Deforestación y fumigaciones ilegales, principales delitos ambientales a nivel país

El agronegocio ocupa actualmente más de cinco millones de hectáreas a nivel país, en los últimos quince años su presencia ha crecido en un 118%, llegando a ocupar casi la totalidad de algunos Departamentos. El crecimiento del agronegocio se ha dado en medio de constantes violaciones a la normativa ambiental por parte de los impulsores del modelo.

Victoria Peralta, Ingeniera Ecóloga y Coordinadora de la Alianza por el Cumplimiento local de las Leyes Ambientales, señala que según se puede constatar en las visitas a diferentes comunidades campesinas los casos de violación a las normativas ambientales, por parte de productores de soja transgénica y de otros rubros del agronegocio, son constantes. En ese sentido mencionó que según un estudio sobre Problemáticas Ambientales, elaborado en 15 distritos de la Región Oriental, las pérdidas de masas boscosas son alarmantes, ya que en los últimos 15 años se han perdido cerca del 40% de los bosques de dichos distritos, sumando más de 100 mil hectáreas de bosques perdidos.

“Se evidencia la expansión sistemática de las áreas productivas primarias, unidades agropecuarias, en detrimento de las masas boscosas, con la consecuente disminución de la cobertura vegetal” señala parte del estudio elaborado por el Ingeniero Carlos Mora. El mismo estudio señala que la expansión de la agricultura extensiva se dio sin un enfoque conservacionista y sin consideración de las normativas vigentes, lo que constituye uno de los factores principales para una profunda transformación territorial; cuya mutación, en muchos casos, se han dato en contravención a lo dispuesto por las leyes ambientales.

Barreras vivas y franjas de protección

Otro de los delitos ambientales vinculados al avance del agronegocio es la fumigación con agrotóxicos en lugares donde no existen barreras vivas ni franjas de protección tal como establece la legislación ambiental. Días atrás Ruth Tiffer Sotomayor, especialista ambiental sénior del Banco Mundial, señaló que esta situación es alarmante y que ella misma pudo constatar el hecho en su recorrido por diversos puntos del país.

La La Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” establece franjas de protección de entre 100 y 200 metros entre el área de aplicación de agrotóxicos y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia pública; la misma medida de protección se establece respecto a todos los cursos de agua. Sin embargo el estudio mencionado constató que estas barreras protectoras prácticamente no existen “las barreras de protección al costado de los caminos, en general, permanecen ausentes en la práctica; similar al caso de las franjas de protección obligatoria a orillas de los cursos de agua” agregando que el incumplimiento de estas normas pone en riesgo la salud de las personas que habitan en esos lugares y aumenta el riesgo de que los cursos de agua puedan contaminarse con agrotóxicos.

Según la Ingeniera Victoria Peralta estas violaciones a las normas ambientales tienen una clara repercusión en el deterioro del medio ambiente y en la salud de las comunidades campesinas. Además señala también que la violación de las leyes se da debido a que los empresarios del agronegocio son personas muy poderosas y muchas veces las autoridades no tienen fuerza para aplicar la ley, por eso instó a la ciudadanía a organizarse para reclamar sus derechos y pidió a las autoridades conocer mejor las leyes ambientales para hacerlas respetar.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)