embargo, en esta oportunidad, lo que interesa resaltar son los actores que están detrás del botín que se está subastando, en este momento, entre las potencias imperiales. Ese botín es la República Bolivariana de Venezuela, no sólo sus recursos naturales sino también su institucionalidad política, es decir su existencia como nación soberana e independiente.

En esta piñata, el rol de los representantes del capital financiero es definitivo, aunque este protagonismo no se haga tan evidente. Por supuesto, otros componentes del capital transnacional coparticipan en este saqueo imperial, por ejemplo los carteles energéticos y el complejo industrial militar estadounidense y europeo.

El capital financiero lo podemos clasificar en capital financiero trasnacional y capital financiero local (nacional)

La calificadora Standard & Poor (S&P), por más de 23 años ha mantenido una calificación de riesgo-país absolutamente sesgada (desfavorable) políticamente. Desde que se inició el Gobierno de Chávez, para los analistas financieros y para la opaca metodología de evaluación de riesgo país de la calificadora, el objetivo real era descalificar políticamente una experiencia que iba contra los intereses del capital mundial.

Al mismo tiempo, dichas calificadoras se aprovechaban de la información que obtenían de las estadísticas oficiales, para usarla en la especulación financiera. Por supuesto, detrás de S&P y otras calificadoras de riesgo, están los grandes bancos de inversión, representantes de ese capital financiero mundial que ha dominando, desde mediados de la década de 1970, la lógica de acumulación planetaria.

Francisco Rodríguez, hasta no hace mucho representante del Bank of America en América Latina, y Ricardo Hausman son rostros intelectuales de los intereses del capital  financiero internacional y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) cuyo principales exponentes son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En territorio nacional, la banca local ha sido la custodia final y secuestradora de esta renta petrolera, permitiendo su trasvase masivo al exterior.  Los grupos financieros nacionales, como Banesco y Banco Occidental de Descuento (BOD), y los trasnacionales como el BBVA, tuvieron una expansión exponencial sobre la base de la administración y concentración de la renta petrolera, facilitando su fuga al exterior.

Banesco llegó a superar a gigantes bancarios en España para adquirir bancos en ese territorio periférico de la Unión Europea, mientras que el BOD se focalizó en consolidar un monopolio bancario al mismo tiempo que fortalecía su influencia en las grandes decisiones financieras del gobierno, especialmente en la política cambiaria donde orientó sus esfuerzos en el desmonte del control cambiario.

El SITME ayer y hoy el Interbanex, son dos propuestas cambiarias que no salieron de las instituciones gubernamentales responsables de las políticas financieras y monetarias, sino de los núcleos de asesoría de la banca privada. Ya los banqueros no necesitaban estar en la presidencia del Banco Central ni en el Ministerio de Hacienda (hoy Finanzas) como lo hicieron en la IV República.

Con el poder que concentraron secuestrando la economía venezolana, aunado a la vocación negociante de algunos altos funcionarios gubernamentales y a la mediocridad en el manejo de la política económica, pudieron y pueden influenciar la política económica.

El gobierno chavista logra control sobre la administración de la renta petrolera en su captura y distribución primaria (PDVSA y el control cambiario), pero no establece mecanismos para evitar la fuga masiva de la misma al exterior y su uso eficiente en la transformación estructural. El gobierno tiene la vaca pero gran parte  la leche termina en manos de la burguesía local que la utiliza para la exportarla hacia el sistema financiero internacional.

La fuga de capitales y el desmontaje del control cambiario (altamente ineficiente y corrupto), logró que el Estado venezolano perdiera control sobre el destino final de la renta petrolera y permitió al capital financiero nacional e internacional determinar su política cambiaria, al grado de establecer el tipo de cambio.

Al mismo tiempo, el capital financiero internacional, fue adecuando su estrategia de captura de la economía venezolana: los marchantes de la banca internacional, lograron venderle a PDVSA (comandada por Rafael Ramírez), al Ministerio de Finanzas y al Banco Central un instrumento financiero que, en sus diversas variantes, consistió en la emisión de bonos denominados en dólares y que podía ser adquiridos en bolívares.

