Decir que los intereses de Germán Larrea –el segundo hombre más rico de México, según Wikipedia, y el 98 del planeta según Forbes- provocan muertos, heridos, intoxicados, ecocidios, agitaciones sociales, represiones policiacas, así como encarcelamientos y crisis de gobierno, puede parecer exagerado o demonizante, pero es la mera verdad.

México padece en carne propia los estragos que dejan las actividades emprendedoras del Grupo México: los 65 muertos de Pasta de Conchos (2006), que aún reclaman justicia y un digno entierro; el derrame de 40mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora (2014) –el peor desastre ambiental en la historia de México, según la misma Semarnat- que afectó a más de 20mil personas; y el último “contratiempo” de la serie, el pasado 9 de julio: 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, el celebrado santuario reproductivo de las ballenas grises. Y estas son solo las puntitas de un iceberg transnacional, definido como “la empresa minera más grande de México y la tercera productora de cobre del mundo”. Una presentación que, sin duda, obliga al respeto.

De los trece proyectos de exploración minera que el Grupo México está realizando declaradamente en Estados Unidos, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, el caso peruano es de explosiva actualidad, al punto de hacer temblar el entero tablero político. El proyecto Tía María, que -según el sito de la Southern Peru Copper Corporation (SPCC), un avatar local del Grupo México- empezó en 1994, consiste en la extracción de más de 650 millones de toneladas de cobre de dos minas, Tía María y La Tapada, ubicadas a muy breve distancia del valle del Tambo.

En las declaraciones de la propia minera, una inversión de 1400 millones de dólares generaría 3500 puestos de trabajo y beneficiaría con 80 millones de dólares anuales la región de Arequipa por concepto de canon minero. Cifras felices, como se ve, que no dan cuenta de la tenaz oposición de las poblaciones locales al proyecto, porque el valle del Tambo hospeda una agricultura de alta calidad y rendimiento, además de ser uno de los mayores atractivos turísticos del sud del Perú, junto a la región del lago Titicaca y al Valle Sagrado de los Incas.

Las protestas populares contra un proyecto de minería a tajo abierto para la recuperación del cobre mediante lixiviación han empezado en 2003 y han tocado un punto álgido en 2011, en ocasión de la presentación del primer estudio de impacto ambiental, y luego en 2015, dejando siete muertos y decenas de heridos y encarcelados.

La defensa de las aguas del valle, ya sean fluviales o subterráneas, ha sido tan férrea por parte de los agricultores que la SPCC ha hecho marcha atrás en este tema, declarando que utilizaría agua de mar tratada en plantas desalinizadoras.

Mientras el primer estudio de impacto ambiental (EIA) se ganó 138 observaciones de la UNOPS (Oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), el segundo estudio, presentado en agosto de 2014, fue aprobado por la Secretaría de Energía y Minas sin que se hubieran levantado todas las observaciones de la UNOPS y, sobre todo, sin aclarar si las actuales actividades económicas del valle del Tambo –agricultura, ganadería y pesca- pueden convivir con la minería.

Aterrizando en la actualidad, el caso de Tía María se ha vuelto emblemático y central en un país que, según el defensor del pueblo, cuenta con 180 conflictos socioambientales hirviendo, la mayoría por actividades extractivas.

El pasado 9 de julio, el otorgamiento de la licencia de construcción a la mina por parte del gobierno prendió la mecha de la revuelta, apoyada por las autoridades locales y regionales. Desde entonces, en el último mes, los pobladores del valle del Tambo han efectuado un paro, declarándolo indefinido, varios bloques de las vías de comunicación y se han enfrentado a unas fuerzas policíacas muy agresivas, con el resultado de muchos heridos y presos. Pero han logrado revertir lo que parecía perdido: el 9 de agosto el Consejo de Minería ha suspendido la licencia de construcción otorgada a la Southern Copper Perú para la ejecución del proyecto Tía María.

La historia, sin embargo, no acaba acá. Como en todas las fábulas extractivistas, la mina no deja la presa y demanda al gobierno por incumplimiento y porque, según ellos, ya han invertido un dineral. (Insuperable, la capacidad de las mineras de pintarse como blancas palomas y tachar de “ecoterroristas” todos los opositores. En el caso específico, la SPCC ha activado un plan de “relacionamiento social” llamado Valle Unido, que prevé programas de salud, educación, agricultura y ganadería. Mientras, han denunciado penalmente el gobernador regional, Elmer Cáceres, por “dirigir las revueltas sociales del valle del Tambo”.)

En todo esto, el gobierno de Martín Vizcarra, que ha lanzado la audaz propuesta de anticipar de un año las elecciones generales para salir de la parálisis política, tiembla bajo los golpes de la oposición que usa como ariete el caso Tía María. Mas, para el Grupo México, provocar la caída de un gobierno ha de ser solo un nimio efecto colateral.