Este instrumento y la descontrolada emisión de pagarés para financiar la caja de PDVSA, terminaron siendo una de las sogas (sino la principal) que logró amarrar el cuello de la “revolución bonita”. Este mecanismo se convirtió en un eficiente viaducto que permite una veloz y cuantiosa fuga de capitales protagonizada principalmente por los Amos del Valle contemporáneos (el poder fáctico concentrado en Caracas). No es el único mecanismo de fuga, pero sí el más legitimado y descarado.

El golpe de Estado que está en proceso, es la coronación de una estrategia que cierra con el reparto del botín de los activos de PVDSA y demás riquezas del Estado Nacional. El éxito de la implantación del gobierno de transición y la imposición de un gobierno aliado, permitirá la aplicación de un programa económico que implicará un endeudamiento masivo. La deuda externa generada por un probable gobierno de derecha, se encargará de blindar las cadenas de dependencia y control de los recursos naturales.

No sólo el petróleo y los demás recursos naturales son la causa de la injerencia imperialista

Por otro lado, repetir que “lo que está detrás del golpe es sólo el petróleo” (y otras riquezas naturales) no solo  puede ser una obviedad sino una terrible omisión. No se debe reducir el análisis del caso venezolano y el actual encono intervencionista del imperialismo estadounidense y europeo, a la necesidad geoestratégica de controlar los yacimientos petrolíferos.

Es importante reconocer que, la batalla que se libra en Venezuela es también una confrontación y contención de paradigmas que iban contracorriente con el status quo impuesto por el sistema de dominación del capital mundial. La batalla que se libra actualmente en Venezuela es también una confrontación geopolítica de carácter mundial.

Venezuela (gracias a la particular capacidad de Chávez de tejer alianzas internacionales) es un territorio de la nueva guerra fría. Lo que suceda en Venezuela no sólo pasa por Washington, sino pasa por Beijín y por Moscú.

Este análisis, que toca sólo uno de los factores estructurales de la economía venezolana, pretendió trascender los análisis macroeconómicos positivistas y neoclásicos que predominan tanto en las fuerzas de proimperialistas como en las fuerzas que se aglutinan en el polo izquierdo del espectro político venezolano (6), que se quedan en la superficie, acusando unos al gobierno y otros al bloqueo económico.

Omiten tanto el protagonismo de los actores, clases o poderes fácticos que determinan tendencias en la fragua de la lucha de clases, como a las características estructurales del capitalismo venezolano. No debe ser un análisis que se acota al diagnóstico, sino que debe permitir proporcionar pistas para la construcción de una estrategia de política económica transformadora.

Dentro de estas pistas o temas podemos resaltar el peso de la deuda externa, el control de capitales, el control de cambio, el disciplinamiento de la banca privada (¿regulación o estatización/nacionalización?), la necesidad de retomar la política petrolera original (no la que se desvió bajo la gestión de Rafael Ramírez). Al mismo tiempo, asumir una estabilización inflacionaria no regresiva ni recesiva.

Elementos que analizaremos más adelante y que deben ser parte de la agenda de las fuerzas del cambio radical.

Notas

[1] Ver, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/012419-guaido-plans-citgo-leadership-shakeup-new-venezuela-hydrocarbons-law-sources

[2] Ver, https://twitter.com/frrodriguezc/status/1088145585457250305?s=03

[3] Ver,  https://twitter.com/ricardo_hausman/status/1088869505072332801?s=20

[4] https://www.project-syndicate.org/commentary/venezuela-catastrophe-military-intervention-by-ricardo-hausmann-2018-01/spanish?barrier=accesspaylog

[5] https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/necesitan-montos-record-eventual-plan-rescate-venezuela.html

[6] Es tan interesante (como desesperante) observar a voceros de los factores que conviven en el chavismo cómo se han visto embriagados por las concepciones y paradigmas económicos hasta ahora defendidos por la derecha. Es así como vemos que defender la liberación/flexibilización cambiaria, criticar la “emisión inorgánica de dinero” (además atribuirle como principal causa de la inflación), proponerse la meta del “déficit cero”, utilizar una política monetaria bipolar con inclinación a ahogar el crédito a través de la contracción, flexibilizar las condiciones a la inversión privada…se han convertido en la referencia frecuente tanto en autoridades económicas gubernamentales como ex-ministros.

Simón Andrés Zúñiga

Economista venezolano, integrante de la Sociedad de Economía Política Crítica (SER). Distribuido por el Centro latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)